Oaxaca aprueba ley para que deudores alimentarios no ocupen cargos públicos

El Congreso de Oaxaca aprobó un paquete de reformas a la Constitución Política Local y a diversas leyes estatales para que las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no puedan acceder a cargos públicos.

El instrumento jurídico establece como requisito para fungir como servidor público, no ser deudor alimentario moroso, salvo que se acredite estar al corriente con el pago, cancele la deuda, o bien, se tramite el descuento correspondiente.

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La nueva legislación expone que esta limitante sea vinculante para las y los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, integrantes del Poder Judicial del Estado -jueces, secretarios y magistrados-, así como las personas titulares e integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos.

Además se considera que este requisito es exigible para las personas que deseen postularse como diputados y diputadas locales. También, para que sea extensiva a las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado. Se prevé que la presente modificación, sea vinculante únicamente a partir de las oficinas y todos los niveles burocráticos superiores.

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El gobernador Salomón Jara Cruz celebró la aprobación de la reforma "para que ningún deudor alimentario o violentador por razones de género puedan acceder a cargos públicos. En Oaxaca, garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres es nuestro compromiso".

Jara Cruz dijo que la administración pública estatal busca que las personas integrantes del servicio público cumplan con su responsabilidad y se garantice el derecho a los alimentos a niñas, niños y adolescentes.

Fue en 2021 cuando el Congreso local aprobó una reforma al Código Civil para la creación y publicación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

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En consecuencia, se hizo público el registro de deudores alimentarios por el incumplimiento del pago de pensión alimenticia; el cual también es requisito para acceder al matrimonio, celebrar contratos públicos como proveedor del Estado y créditos financieros.

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