Difícil es templar en el poder a los
que por ambición simularon ser honrados.
Salustio
La casi inevitable eliminación de los fideicomisos operados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado una gran diversidad de opiniones y de posturas, desde lo económico, lo político, hasta las posibles alteraciones que se darían en el contexto de la sociedad; justamente, en cuanto se habla de dinero, se presupone, sería como el aspecto más importante de las discusiones, que sirven de base para las causalidades y controversias de lo que vendrá. Luego entonces, en una primera instancia habrá de acudirse a las disminuciones presupuestarias para la institución de procuración de justicia.
Bajo el argumento de que habría graves afectaciones en las actividades inherentes a las funciones por falta de dinero, al parecer las reducciones no se consideran para el gasto corriente, considerando los pagos de los trabajadores, sin embargo, las objeciones se traducen a un listado que se refiere a otro tipo de “prestaciones” para los magistrados, jueces y mandos de alto nivel; la defensa a ultranza de los fideicomisos, entre otros, de la clase política -partidos- a los que pertenecen algunos magistrados, también lo hace el Instituto de la Defensoría Pública, al señalar que se pone en riesgo la operación de la PJF, por ello apoya la movilización de los trabajadores.
De igual manera el Instituto Mexicano para la Competitividad, después de haber analizado el dictamen de los diputados, señala que afecta la división de poderes y la independencia del Poder Judicial de la Federación; además, se hace referencia de que para fortalecer la transparencia y la gestión del usos de recursos públicos no requiere de la extinción de los fideicomisos públicos, la capacidad de autodeterminación interna es un elemento clave para el ejercicio de la autonomía presupuestal con la que cuenta el Poder Judicial.
Estas declaraciones hacen evidente que existe una estrecha relación entre los que se supone serán afectados y quienes expresan su postura defensiva, sin embargo, es importante destacar que, hasta el momento, no se ha hecho referencia a quitarles la capacidad de autodeterminación, como tampoco la autonomía presupuestaria, es decir, únicamente se refiere a la eliminación de fideicomisos que operan cantidades multimillonarias.
Desafortunadamente para quienes se oponen a quitar los privilegios económicos que suponen los fideicomisos, al parecer no han considerado con objetividad cuáles son los que arbitrariamente defienden, por ejemplo, los que se refieren a las pensiones complementarias y los de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos, así como el de prestaciones médicas complementarias, cuya suma para tan solo estos tres rubros supera los 5 mil millones de pesos.
Por supuesto esto ya es un exceso que agrede la sensibilidad de la gran mayoría de mexicanos, considerando especialmente a quienes ya están en el catálogo de los pensionados, pues hay quienes apenas alcanzan los cinco mil pesos mensuales, los que, por obviedad, apenas les alcanza para sobrevivir; ni qué decir de las cantidades estratosféricas que perciben los magistrados de la Suprema Corte, rebasando los 500 mil pesos mensuales, en una temeraria comparación, por sus diferencias, quien apenas gana el salario mínimo, mensualmente tiene un ingreso de 5,255 pesos, y trabajar diez años aproximadamente para acumular lo que gana un magistrado al mes.
En el mismo tenor, existe otro fideicomiso etiquetado para otorgarle a los funcionarios de primerísimo nivel, magistrados y jueces, otro apoyo complementario para servicios de salud, esto quiere decir que cuando sea “necesario” tendrán la posibilidad de ser atendidos por médicos especialistas, todo con cargo al erario. También se consideran otros apoyos extraordinarios para servidores públicos, y para la vivienda en caso de ser removido de lugar de trabajo. Evidentemente son cantidades que les llevan hasta los lujos y al despilfarro.
Con todo lo anterior, no se puede evitar la crítica merecida por tanta ambición, sería bueno que, además de eliminar los fideicomisos, los reclamantes fueran tratados como el resto de los mexicanos, que se formen para sacar cita en el Issste hasta lograr que los atiendan, además, que se les otorguen créditos del Infonavit o Fovissste, según sea el caso, para la adquisición de sus viviendas, y que puedan sentir en carne propia los padecimientos del pueblo.
Si la ley y el sentido humanitario de ayuda prevalecen, no habrá reproches ni reclamo alguno, al contrario, el éxito estaría asegurado por el gobierno, promovente de la eliminación, más allá de la tramitología legal, del resultado y de justa aplicación de los criterios para darle el destino correcto a los recursos, todo quedaría consumado; esperando, en un corto plazo, los resultados, traducidos en obras y programas de asistencia social, orientándolos a las áreas de la salud, principalmente, y a la generación de empleos; con este razonamiento, se puede afirmar que se lograría la aceptación popular.
Finalmente, cuando se actúa con criterios de legalidad, de apoyo y beneficio para el pueblo, tal como ocurrió cuando le quitaron las pensiones a los expresidentes, de igual manera, con los 109 fideicomisos eliminados en el 2022, los recursos, más de 68 mil millones de pesos, se destinaron a becas y pensiones de la gente mayor; ahora bien, lo mejor del asunto, según lo dicho por las autoridades del gobierno, los trabajadores no tendrán ninguna afectación a sus salarios, por lo tanto, no habrá de pasar nada, después de los reclamos, cuando queden eliminados los multicitados fideicomisos.
