Aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas
reformas, no estarán nunca en las filas de los
hombres que apuestan a cambios trascendentales.
Mahatma Gandhi
Las iniciativas de reforma presentadas por el Ejecutivo han provocado la polarización de quienes no están en concordancia, bajo el supuesto de que son un atentado para la democracia y, además, respecto de dónde se obtendrían los recursos económicos necesarios para su aplicación; de cualquier manera, ya se encuentran sujetas a todo el proceso legislativo, particularmente a su aprobación respectiva, para ello, se deberá cubrir con las votaciones las dos terceras partes de los integrantes presentes en cada una de las Cámaras, así como el visto bueno de la mayoría de los congresos locales, suponiéndose que éstos últimos no representarían problema alguno, mientras que, por otro lado, es necesaria, para una mayoría calificada, 334 votos, y los partidos que proponen solo alcanzan 273.
A pesar de la resistencia, el Ejecutivo sostiene que el paquete de reformas presentado denota un cambio en todas aquellas leyes cuyo origen fue en periodos de gobierno anteriores, denominados neoliberales, y que han causado graves problemas sociales, por ello, la intención de las reformas queda sustentada en el restablecimiento de los derechos constitucionales, fortaleciendo ideales y principios relacionados con el humanismo.
La reciente celebración de un aniversario más de la Constitución Mexicana de 1917 sirvió de base para la presentación de las iniciativas del Presidente, reiterando que se oponen abiertamente a los cambios realizados anteriormente, y que en ningún momento sirvieron para beneficiar al pueblo, por el contrario, solo se usaron para despojarlo de los bienes de la nación, entregados a una minoría que a la postre se enriquecería.
Desafortunadamente, los opositores al régimen se niegan, y lo seguirán haciendo, sobre los daños causados en el bienestar del pueblo, por ejemplo, el inolvidable Fobaproa, creado en el año de 1990 por Salinas de Gortari, apoyando los intereses privados para convertirlos en una deuda pública, después de su imposición, el encargado de aplicarlo fue Ernesto Zedillo, de tal manera que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que costó al erario público 552,300 millones de pesos, por la compra de algunos bancos y cuya deuda aún siguen pagando los mexicanos.
A pesar de los desacuerdos y los olvidos por quienes aseguran que, de aprobarse las 18 reformas constitucionales y las dos secundarias, el país entraría en un riesgo latente, menoscabando el orden social, así como la posibilidad de aumentar los problemas económicos por los que atraviesa el país, argumentos cuya fortaleza se diluye por no poder explicar por qué en la actualidad se sigue con los problemas heredados. Más allá de los tintes políticos que embadurnan de confusión a muchos, la realidad es que otros tantos -el pueblo- esperan los cambios para aprovechar sus beneficios.
Desde luego, en este contexto, permeado también de acusaciones, sobre los vínculos e intervención del Presidente en las próximas elecciones, hay quienes pretenden dividir a los que, de alguna manera, han compartido con el pueblo parte de los recursos que ahora han logrado rescatar de algunos personajes cuya riqueza no tiene claridad en su origen, por eso la denostación; sin embargo, bajo ese tipo de criterios, las cosas, así parece, no les han funcionado, a pesar de tantos intentos por lograrlo.
En la espera de que las iniciativas puedan aprobarse e inicien su vigencia, vale la pena hacer algunas consideraciones al respecto, aunque, por cuestiones de espacio, solo habrán de mencionarse, de manera sucinta, algunas de ellas; dándole, bajo una perspectiva particular, el orden de importancia. En primer lugar, la referente a la garantía de ofrecer atención médica y gratuita para todos; aunque se ha mencionado en otras ocasiones, la demanda social no quedaría satisfecha si en la propuesta se soslaya todo lo concerniente a la infraestructura, a la compra de aparatos de alta gama que sirvan no solo para identificar cualquier enfermedad, sino que exista la posibilidad de atenderla; consecuentemente, la contratación de especialistas y medicamentos suficientes con el propósito de tener un pueblo sano.
En cuanto a la reafirmación al derecho de la pensión a los adultos mayores, cuya edad se considera a partir de los 65 años, sería otra de las grandes promesas para que, en caso de lograrse -aprobarse- se logre consolidar una vida, en calidad, forma y estilo, de todos los que le dieron a la sociedad muchos años de trabajo, por lo tanto, en justicia, esta ley debe ser aprobada sin restricciones, eliminando las leyes impuestas por el expresidente Ernesto Zedillo.
Otra de las prioridades sería la relativa al uso del agua, evitando dar concesiones a grandes corporativos cuya riqueza se basa en la explotación del agua, pagando ridículas cantidades y multiplicando su valor por miles de veces, a costa de los lugares donde escasea, afectando a millones de personas; también, puede ser, la creación de leyes para sancionar a quien la desperdicie.
En la expectativa por los resultados y la espera en sus beneficios, los ciudadanos, cuya necesidad imperiosa por el cambio es innegable, seguramente harán uso de la conciencia para decidir el futuro inmediato.
