El presidente manda al Congreso una serie de 20 reformas constitucionales y legales para modificar la designación de ministros de la corte, para que sean nombrados por elección popular, desaparecer a los órganos autónomos, incremento al salario mínimo, becas y salario mínimo a policías, profesores soldados y marinos; pensiones al 100% del salario cuando se pensionen, un año de salario a “Jóvenes Construyendo el Futuro”, trasladar a la Guardia Nacional a la Sedena.
El gobierno de la Cuarta Transformación tiene en su estrategia recuperar el papel rector del Estado en la economía, en este marco se inscribe la confrontación del presidente Andrés López Obrador con la corte y con los órganos autónomos, a quienes considera cooptados por intereses particulares.
Para que sean aprobadas las reformas constitucionales, Morena y aliados no tienen los votos de legisladores para concretarlo, como ejemplo, en la Cámara de Diputados le faltan 65 votos que tendrían que conseguir con el PRI o con el PAN, pero dudamos que se consigan.
Sin embargo, para las reformas legales cuenta con la mayoría y lo puede conseguir muy fácilmente, las propuestas económicas no van acompañadas del presupuesto de donde vaya a salir el dinero para sufragarlas, solo que el Ejecutivo y el Legislativo piensen que serán con cargo a la deuda externa,
El presupuesto para este año recordemos que rebasa los 9 billones de pesos, pero que dos de ellos no tienen fondeo e irán a aumentar la deuda externa en un alto porcentaje, no es bueno quedar bien con sombrero ajeno. Esos casi dos billones de pesos servirán para terminar las obras que el gobierno actual considera estratégicas.
Sobre la desaparición de los órganos autónomos existen varias posturas encontradas que son:
La primera es que los órganos autónomos surgieron para enmendar la plana al Estado por incumplimiento u omisión y proteger al sector social, librándolo de injerencias de terceros en la defensa de sus derechos constitucionales.
La segunda es que existe ya tal nivel de desviación en estos órganos, en virtud de que privilegian y tutelan intereses ajenos a los que les dieron origen, y que los partidos políticos y gobernantes los utilizaron para colocar a sus cuates o repartirse por cuotas los cargos.
La tercera tiene el propósito de eliminarlos, en virtud de que el gobierno pasado se apartó de la defensa del sector social y quien gobierna actualmente considera que el sector social ya no requiere intermedios.
Existe una cuarta postura que defiende la permanencia de los órganos autónomos argumentando que las desviaciones habrá que corregirlas, pero no arriesgar a concentrar los huevos en la misma canasta y darle al gobierno de la república todas las cartas, se requiere conservar esta autonomía para asegurar los derechos específicos que el Congreso confirió a los autónomos y garanticen, en el futuro a la sociedad, estos espacios de poder público que ha conquistado.
Tal vez por la segunda razón, AMLO opina así de los órganos autónomos, que solo sirven al interés de los poderosos, se llaman ciudadanizados como fachada para legitimarse, el INAI, como ejemplo, representa un gasto anualizado de casi mil millones de pesos, y el reclamo es que, a la hora clave, terminan poniéndose del “lado de los pastores”.
Para dorarle la píldora ante las presiones, el INAI anunciaban que darían a conocer la información relacionada con los viajes presidenciales del año 2006 al 2018, pero no se trata de un voluntarismo ajeno al interés público que vaya dando a cuentagotas la información a que tiene derecho la sociedad.
Los gobiernos anteriores construyeron un alineamiento institucional con los intereses cupulares económicos y lograron que todos los componentes políticos, económicos y sociales jugaran a su favor, hablamos de la prensa, la televisión, los partidos políticos, el gobierno, la justicia, los congresos, la Iglesia, las organizaciones sindicales y campesinas, incluso las calificadoras de riesgos extranjeras.
Este armado institucional de política económica iba más allá de la aplicación del modelo económico neoliberal, se trataba ya de un saqueo de las arcas públicas sistematizado al amparo del poder público, obteniendo recursos vía contratos onerosos o concesiones del mismo gobierno, condonaciones fiscales exageradas sin sustento a favor de las grandes empresas o consorcios privados, esta propuesta de economía política de los últimos gobiernos ocasionó mayor empobrecimiento de la sociedad
Hasta ahora, estas evidencias le dan la razón al presidente, las frases de AMLO, aparentemente sin sentido o muy cuestionadas en su momento, van encontrando acomodo y sentido histórico de transcendencia para el futuro próximo de la nación y la sociedad en su conjunto.
Este régimen político de concesiones es lo que AMLO aspira a modificar para hacer justicia al sector social, para ir dando forma a su frase de campaña “primero los pobres”.
Problema central al que se enfrenta el actual presidente de México al pretender retomar el papel rector de la economía para garantizar los derechos sociales con beneficios que lleguen a todos, que cubran todo el espectro social, con ese propósito van las reformas económicas, aunque no tengan sustento para hacerles frente.
Para lograr los beneficios universales, es menester cambiar el modo de operación del que se beneficiaban los grupos económicos más poderosos, es un verdadero reto, los medios de información tradicionales están atentos a cada detalle para criticarlo, han estado acostumbrados a servirle a los poderosos.
La razón, el apoyo legitimo electoral, la voluntad política, la causa social, la justicia, son las armas que porta el nuevo gobierno, para unos muy débiles, para el gobernante, vitales para poner orden en el país a través de una nueva visión y actitud de gobierno, basado en la verdad y en los principios de defensa y de justicia para rescatar al sector más vulnerable, para ello, el Presidente tratará de valerse del apoyo mayoritario del Legislativo, pero para las reformas constitucionales tendrán que conseguir apoyo en los partidos de oposición, de la sociedad mexicana.
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