Los críticos y agoreros de la relevancia y función del Estado apuntaron la idea de que todo lo privado –funciones trasladadas a la lógica del mercado– es mejor que lo público. En realidad, lograron estar más equivocados que casi cualquier hipótesis aventurada. Sin embargo, la agenda de minimización de la participación estatal en diversas tareas y funciones avanzó. La posición suponía que, el traslado de diversas funciones, la desregulación a agentes económicos y el traslado de la oferta de bienes y servicios a la lógica del mercado, generaría eficacia y eficiencia en las demandas ciudadanas.
Este punto de partida teórico de las posiciones más neoliberales significó la retirada del Estado. No obstante, se seguía apelando a su necesaria intervención para garantizar seguridad de las inversiones y –de manera asonante con los planteamientos primigenios– su rescate en tiempos de crisis. Es decir que, el Estado entró en una lógica de simbiosis con los privados, sobre todo en aquellos momentos en los que éstos últimos fueron incapaces de garantizar la estabilidad en sectores estratégicos. En el caso de México un ejemplo es el rescate bancario para evitar el colapso del sistema financiero en los años
La emergencia de estos casos imbuyó la relación del Estado y privados en la presunción de existencia de corrupción. Este razonamiento es la consecuencia lógica de la contradicción entre los planteamientos del modelo económico (basado en la desregulación y la liberalización económica) y el mundo de lo fáctico, lo real. Las percepciones sobre cómo se relacionan los agentes privados con el Estado están íntimamente vinculados con la lógica de relaciones desiguales (instituciones gubernamentales disminuidas y empresas o agentes económicos fortalecidos y con suficiencia de recursos) que facilita la presencia de actos de corrupción.
En este universo de contradicciones hay casos aún más acentuados de relaciones de lo público y lo privado con corrupción. Ha sucedido en países –mayoritariamente de economías medias o emergentes– que basan sus posibilidades de crecimiento económico y desarrollo en la explotación de recursos naturales. Ahí los riesgos de corrupción son mayores crecen exponencialmente. Cuando los gobiernos han optado por la posición extractivista de los recursos naturales para detonar desarrollo, han aceptado implícitamente la formación paralela de grandes intereses económicos. Esto significa que, dadas las grandes utilidades –sobre todo en las actividades vinculadas con el sector energético o actividades como la minería– es más probable la unión maliciosa de lo público y lo privado para varios y diversos propósitos: evasión de impuestos, facilitación de permisos, derechos, autorizaciones, etc.; reducción de sanciones por daño ambiental; entre otras. Por tanto, es deseable que el Estado mejorar capacidades para disminuir la relación desigual con los privados.
En América Latina estos riesgos son permanentes. Empero, hay casos como el de Portugal en Europa que dejan aprendizajes institucionales en perspectiva comparada. En el país europeo, los presuntos actos de corrupción derivaron en una crisis política de grandes magnitudes y en la consecuente dimisión del primer ministro, Antonio Costa. Se le señala por intervenir para favorecer a empresas comerciales de alto perfil y relacionadas con proyectos de minería de litio. Por eso se menciona que la lógica del extractivismo hace crecer de manera exponencial los riesgos de corrupción.
El caso de Portugal es llamativo, sobre todo para países como México, porque el asunto de las determinaciones sobre la tenencia y los derechos de explotación del litio han estado presentes en la opinión pública y los debates políticos de años recientes. En el caso mexicano la resolución fue en el sentido de que estatizar la exploración del mineral y, ciertamente, el sentido de la resolución minimizó los riesgos que supone (dada la lógica de relaciones desiguales entre lo público y lo privado y la lógica de mercado asimétricos) abrir el sector a los privados.
No es un tema menor si se considera que una de las crisis político más álgidas en América Latina (derivada de presuntos actos de corrupción) fue la provocado precisamente por la simbiosis de lo público, lo político y lo privado en el caso Odebrecht. Dicha crisis también tuvo consecuencias políticas acentuadas, como ejemplo claro el caso de Brasil.
En el corto plazo, el mundo deberá abordar estos ejemplos paradigmático de corrupción para generar mejores controles a las actividades de privados en la explotación de recursos naturales. Además del cuidado del medio ambiente, están otros asuntos en juego vinculados con la capacidad de tener Estados suficientemente sólidos para detener abusos y regular eficazmente a los privados.
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