En múltiples ocasiones me han preguntado qué es lo peor que he vivido como reportero y la respuesta siempre ha sido la misma: ver cómo una turba enardecida mata a una persona.
Empero, lo sucedido la noche del pasado lunes ocho de abril en la Sección Quinta de Zacatelco rebasa por mucho las múltiples coberturas de intentos de linchamiento y linchamientos consumados a los que he dado cobertura en años atrás.
Y es que en esta ocasión no se trató de un presunto delincuente al que privaron de la vida, sino de un elemento policiaco que simplemente cumplía con su deber.
No digo que la vida de un ladrón sea menos que la de un policía, ambas tienen el mismo valor y la violencia en ninguna de sus modalidades se justifica, lo que preciso es que los linchamientos comúnmente ocurren en contra de quienes se dedican a delinquir y no contra quienes integran las fuerzas del orden.
Como ha ocurrido en múltiples casos de otras entidades del país, un maldito rumor desató la ira de una turba que no pudo controlarse hasta saciar su sed de “venganza” en contra de seres inocentes.
El repudio social en contra de los modernos inquisidores de Zacatelco no se ha hecho esperar y, con bastante razón, porque con el paso de las horas se ha corroborado la versión de las autoridades que confirma que el Policía Acreditable de Análisis Táctico, Rubén Bernabé Rocha, junto con el jefe operativo de investigación Antonio N., entre otros elementos, le seguían la pista a una banda de delincuentes dedicada al robo de transporte que, al verse descubiertos, emprendieron la huida y en su trayecto despojaron al taxista Manuel L. de su herramienta de trabajo, para lo que le propinaron un disparo por arma de fuego en la cabeza.
Hoy un domicilio de Xitototla está de luto por la muerte del taxista, al igual que el del oficial Bernabé Rocha, cuyo cadáver fue trasladado ayer a la Ciudad de México, de donde era originario, pero desde hace siete años se había establecido en Tlaxcala para desarrollar sus capacidades profesionales en el departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Con este nuevo linchamiento en la entidad tlaxcalteca, el pueblo de Xitototla se suma a las localidades que quedarán estigmatizadas para siempre por la barbarie cometida.
PROTOCOLO FALLIDO
Después de más de 13 linchamientos consumados en Tlaxcala y decenas más evitados tan solo en los últimos seis años, la entidad anunció en enero de 2023 el Protocolo de Actuación Policial para Prevenir y Atender Casos de Linchamientos.
Este protocolo vio la luz como consecuencia del linchamiento de Alfredo N., quien fue quemado vivo en San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan, la tarde del 15 de abril de 2022 señalado de cometer un robo a casa-habitación.
Asimismo, al doble linchamiento suscitado en la comunidad de San Francisco Mitepec, municipio de Españita, al ser descubiertos en el momento de intentar robar una camioneta y también fueron golpeados y quemados vivos.
De acuerdo con el protocolo, los efectivos que intervengan en casos de linchamiento, deberán contar como mínimo con el siguiente equipo táctico: cinturón con sus respectivos accesorios, candados de mano (esposas), grilletes plásticos, PR-24, chaleco anti trauma, casco, espinilleras, coderas, musleras, escudo, escopeta calibre .12 con bocacha para lanzamiento de medios disuasivos no letales, gas lacrimógeno fragmentado para lanzamiento manual, entre otros.
A ello se suman la aplicación de los tres anillos de seguridad: dentro del primero se encontrará el primer respondiente junto con elementos de la SSC, quienes deberán colocarse a una distancia de 15 a 20 metros de donde se encuentra la multitud, para emplear los primeros niveles de uso de fuerza conforme a los establecido en la ley.
Asimismo, se designará a una persona negociadora, con la finalidad de disuadir a las personas de cometer el linchamiento y que realicen la entrega voluntaria de la persona retenida.
En el segundo anillo se encontrará personal con equipo anti motín, quienes emplearán los niveles 3 y 4 del uso de fuerza que establece la ley, con la finalidad de extraer a las personas retenidas cuando por algún motivo no se haya llegado a un acuerdo con la multitud y se encuentre en peligro la integridad de las personas, ubicándose para ello en una distancia de 50 metros para hacer la extracción mediante tácticas policiales, pudiendo hacer uso de armas incapacitantes, privilegiando la atención médica de la persona rescatada.
En el anillo tres, el protocolo indica que estará conformado por un mayor número de personal policiaco, quienes deberán portar armas letales y se encontrarán ubicados a una distancia de 70 metros de la multitud; solo podrán hacer uso de sus armas de fuego, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, cuando existan amenazas letales por parte de la turba y la resistencia sea inminente.
Hoy el gobierno estatal en su conjunto lamenta el deceso de un oficial, y con justa razón, pero eso no quita que todo lo que establece el protocolo no fue aplicado, al grado que el mismo titular de la SSC, Martín Perea Marrufo, sus escoltas y escasos elementos que lo acompañaron a rescatar a su compañero, ni portaban equipo táctico y mucho menos aplicaron esos tres anillos que marca su protocolo.
Por el contrario, el capitán de navío fue insultado, vejado y mancillado en su investidura por jóvenes ebrios e irracionales, sin que pudiera hacer algo al ser rebasado su estado de fuerza por la población y no tuvo de otra que aguantar su impotencia.
RETAL
Si por el linchamiento ocurrido en Tlalcuapan en 2022, el presidente de comunidad Saúl N. fue detenido, vinculado a proceso y sentenciado por el delito de homicidio calificado, ante la presunta omisión en que incurrió, el alcalde de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, ¿correrá la misma suerte? Ahí se verá si la justicia en Tlaxcala se aplica parejo, como lo sentenció recientemente el titular de la SSC a nombre del gobierno estatal.
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