En la historia reciente de México, hemos sido testigos de varios casos verdaderamente obscenos de desfalco de recursos públicos, esto se debe, por lo menos, en parte a la labor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); es una institución nacional impulsora del manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos y promotor de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los poderes de la Unión y los entes públicos federales, dicha institución surgió el 30 de diciembre del 2000 en el que, año tras año, ha anunciado montos cuantiosos de presuntas irregularidades y malos manejos en la administración pública, sin embargo después de veinte años sus efectos han ido disminuyendo por aquellos oscuros procesos judiciales que terminan acumulando denuncias penales que son enviadas al archivo muerto, dejando impunes muchos casos de corrupción.
Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 79, la ASF es un órgano con autonomía técnica y de gestión especializada con facultad para decidir sobre su organización interna y administración de sus recursos, dependiente de la Cámara de Diputados y su función es fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, esto quiere decir que se encarga de revisar que los recursos públicos federales se hayan usado con apego a la legislación y en el ejercicio de sus funciones está, el poder solicitar información a entidades públicas o privadas, quienes deberán otorgar la información, ya que de lo contrario podrían ser acreedores a multas de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) diarias, además, puede programar y planear libremente el proceso de fiscalización.
Sin embargo, hasta cierto punto la ASF no es autónoma ya que existe una comisión de la Cámara de Diputados encargada de hacer rendir cuentas a la ASF y que es la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación quien tiene la facultad de evaluar el desempeño de la Auditoría, así como de proponer a la Cámara los candidatos a ser titulares de la ASF o de solicitar a la misma su remoción.
Por lo que, atendiendo a sus tareas fundamentales de acuerdo a lo que señala la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, cada año, a más tardar el 30 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados; este documento contiene la información contable, presupuestaria y programática de los tres poderes respecto de las operaciones que involucren recursos federales y en caso de encontrar irregularidades, como primera instancia, la ASF podrá tomar medidas preventivas y emitir recomendaciones; a estas recomendaciones les da seguimiento y en caso de que la entidad auditada no las cumpla, ésta deberá justificar su negativa, sin embargo, si no lo hacen, podrá ser objeto de medidas correctivas como promover una facultad de comprobación fiscal del SAT, una sanción administrativa ante la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control y denunciar los hechos ante el Ministerio Público.
Entonces, al presentarse el Informe General de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año de la administración del presidente en donde a través de la auditoría de desempeño 1394-DE se hicieron observaciones por 67 mil 498 millones de pesos, de los cuales hay casos verdaderamente escandalosos, como el gasto en la cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco y las omisiones encontradas en el aeropuerto de Santa Lucia; el presidente reclamó que los datos de la ASF eran exagerados y pidió se corrigiera, después de dicha descalificación, la ASF mediante el comunicado número 03-21 del 22 de febrero de 2021, reconoció que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en relación con la metodología utilizada, al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica, señalando al calce de dicho comunicado que: "Cabe comentar que las auditorías de desempeño tienen por propósito fortalecer el buen desarrollo de las políticas públicas y no son vinculantes en sus recomendaciones".
Luego, si la ASF estimó en 331 mil 996 millones de pesos el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cifra cuatro veces superior a lo que en su momento informó el Gobierno federal, costo que puede incrementar por factores de liquidación de los contratos pendientes, juicios y demandas interpuestas, lo que resulta en un daño patrimonial a la nación y que, por supuesto, se tendría que dar parte a las autoridades judiciales de ello, para proceder en consecuencia respecto al dinero público, que a todas luces, se advierte fue utilizado de forma poco escrupulosa y muy alejada de los ordenamientos legales.