En el sector empresarial estamos convencidos que la militarización no es la solución ante la inseguridad en nuestro país. Por ello, insistimos en la urgencia de hacer pública una verdadera estrategia de seguridad para frenar los hechos delictivos cada vez más frecuentes y la violencia creciente.
Más aún, ante la reciente aprobación en el Pleno del Senado del Artículo Quinto Transitorio que le permite al Ejército realizar tareas de seguridad pública hasta 2028, en Coparmex consideramos necesario revisar primero la inconstitucionalidad de las modificaciones a las leyes secundarias que fueron aprobadas previamente para permitir el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los mexicanos no merecemos ser rehenes de la violencia e inseguridad que impera en nuestro país. Los hechos violentos ocurridos en semanas recientes en Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Zacatecas, Michoacán y Veracruz, sólo por mencionar algunas entidades, acentúa la ineficacia de la actual estrategia de seguridad que ha errado en decisiones como subordinar a la Guardia Nacional, una corporación de mando civil, a la Sedena, de orden militar, lo que pone en riesgo los derechos humanos e incluso podría poner en peligro el orden democrático. La Sedena es una secretaría estratégica para el actual Gobierno Federal, la cual concentra de acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de 2018 a 2021, 31 tareas de otras dependencias federales o de gobiernos estatales o municipales.
Las Fuerzas Armadas tienen todo nuestro reconocimiento y estamos convencidos del enorme aporte que hacen al país, creemos que asignarles tareas que no se encuentran dentro de su marco legal y constitucional, las distrae y las ha expuesto a riesgos como el recién hackeo de información, cuya filtración de su información puede tener severas implicaciones que podrían poner en riesgo no solo al Estado mexicano sino hasta personas y sus familias.
La Sedena y las dependencias encargadas de la seguridad nacional y la seguridad pública necesitan ser fortalecidas, particularmente, en sus unidades cibernéticas para combatir delitos como es la extorsión que ha crecido 55.6 por ciento entre 2018 y 2022.
Es apremiante que el Gobierno de México defina con urgencia una verdadera estrategia de seguridad que priorice la prevención, la coordinación entre las corporaciones a nivel nacional, la procuración de justicia; que otorgue los recursos suficientes para el fortalecimiento de las policías municipales, estatales y los ministerios públicos, que atienda las causas sociales de la inseguridad pero que, sobre todo, ponga al centro de sus objetivos la vida y dignidad de las personas.
Es preocupante que, siendo la seguridad uno de los factores sociales que inciden en la calidad de vida y un indicador determinante para la llegada de inversiones al país, los recursos para este rubro no sean la prioridad para el Gobierno Federal, pues en la propuesta de Paquete Económico 2023, si bien existe un incremento en recursos, éste se concentra en la Sedena, con un aumento real de 16 por ciento, mientras que para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es de sólo el uno por ciento.
No hay pretexto alguno, el Estado debe cumplir con su obligación constitucional de proveer seguridad a la ciudadanía, desde el fortalecimiento y consolidación de las corporaciones de mando civil a través del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, de forma conjunta con la Guardia Nacional, con una estrategia efectiva que busque la coordinación entre las corporaciones y no la suplantación de funciones.
Insistimos, el Gobierno de México, los gobiernos estatales y municipales deben asumir con prontitud sus responsabilidades en materia de seguridad bajo la directriz de una nueva estrategia integral.
Dejamos claro que reconocemos el trabajo de las fuerzas armadas en todo el país, soldados y marinos que cumplen con la tarea asignada. Pedimos que todos juntos construyamos la estrategia de seguridad de largo plazo que nos permita el regreso ordenado de las fuerzas armadas a sus funciones y demos toda la fuerza a las policías estatales y municipales civiles.
- Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.
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