ANABELL ÁVALOS DEBE PROCEDER PENALMENTE
Lamenta José Juan Temoltzin que alOFS y a Escobar Jardínez poco les haya importado arriesgar unainversión tan alta que ni siquiera refleja los 35 millones depesos A casi un año de haberse inaugurado elPolideportivo “Carlos Castillo Peraza” en la capital deTlaxcala, el exsubprocurador y exmagistrado, José Juan TemoltzinDurante, advirtió que esta obra más que una acción de beneficiosocial, fue un negocio o fraude en el que estuvieron involucradasvarias autoridades.
Lamentó que pese a la inversión de casi 35 millones de pesos ya las advertencias que en su momento se hicieron tanto al Órganode Fiscalización Superior (OFS) como al entonces alcaldecapitalino, Adolfo Escobar Jardínez, de que estaban construyendouna obra de forma ilegal, ambas partes hicieron caso omiso a estasituación que ahora ha puesto en riesgo a una obra de estanaturaleza.
Tal situación, a decir del también exdiputado local, solo dejaentrever que la emblemática obra del exmunícipe panista se tratóde un simple fraude planeado entre Adolfo Escobar Jardínez y elconstructor responsable de la obra.
Temoltzin Durante precisó que aun cuando los recursosgestionados a nivel nacional estaban destinados originalmente parala construcción de 11 canchas de futbol rápido para beneficiar aigual número de comunidades que forman parte del municipio deTlaxcala, fue precisamente el representante de la empresa quienconvenció al alcalde de modificar el proyecto para obtener mayores“beneficios” entre ambos.
“Soy legítimo dueño de losterrenos”
De acuerdo con lo manifestado por el extitular del secretariadoEjecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado, loslegítimos propietarios del inmueble donde construyeron ilegalmenteel Polideportivo fueron su padre Gilberto Temoltzin Moreno y JoséGilberto Temoltzin Martínez, para lo cual cuentan con la escriturapública relativa a la enajenación por transmisión de bienes.
Como se ha informado, se trata de las fracciones 16 de lospredios denominados Ex Rancho de San Isidro y Santa Bárbara y el26, 27, 28, 29, 30, entre otros inmuebles respaldados por laescritura pública de fecha ocho de marzo de 1993, registrada anteel Notario Público número uno del Distrito Judicial de Hidalgo,José Luis Macías Rivera, quien hizo constar la enajenación.
Dijo que se trató de una transmisión de bienes en pago quecelebraron por una parte como enajenantes “ServiciosInmobiliarios y de Construcción de Tlaxcala, S.A. de C. V.,representada por el arquitecto Manuel González y García Moreno,en su carácter de vicepresidente del Consejo de Administración yel arquitecto Mario Sandoval Ahuactzin, en su carácter de gerentegeneral de la misma, mientras que como adquirientes fungieron losseñores Gilberto Temoltzin Moreno y José Gilberto TemoltzinMartínez.
Precisó que la sociedad mercantil que les vendió los terrenosera o fue una inmobiliaria del Gobierno del Estado de Tlaxcala, porlo que los predios donde está construido el Polideportivo losadquirió Sicotlax en propiedad por donación a título gratuito,que en su favor hizo el Gobierno del Estado de Tlaxcala y previaautorización del Congreso del Estado de Tlaxcala, les fueronotorgados esos terrenos por transmisión en pago a GilbertoTemoltzin Moreno y José Gilberto Temoltzin Martínez.
Aseveró que la escritura está debidamente inscrita en elRegistro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado deTlaxcala, por lo que en 2012 su padre, Gilberto Temoltzin Moreno,donó las propiedades a sus hermanos Luis Enrique SalvadorTemoltzin Durante, Angélica Temoltzin Durante, a su sobrino ErickEduardo Temoltzin Gracia y a él mismo, la nuda propiedad de laparte proporcional de los terrenos donde está construido elPolideportivo.
De hecho, precisó que los terrenos tuvieron como antecedente laescritura de compra-venta de los lotes marcados con los números26, 27, 28, 29, y 30, que hoy forman un solo predio de los en quese fraccionó el Rancho de San Isidro y Santa Bárbara delmunicipio de Tlaxcala, otorgada por los señores Porfirio López yesposa, Juana Portillo López, en favor de Miguel Osorio Ramírez,con una superficie de cinco hectáreas diez áreas inscrita en elRegistro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado deTlaxcala.
Aceptó que a las escrituras se ha sumado el Decreto deExpropiación en contra de Miguel Osorio Ramírez, que aparecepublicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado einscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,tomando posesión de esos terrenos en nombre del Gobierno delEstado en 1984.
Manifestó que ese mismo año se otorgaron varias fracciones deesos terrenos al Sindicato de Trabajadores Administrativos y deIntendencia del Colegio de Bachilleres del Estado, al Sindicato deTrabajadores de la Música de la República Mexicana Sección 266,a la Sociedad Inmobiliaria EMSA, al Sindicato de TrabajadoresAcadémicos del Colegio de Bachilleres, a la Cámara de laIndustria de la Transformación, a la Secretaría de la DefensaNacional, al Sindicato de Maestros del Estado denominado JustoSierra, al Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala A.C. y alSindicato de Trabajadores de la Educación, entre otrasbeneficiadas.
Escobar Jardínez no debió edificar el Polideportivoen este lugar
Temoltzin Durante consideró que, en virtud de la vastaexperiencia del exalcalde capitalino, no podía haber ignorado queera prácticamente imposible ejecutar una obra en este terrenos,sobre todo porque fue advertido de la situación legal queprevalecía.
“Más bien pareciera haber un negocio turbio, esePolideportivo, a ojo de buen cubero, debió costarle a la comunidadaproximadamente 15 millones de pesos, pero no los 35 millones quereportó… creo que instituciones como el Congreso del Estado y elÓrgano de Fiscalización Superior tendrían mucho que decirrespecto de los costos objetivos de dicha obra”, sostuvo.
El exlegislador local reiteró que el OFS debió haber rendidoun informe específico a la Cámara de Diputados respecto de loscostos objetivos de la obra del Polideportivo, toda vez que es deldominio público los cuestionamientos que debieron ser aclaradosantes de la aprobación de la cuenta pública de Adolfo EscobarJardínez de los ejercicios fiscales de 2015 y 2016.
“En su oportunidad, el suscrito y mis hermanos le pusimos enconocimiento al Órgano de Fiscalización Superior que lapresidencia municipal de Tlaxcala estaba cometiendo un delito y unailegalidad, al construir una obra pública en una propiedad privadadebidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad ydebió aclarar debidamente este delito cometido por el entoncesalcalde, Adolfo Escobar Jardínez”, abundó.
Recordó incluso que su hermano José Gilberto TemoltzinMartínez encaró al munícipe para informarle que estabaquebrantando el patrimonio municipal.
“No actuamos dolosamente, desde el inicio huboacciones legales”
El exsubprocurador de justicia rechazó que, junto con susparientes, hayan dejado que avanzara la obra para despuésadjudicársela, pues desde el principio José Gilberto TemoltzinMartínez, en su carácter de copropietario de los terrenos,promovió un juicio de amparo en contra de los actos reclamados alas autoridades responsables, amparo que ya fue concedido.
Mientras, él y los demás copropietarios impulsaron un recursode revisión ante la Sala Administrativa del Tribunal Superior deJusticia del Estado (TSJE) en contra de los actos ilegales delalcalde capitalino, Adolfo Escobar Jardínez, la correspondientedenuncia penal por violación a la suspensión decretada en contradel citado munícipe, así como un juicio ordinario civil en contrade la Comuna, en el que se le reclama la reivindicación delinmueble.
La demolición del Polideportivo, un procedimientocivil
El exmagistrado mencionó que la orden de demolición delPolideportivo emana de un procedimiento civil relativo a unaprohibición de obra nueva, no de un juicio, aunque precisó queesa acción fue promovida por el señor Ismael Santacruz, por loque en su momento primero tendrán que acreditar quién tiene lapropiedad de los terrenos.
Por lo que una vez determinados los daños y perjuiciosocasionados mediante los instrumentos técnicos y periciales,tendrá primeramente que hacer efectiva la responsabilidad penal,civil, administrativa y política que debe enfrentar el exalcaldeAdolfo Escobar Jardínez y quien o quienes resulten responsables;además, deberán regresar a sus legítimos propietarios losterrenos donde está construido el Polideportivo e indemnizarlospor los daños y perjuicios que les han causado.
Obligado ayuntamiento a promover denuncia penal contraAdolfo Escobar
El abogado consideró que, en estos momentos, al actualayuntamiento que preside Anabell Ávalos Zempoalteca le correspondepromover la denuncia penal por los hechos ilícitos en queincurrió el exmunícipe, “que salvo error de opinión oequivocación del suscrito, son delictuosos y producen un quebrantopatrimonial considerable a la hacienda municipal”.
Lo anterior, porque en términos de la ley, la comuna es laresponsable del resarcimiento de esos inmuebles a sus auténticos ylegítimos propietarios y también son los responsables deintervenir ante el OFS para denunciar el quebranto patrimonial queocasionó el exalcalde y perseguir estas conductas ilícitas anteel Congreso del Estado, de lo contrario, incurrirían enresponsabilidad, lo que podría derivar en la destitución de losactuales integrantes del Cabildo por las autoridades judicialesfederales.
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