/ viernes 2 de diciembre de 2022

Reforma Legislativo el código financiero

Definió algunos cobros sobre derechos, como son de salud, infraestructura y educación

A propuesta de la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, así como de los secretarios de Gobierno y Finanzas, Sergio González Hernández y David Álvarez Ochoa, respectivamente, el Congreso del Estado ajustó y definió algunos cobros sobre derechos, como son de salud, infraestructura y educación, entre otros, a través de una reforma al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala.

Con 23 votos a favor, el pleno del Congreso local realizó estos cambios al referido ordenamiento, los cuales tienen por objeto contar con normas jurídicas claras y precisas para evitar la interpretación errónea, además de delimitar las facultades de las autoridades fiscales para evitar arbitrariedades, entre otras acciones.

Te puede interesar:➡️Proponen reformar el Código Financiero

Asimismo, esta reforma permitirá, además de lo anteriormente expuesto, la regularización voluntaria de las obligaciones fiscales y delimitará la actuación de la autoridad evitando hechos de corrupción.

De igual forma, la iniciativa adecuó para la Oficialía Mayor de Gobierno, los conceptos de servicios prestados por la Coordinación del Registro Civil y de la venta de bases de licitación para la contratación de obra pública, servicios e inscripción, adquisición de bienes, refrendo en el padrón de proveedores y contratistas del gobierno local, entre otros.

También, la reforma incrementó a la Secretaría de Infraestructura el “curso para la capacitación de los aspirantes a inscripción y renovación del registro como director responsable de obra o corresponsable”, a fin de garantizar la existencia de personal capacitado.

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Por otro lado, la reforma modificó la denominación del Centro de Desarrollo Infantil a Centro de Atención Infantil, donde fueron anulados los cobros en el sector preescolar, permaneciendo los de lactantes y maternal.

En otro orden de ideas, para la Secretaría de Finanzas quedó establecida la necesidad de mantener actualizado un registro estatal vehicular, esto a través del Sistema Informático determinado por la Secretaría mediante reglas de carácter general.

En este sentido, puntualiza la reforma, el registro deberá estar integrado con los datos de las unidades a las cuales la dependencia les expida placas de circulación, además de delimitar los costos de validación de documentos.

Continúa leyendo:➡️Urge diputada actualización del Código Financiero

Mientras, en materia de salud, realizaron una actualización al catálogo de conceptos para, a través Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud, el gobierno estatal ofrezca más y mejores servicios a la población, además de haber eliminado el nivel seis de costos más elevados para un mejor acceso a lo ofrecido.

De igual forma, el cambio ajustó los conceptos de los servicios del Instituto de Catastro, como son la certificación de documentos, avalúos catastrales, propuestas de planos sectorizados catastrales y la elaboración de propuesta de tablas de valores catastrales.

Para realizar traspasos o ampliaciones en el gasto público, solo será requerida la aprobación de la Secretaría, las tesorerías, de los órganos de gobierno de los poderes Judicial y Legislativo y de los organismos autónomos y pasará del cinco al 10 % del presupuesto originalmente autorizado de fuentes locales y participaciones e incentivos económicos.

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A propuesta de la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, así como de los secretarios de Gobierno y Finanzas, Sergio González Hernández y David Álvarez Ochoa, respectivamente, el Congreso del Estado ajustó y definió algunos cobros sobre derechos, como son de salud, infraestructura y educación, entre otros, a través de una reforma al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala.

Con 23 votos a favor, el pleno del Congreso local realizó estos cambios al referido ordenamiento, los cuales tienen por objeto contar con normas jurídicas claras y precisas para evitar la interpretación errónea, además de delimitar las facultades de las autoridades fiscales para evitar arbitrariedades, entre otras acciones.

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Asimismo, esta reforma permitirá, además de lo anteriormente expuesto, la regularización voluntaria de las obligaciones fiscales y delimitará la actuación de la autoridad evitando hechos de corrupción.

De igual forma, la iniciativa adecuó para la Oficialía Mayor de Gobierno, los conceptos de servicios prestados por la Coordinación del Registro Civil y de la venta de bases de licitación para la contratación de obra pública, servicios e inscripción, adquisición de bienes, refrendo en el padrón de proveedores y contratistas del gobierno local, entre otros.

También, la reforma incrementó a la Secretaría de Infraestructura el “curso para la capacitación de los aspirantes a inscripción y renovación del registro como director responsable de obra o corresponsable”, a fin de garantizar la existencia de personal capacitado.

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Por otro lado, la reforma modificó la denominación del Centro de Desarrollo Infantil a Centro de Atención Infantil, donde fueron anulados los cobros en el sector preescolar, permaneciendo los de lactantes y maternal.

En otro orden de ideas, para la Secretaría de Finanzas quedó establecida la necesidad de mantener actualizado un registro estatal vehicular, esto a través del Sistema Informático determinado por la Secretaría mediante reglas de carácter general.

En este sentido, puntualiza la reforma, el registro deberá estar integrado con los datos de las unidades a las cuales la dependencia les expida placas de circulación, además de delimitar los costos de validación de documentos.

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Mientras, en materia de salud, realizaron una actualización al catálogo de conceptos para, a través Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud, el gobierno estatal ofrezca más y mejores servicios a la población, además de haber eliminado el nivel seis de costos más elevados para un mejor acceso a lo ofrecido.

De igual forma, el cambio ajustó los conceptos de los servicios del Instituto de Catastro, como son la certificación de documentos, avalúos catastrales, propuestas de planos sectorizados catastrales y la elaboración de propuesta de tablas de valores catastrales.

Para realizar traspasos o ampliaciones en el gasto público, solo será requerida la aprobación de la Secretaría, las tesorerías, de los órganos de gobierno de los poderes Judicial y Legislativo y de los organismos autónomos y pasará del cinco al 10 % del presupuesto originalmente autorizado de fuentes locales y participaciones e incentivos económicos.

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