La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH) consideró necesario replantear el Protocolo de Inspección Escolar en Apizaco, para que se alinee con los estándares nacionales e internacionales que garanticen respeto irrestricto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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Tras la publcación en El Sol de Tlaxcala de la iniciativa para aplicar una especie de operación mochila en escuelas de Apizaco, la titular del organismo, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, manifestó ser respetuosa de la iniciativa de las autoridades municipales para implementar un Protocolo de Inspección Escolar, pero consideró necesario que dicho documento sea adecuado.
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Precisó que ha sido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las instancias que han determinado que la aplicación de este tipo de operativos comúnmente conocidos como “Mochila Segura” son inconstitucionales.
Debido a que han demostrado ser ineficaces para atender las causas profundas de la violencia escolar, además de que pueden generar efectos adversos como la estigmatización y percepciones erróneas sobre la violencia, propiciando sesgos étnicos-raciales.
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Comentó que este tipo de revisiones no se guían por un estándar común, además de que, en ellos se debe anteponer el interés superior de la infancia, la autonomía progresiva y el desarrollo integral, que son derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los menores.
Manifestó que la CNDH ha advertido que las estrategias de inspección no deben partir del prejuicio y deben incluir a toda la comunidad escolar incluyendo al personal docente y administrativo, evitando discriminaciones y estigmatizaciones.
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Las revisiones deberán cuidar el derecho a la intimidad, respetando la privacidad durante la revisión que deberá efectuarse preferentemente por personas del mismo sexo que la o el estudiante y en espacios privados, sin exhibir los objetos personales en lugares públicos, así como garantizar el derecho a la participación tanto de padres como de alumnos.
La CNDH estima que para las revisiones deberán realizarse bajo una cadena de mando y en espacios privados donde se establezca una lista precisa de los objetos nocivos y cómo identificar los comportamientos peligrosos.
Ordoñez Brasdefer explicó que esto no impide que las comunidades escolares, que así lo decidan, lleven a cabo acciones de prevención de violencia o esquemas de convivencia de diseño consensual y no obligatorios.
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También planteó la construcción de confianza entre la comunidad escolar, ajustes curriculares que promuevan la cultura de la paz y los derechos humanos, capacitación docente en la materia, implementar mecanismos accesibles y seguros de presentación de quejas por violencia.
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