Los diputados locales aprobaron que las solicitudes de comparecencias de funcionarios del gabinete estatal ante el Poder Legislativo estatal sean obligatorias y no estén sujetas a la autorización del Ejecutivo.
En la sesión virtual electrónica de este jueves, por mayoría de votos, los congresistas reformaron la Constitución Política de Tlaxcala para que el arribo de los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada al Congreso, sea de esa manera.
El dictamen precisa que cuando los 25 congresistas o la mayoría de ellos esté de acuerdo en llamar a comparecer a los funcionarios, el titular del Ejecutivo local dispondrá de hasta 10 días naturales para atender dicha petición.
Con ello, insistieron en que la presencia de funcionarios servirá para que se alleguen de información que sirva, no solo para la creación o modificación del marco jurídico estatal, sino también para la implementación de políticas públicas que permitan el desarrollo armónico y democrático del estado.
Con la adecuación a la Constitución local, precisaron, que una vez recibidos los informes que rindan los poderes Ejecutivo y Judicial, el Congreso procederá a analizarlos y, de creerlo necesario, solicitará la comparecencia obligatoria de los secretarios de gabinete o de los magistrados, según sea el caso, para que aclaren lo concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
INFORME DE GOBIERNO
Por otro lado, también avalaron que en el último año de mandato, el titular del Ejecutivo local deberá rendir el informe de gobierno dentro de los primeros días del mes de agosto toda vez que el cambio de administración se concreta cada uno de septiembre.
Finalmente, establecieron que el Gobernador debe rendir ante el Congreso local, por escrito, un informe sobre la situación que guarde la administración pública, dentro de los primeros cinco días de diciembre de cada año, mientras que en el último, deberá hacerlo en los primeros cinco días de agosto.
La propuesta planteada en un principio consideraba 15 días naturales a partir de la fecha en que sea aprobada la solicitud por parte de los diputados; contando el Gobernador con un plazo de hasta diez días naturales para atender la solicitud, y en caso de desestimarla, se haría acreedor a juicio político.
- El dictamen precisa que cuando los 25 congresistas o la mayoría esté de acuerdo en llamar a comparecer a los funcionarios, el titular del Ejecutivo local dispondrá de hasta 10 días para atender dicha petición
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