Más de la mitad de las 8 mil 456 mujeres desaparecidas en México durante los últimos 11 años fueron niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años, la mayoría tenía entre 14 y 17 años de edad.
Los familiares de estas mujeres lidian no sólo con la pérdida, sino con un Estado que también las desaparece, pues no facilita sus nombres completos ni fotografías en los registros oficiales para que cualquier persona interesada en buscarlas las encuentre.
De 2000 a julio de 2017 las niñas y adolescentes fueron las principales víctimas de desapariciones forzadas en el país ya que 52 por ciento (4 mil 321) del total de mujeres alejadas de sus círculos cercanos tenían entre cero y 20 años de edad, esto evidenció el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) consultado por Cimacnoticias.
A nivel nacional 30 por ciento de las mujeres víctimas de desaparición, es decir 2 mil 540, tenían entre 14 y 17 años de edad.
En el Estado de México, Puebla y Tamaulipas se registraron más desapariciones, no sólo de niñas y adolescentes sino de mujeres de todas las edades. En los tres estados las autoridades están obligadas a crear y aplicar políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres, y más en el Estado de México, pues ahí la Segob emitió desde 2015 la Alerta de Violencia de Género (AVG) por los altos índices de violencia contra las mujeres.
De acuerdo al RNPED en los últimos 11 años el Estado de México desaparecieron más mujeres que en otros estados del país: fueron mil 887, de las cuales 64 por ciento (mil 216) correspondieron a niñas y adolescentes de cero a 20 años de edad. A esa entidad le siguió Tamaulipas con mil 261 casos, en 393 de ellos fueron niñas y jóvenes en el mismo rango de edad.
De 2000 a 2017 Puebla ocupó el segundo lugar como el estado con más desapariciones de mujeres menores de edad, adolescentes y jóvenes pues las víctimas tenían entre cero y 20 años de edad en 65 por ciento de los 822 casos que se cometieron en total.
En México la desaparición de una mujer trae consigo una serie de violencias institucionales en contra de la afectada, de sus familiares y seres queridos: las víctimas indirectas. A estas personas el Estado debería garantizarles justicia y la reparación del daño, como establece la Ley General de Víctimas, pero en la práctica retrasan la búsqueda basándose en estereotipos de género y no llevan un registro fiel de los casos.
Ejemplo de ello fue lo que ocurrió con Cruz Alejandra Peña Beltrán de 24 años, quien desapareció en 2013 en Sinaloa junto con una amiga. Su mamá, Bertila Beltrán Cabanillas, se enfrentó a omisiones y errores por parte las autoridades sinaloenses desde que denunció la desaparición, lo que retrasó y obstaculizó la búsqueda.
A Bertila Beltrán la Procuraduría general de justicia estatal trato de hacerle creer que su hija fue la culpable de su desaparición.
Tres años después, en 2016, fue Bertila Beltrán, y no las autoridades, quien encontró a su hija en una fosa clandestina en Sinaloa, había sido víctima de feminicidio y en el mismo lugar se encontraron a otras tres mujeres asesinadas.
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