El Gobierno de México presenta serías inconsistencias en el registro de personas desaparecidas en el país: desaparecen nombres y folios, utilizan conceptos fuera de la ley, presentan metodologías cambiantes, presumen resultados no verificado, hay errores en la información, faltan datos suficientes para localizar, opacidad en los registros y hasta revictimización, acusó la organización Data Cívica ayer, durante la presentación de la plataforma Volver a Desaparecer, que recopila los datos de cinco registros oficiales diferentes que han surgido desde 2012 hasta el más reciente, dado a conocer por el presidente López Obrador en diciembre de 2023 y actualizado apenas este 18 de marzo.
Dicha iniciativa surge a partir de la necesidad de nombrar a cada persona desaparecida alguna vez registrada por el Estado y que en algún momento fueron borradas sin explicación alguna, declaró la representante de Data Cívica, Mónica Meltis.
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Dentro de los hallazgos realizados por la organización se encontró la falta de claridad y congruencia en los propios registros oficiales: mientras el gobierno expone 12 mil 344 folios únicos de búsqueda (FUB) de personas localizadas en la página oficial de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presumió apenas el lunes la cifra de 15 mil 158.
Data Cívica, bajo el ejercicio del cruce de información de todos los registros disponibles, expone que la cifra de personas potencialmente localizadas es de solo 10 mil 953.
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Además de las discrepancias y el vacío de información en los propios portales gubernamentales, el problema de estas cifras es la falta de certeza en la localización de las personas: si bien salieron de los listados en las recientes actualizaciones, esto no es una garantía de su localización.
Ejemplo de ello es el caso de Irma Virginia Irgen, representante de la organización de familiares de personas desaparecidas Uniendo Cristales A.C., quien contó que su padre desapareció de los registros desde 2017, a pesar de no haber sido localizado.
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César Guerrero, representante de Fundar, señala que las incongruencias en las cifras son algo deliberado por parte del Gobierno para generar confusión.
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