Anatomía de lo Social | ¿Juicio?

El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva es que el fin justifica los medios.

Georges Bernanos

Cuestionable, para muchos, la decisión tomada por las autoridades de Gobierno en el sentido de enjuiciar a los expresidentes de México, bajo el argumento de evidenciar los actos de corrupción propiciados, o permitidos, por los mismos durante sus periodos sexenales; en este sentido, se han usado carteles propagandísticos con imágenes cuyos rostros aparecen cubiertos de los ojos, bajo el supuesto, como se hace en términos de los derechos humanos, de cuidar su integridad e identidad, como si eso representara la posibilidad de mantenerlos en anonimato.

En la propuesta primaria de enjuiciar a los exmandatarios por actos de corrupción, ahora se presenta un nuevo formato donde, al parecer, se incluyen otros actores políticos de sexenios anteriores; para ello, se elaboró una encuesta, “perfectamente” diseñada para confundir a los posibles votantes, en consecuencia, los resultados serán, posiblemente, los esperados por los “especialistas” investigadores; sin embargo, no deja de ser -el cuestionario- motivo de una crítica razonable.

En una primera instancia, puede entenderse que la pregunta sustantiva tiene solo una respuesta, afirmar o negar; en contrasentido, al hacer una pregunta exageradamente abierta, aunque la respuesta sea el sí o el no, se amplían y se incorporan otros elementos de enjuiciamiento, sean personas y temporalidades, sin señalar, justamente, quiénes y cuándo cometieron los actos que se les van a imputar; obvio, no se tiene la certeza de hasta dónde estará el límite de las acciones.

Por otro lado, para quienes, en la ignorancia de los preceptos constitucionales y legales, no tendrán la claridad suficiente para determinar el sentido de su voto; pues se esconden, intrínsecamente, las verdaderas intenciones de la pregunta; más allá de las “deficiencias” en la estructura del cuestionario; ahora, se espera la divulgación de los personajes y las épocas en que incurrieron en actos de corrupción, para, cuando menos, podamos conocerlos, de lo contrario, sería injusta la votación, bueno, así se entiende.

De alguna manera, la incomprensión, por lo confuso del ítem, ahora viene como la respuesta a la última parte, donde se dice, se garantizará la justicia y los derechos de las posibles víctimas; como saber si cualquier persona, de los comunes, son posibles víctimas de los presuntos culpables; y como habrá de hacerse justicia, para que se le devuelva a los afectados, en términos de los justo, lo que les corresponde, quizá sea la restauración de daños, hasta la devolución de bienes y dinero; esto, al parecer, es lo que se garantiza.

Bajo estas consideraciones, la decisión de quienes estaban dispuestos a firmar para apoyar el interés del ejecutivo, para enjuiciar a los expresidentes, ha quedado en el escepticismo, pues la duda sobre las verdaderas intenciones de aplicar sanciones, ahora, se encuentra en esa tela de juicio, pues, al parecer, no existen límites para aplicar las sanciones prometidas; por ello, así se ha percibido, ya no existe un interés total, para apoyar la “causa”.

Desde luego, existen otras condicionantes; ya no solo en la entrevista sino, en la percepción de la conciencia ciudadana, es decir, se piensa que el pueblo habrá de cargar con la responsabilidad de culpabilizar a quienes, de acuerdo, a la constitucionalidad de las leyes, sean los elegidos para sancionarlos, mejor dicho castigarlos; sin menoscabo del prestigio de las instituciones, cuando, son ellas, quienes se han encargado de “arengar” al pueblo para darles el adjetivo de jueces para enjuiciar, con la diferencia de no tener los elementos suficientes para sentenciar.

También se han estimado, las posibilidades de que las aspiraciones de modificar la ley, para ir acomodando las piezas con la intención de buscar las posibles reelecciones; pues evidenciar el pasado, intencionadamente, deja entrever, que las nuevas autoridades cuentan con los perfiles indicados para no incurrir en actos que contravengan los intereses nacionales, quedando como los promotores de un cambio, cuyo beneficiario sea el pueblo.

De igual manera se ha considerado, que otra de las intenciones de este ejercicio, está revestido de buenas intenciones, cuyo propósito principal es el de eliminar las prebendas de funcionarios, atomizados en cualquiera de las áreas de las instituciones públicas, eliminando, sin importar quien sea, cualquier tipo de impunidad, para demostrar, como consecuencia, que nadie estará por encima de la ley; finalmente, como una sinopsis de lo que viene, se han señalado, algunas de las peculiaridades de tan “notable” intención, de cualquier modo la respuesta ya no es la que vale, sino, por el contrario, son las intenciones y los intereses que se persiguen.