La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con lo que se da a los Estados una oportunidad para preservar las culturas indígenas del mundo, como respuesta a su afectación por fenómenos como la pobreza, la marginación, la exclusión, la carencia de oportunidades, el despojo de tierras, la vulneración de los derechos fundamentales y la pérdida de sus tradiciones culturales, por injusticias históricas, entre otros.
Sin duda, la protección de los grupos indígenas constituye la defensa de los derechos de una minoría, que los coloca en una posición que dificulta su acceso al desarrollo de su economía.
México es reconocido como un país pluricultural, nuestra Constitución instituye el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas, así como las comunidades afromexicanas, o cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la Nación y precisa, “que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.
En el territorio mexicano encontramos una población con gran diversidad cultural, son reconocidos 68 grupos indígenas con sus propias lenguas, constituyendo más 365 variantes, que podemos percibir a través de las instituciones, los territorios y bienes comunes, los sistemas agro alimentarios y el patrimonio biocultural.
Como sabemos, los procesos colonizadores se realizaron con prácticas de maltrato y despojo, en los que diezmaron gran parte de la población de lo que ahora conforma el territorio mexicano y con ello, costumbres, tradiciones y culturas; lo menciono así, por que la cultura y tradiciones que ahora vivimos, son parte de un gran esfuerzo social que ha logrado sobrevivir por la transmisión oral de generación en generación.
En nuestro devenir histórico, desde la independencia de México se crearon instrumentos jurídicos que reconocían parte de la historia de los pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, en la Constitución de 1917 se olvidó plasmar el reconocimiento de nuestras identidades y resignificación de los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
Fue hasta 1994 que el movimiento Zapatista del Estado de Chiapas motivó que los actores políticos actuaran para no perder la paz en el país, proponiendo una reforma integral en materia indígena que estableció los principios constitucionales de reconocimiento y protección a la cultura y los derechos de las personas indígenas, sus comunidades y sus pueblos.
Como sabemos, los derechos humanos encuentran su límite en la propia Constitución. Esto significa que el hecho que las comunidades indígenas puedan evocar el uso y costumbres en sus asuntos, no pueden ir más allá de los derechos humanos plasmados en la misma Constitución.
En la actualidad, a los pueblos indígenas se les reconoce otros derechos, entre ellos, la autonomía y la libre determinación para poder decidir en sus territorios, sus formas de organización interna, su organización política, económica, cultural, así como a dirimir sus controversias en base a sus usos y costumbres, el derecho a la identidad, el derecho al uso de la lengua, a la reproducción cultural y a la protección de los lugares sagrados, el derecho a la tierra y al uso de los recursos naturales, así como el derecho a la consulta cuando los proyectos o reformas legislativas, pueda afectar la vida de sus pueblos; así también las comunidades indígenas tienen derecho a que se les pregunte de una manera libre, previa, informada y culturalmente adecuada para obtener su consentimiento o no de dichos proyectos.
Resulta imprescindible prestar atención en la construcción de una agenda de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en Tlaxcala, que sea resultado de la voluntad y cooperación de los diferentes poderes y órganos del estado, sociedad civil y toda la población que por mucho tiempo ha quedado invisibilizada; debemos reforzar las acciones para llegar a los lugares más alejados y de difícil acceso, para que los asuntos de las comunidades indígenas sean parte de la agenda del gobierno y se avance en el reconocimiento de sus derechos.
* Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
