- César Lara Cano*
En toda competencia electoral, el uso de recursos económicos es un elemento imprescindible ya que sin él, no se garantiza el éxito en la política electoral, debemos reconocer que en la actualidad es necesario e indispensable un monto mínimo de dinero para la participación política, aunque es importante señalar que esa base mínima en la actualidad no es la misma que la de hace diez o veinte años, pues si se comparan esos montos mínimos se dará uno cuenta de la gran diferencia existente, puesto que en la actualidad los gastos de campaña de los partidos políticos han aumentado considerablemente; en México, el recurso económico que se les proporciona a los partidos políticos para su financiamiento, es público, es decir, es dinero que proviene de las arcas públicas del país y por tal razón ha sido necesario establecer un sistema rígido de fiscalización.
Por lo anterior, en el tema de financiamiento en la política, es necesaria su regulación ya que de lo contrario se estaría en el supuesto de que el financiamiento en la política se viera trastornado por grandes grupos económicos o el crimen organizado, entre otros, siendo necesario en términos de transparencia una serie de políticas públicas y mecanismos jurídicos que garanticen su efectividad y así tener elementos para lograr gobiernos tanto eficientes como honestos que den como consecuencia su apego a la democracia. La fiscalización ha sido definida como: "El Proceso mediante el cual la autoridad vigila el uso de los recursos públicos (económicos, humanos y materiales). Es decir, la acción por la que se evalúan y revisan las acciones del gobierno considerando su veracidad, racionalidad y el apego a la ley" (Arteaga, Armando, Aimé Figueroa. Cuenta pública en México. Evaluando el laberinto de fiscalización superior. Universidad de Guadalajara. México. 2005. P.36).
El financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes, es la plataforma sobre la que se construye la equidad y los procesos electorales; en nuestro país, el Instituto Nacional Electoral, tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de tales recursos, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad; por lo que la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral, igualmente tiene como fin que los partidos políticos destinen los recursos exclusivamente a los tres tipos de gastos que son: Actividades ordinarias, consistentes en salarios, rentas, gastos de estructura partidista, propaganda de carácter institucional, así como los necesarios para el sostenimiento y funcionamiento de sus actividades sectoriales y territoriales. Gasto de proceso electoral que realizan los partidos durante las precampañas y campañas para difundir las propuestas de sus candidatos, como son: propaganda electoral, la publicidad, realización de eventos públicos, anuncios y producción de mensajes para radio y televisión, entre otros. Gastos de actividades específicas, consistentes en la educación y capacitación para promover la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos, incluyéndose igualmente los referentes a la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgo político de las mujeres, rubro al cual los partidos deben destinar el 3% del total del financiamiento que reciben.
El INE audita, además de los partidos políticos, nacionales y locales, a las coaliciones entre partidos, los precandidatos y candidatos, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones que pretenden obtener el registro como partido político, a las organizaciones, así como a los candidatos independientes de todo el país.
*Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva / Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala
