- Andrés Corona Hernández*
Además de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, que produce el Coronavirus y que complicó en demasía la aceptación de la ciudadanía para ser funcionarios de mesa directiva de casilla, aún falta ver el porcentaje de participación el día de la jornada electoral. Contra este virus la Secretaría de Salud está aplicando vacunas a las personas de la tercera edad y por lo menos mantienen la esperanza de que pronto seguirán los de 50 años y menos.
Pero existe otra pandemia de carácter nacional que aqueja al Instituto, que es el de las fake news, ataques en redes sociales y medios impresos generada y alimentada por el partido en el gobierno debido a dos decisiones sustentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, reglamentaria del artículo 41 constitucional.
La primera tiene que ver con prohibir la sobrerrepresentación de un partido en las Cámaras, es decir, no puede tener más curules o escaños que votos recibidos, tal como lo dispone el artículo 54, fracción V, que a la letra dice: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida…” El truco fue que se registraron por un partido de los que integraron la coalición “Juntos Haremos Historia” y una vez que resultaron electos, regresaron al partido de origen, lo que permitió obtener más curules que votos recibidos a ese partido. Cuando el Consejo General del Instituto tomó la determinación de aplicar la Ley, que fue creada por los legisladores y no por el INE, inmediatamente vino una andanada de descalificaciones y ataques al órgano electoral.
México es un país surrealista y cualquier cosa puede suceder, resulta hasta cierto punto entendible que, quien pierde, culpe al árbitro por su derrota, pero en el caso mexicano quien ganó lo ataca y quienes perdieron lo defienden, así las cosas, en México. La segunda decisión que tiene en el ojo del huracán al Instituto fue la decisión de cancelar las candidaturas a diferentes cargos a 60 militantes de Morena, por no cumplir con la entrega en tiempo y forma de los gastos de precampaña. Entre los cargos de mayor importancia para el partido están las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, que ya provocaron toma de instalaciones de las Juntas Local y Distritales en ambas entidades, como si con estas acciones se cambiará la disposición de la Ley.
Los argumentos de los candidatos cancelados son inverosímiles, dicen que ellos los eligieron representantes de la cuarta transformación en la entidad y no les dijeron que eran precandidatos, ¿entonces como obtuvieron la candidatura cuando hubo más de un aspirante al cargo? En las redes sociales de uno de los candidatos quedaron registrados los promocionales en que hizo clara alusión de que él era precandidato. Aquí aplica el principio general del derecho: “la ignorancia de la Ley no exime su cumplimiento”. La LGIPE, establece con toda claridad que: “Sí un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido y hubiese obtenido la mayoría en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrán ser registrados legalmente como candidatos…” el mismo ordenamiento legal prevé la cancelación de la candidatura. Nuevamente los ataques contra los consejeros que votaron a favor de quitar las candidaturas a quienes no cumplieron con la ley no se hicieron esperar, desde el presidente de la República que dijo que, ahora el INE dice quién es o no candidato convirtiéndose en el gran electoral de los conservadores, pasando por los candidatos afectados y lo más grave por el presidente del partido, que condujo la elección de las y los consejeros que conforman el actual consejo general del Instituto; y fue más allá, expresó que están analizando si continua o desaparecen al órgano electoral.
No se puede jugar, si y solo si, el árbitro marca a mi favor, en caso contrario, sino me gusta pido que lo cambien o que desaparezcan las reglas que no me convienen o no me gustan. Al final, la última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que deberá ratificar o rectificar la decisión de la autoridad administrativa. Nosotros podemos evitar esta pandemia al informarnos de las decisiones que toman las autoridades electorales sin filias ni fobias, y darnos cuenta de que minar la credibilidad de los árbitros electorales, no abona al desarrollo del proceso electoral más grande de la historia.
- *Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutivo
- Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala