En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, en Tlaxcala se percibe un ambiente de libertades propio de la democracia.
En los últimos días, agrupaciones de mujeres y colectivos defensores de derechos humanos han expresado su interés de manifestarse de manera pacífica y ordenada para solicitar atención a diversos planteamientos encaminados a garantizar a las mujeres de Tlaxcala una vida libre de violencia. También, han coincidido en demandar respeto a su derecho de expresarse y manifestarse libremente, y en rechazar que partidos y candidatos se abstengan de aprovechar sus actividades con fines político-electorales.
Claramente, en un régimen democrático, el ejercicio de derechos resulta esencial para la adecuada convivencia social, y en nuestro estado existen condiciones para ello.
En Tlaxcala, que posee una larga tradición democrática, las mujeres y los hombres son libres para reunirse y para expresar sus ideas. Tan es así que la entidad ocupa el séptimo lugar nacional en el indicador Participación Ciudadana del subíndice Sistema Político del Índice de Competitividad Estatal 2023, a cargo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Contrario a lo que algunas voces sostienen, en los hechos las autoridades estatales han respetado ese derecho ciudadano. Sin embargo, y como es su obligación, éstas han tenido que cuidar que, sin menoscabo de garantizarlo, su ejercicio no afecte los derechos de terceros.
Mantener la paz social y, al mismo tiempo, asegurar la libertad de manifestación, es posible, sin duda alguna, cuando las razones que motivan la necesidad de expresarse en espacios públicos no solamente son legítimas, sino también pacíficas y respetan los derechos de terceros.
Precisamente, durante la reciente asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública (CNSSSP) se generaron acuerdos para que este 8 de marzo sea una jornada en la que las mujeres en México puedan ejercer sus derechos de forma pacífica. Y uno de estos acuerdos es que cada entidad federativa cuente con un plan operativo para el despliegue de personal de seguridad, preferentemente mujeres, para garantizar su derecho de manifestación, expresión y reunión.
Por ello, resulta relevante que Tlaxcala se haya adelantado con la creación de la Policía de Género y la implementación del Protocolo de Actuación Policial para cuidar que la actuación de las instituciones de seguridad pública y ciudadana se apegue a derecho en el cumplimiento de tres objetivos básicos: la protección de mujeres manifestantes, defensoras de derechos humanos y periodistas; el cuidado de terceras personas que, sin participar en las manifestaciones, estén presentes en sus recorridos; y la salvaguarda de los monumentos históricos y el patrimonio de locatarios del centro de la ciudad capital.
La apuesta de las autoridades, como lo han manifestado ya, es privilegiar el diálogo en la atención de demandas y planteamientos en el marco del llamado 8M cuando surjan tensiones entre la libertad de expresión y los derechos de terceros.
Por eso, la Policía de Género y el Protocolo serán de utilidad sustantiva para dar acompañamiento a quienes participen en las manifestaciones convocadas por agrupaciones y colectivas feministas, de modo que la presencia de seguridad pública no puede ser entendida como una provocación o un intento de reprimir o afectar a quienes salgan a expresar sus ideas, sino como la garantía del Estado de salvaguardar la seguridad de las personas manifestantes y de terceros, así como del patrimonio público y privado.
Vale la pena confiar en que, al final del día, lo sustancial será recordar la importancia de las mujeres en nuestra sociedad, valorar sus conquistas en el tiempo, y reflexionar sobre los desafíos para lograr un mundo igualitario, libre de violencia y sin discriminación.
