El caso Xicohtzinco no ha sido resuelto por diputados locales, quienes inmersos en un proceso burocrático han alargado y enfriado una decisión que pudiera cambiar el rumbo del municipio del sur del estado, o de plano acrecentar el malestar generalizado del pueblo.
Los legisladores actúan sigilosamente ante un problema que reclama la desaparición de un ayuntamiento inestable y poco transparente, en una comuna donde impera la ingobernabilidad.
Al cumplirse mes y medio del crimen de un ciudadano, los congresistas avanzan en el trámite y al cumplirse tiempos han desaparecido la Comisión Especial, para dar paso a la Comisión de Puntos Constitucionales y luego a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, que todavía analizará el expediente para determinar si procede o no comenzar con un procedimiento de juicio político.
En este juego, de ver o no ver hechos concretos y la situación real de Xicohtzinco, al parecer existen argumentos suficientes para acabar con la figura del ayuntamiento, como el mal uso de recursos públicos y los actos violentos, en los que estuvieron involucradas personas identificadas con el alcalde Luis Ángel Barroso.
El grupo disidente en contra de quien gobierna ha recabado múltiples pruebas en las que muestra irregularidades administrativas, desde que el alcalde Luis Ángel Barroso Ramírez se desempeñó como director de obras públicas en su propio municipio.
Pero el tema Xicohtzinco sigue flotando, por lo que tener una salida salomónica, que beneficie a Barroso Ramírez prenderá más a los inconformes y la inestabilidad tomará un rumbo más complicado en tiempos en los que la ciudadanía exige claridad en el ejercicio de gobierno y no la protección de quienes evidentemente han hecho mal uso del erario y que su presencia es para beneficio personal o de unos cuantos.
La pregunta es: ¿Pesan más los acuerdos políticos, que la voluntad del pueblo?
SEGURIDAD
Los acuerdos entre los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, de llevar a cabo más operativos y de mayor relevancia en la zona limítrofe entre ambas entidades, viene a satisfacer una necesidad que los habitantes de la zona sur han pedido a gritos.
Una mayor vigilancia en los puntos de acceso carretero limitará el tráfico de delincuentes, que es claro, no solo lo hacen en estos dos estados, sino en todo el país.
Además la construcción por el Ejecutivo estatal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), con una inversión de alrededor de los 300 millones de pesos, será benéfico para vigilar territorio estatal y principalmente la frontera Puebla y Tlaxcala, que muchos problemas genera por el hallazgo de personas muertas que son arrojadas a barrancas, terrenos de cultivo, colonias poco habitadas o, incluso, en laterales de carreteras federales.
