Qué distinto sería nuestro estado, si se cumpliera mínimamente con la Ley. Desde mis inicios como parlamentaria mexicana he respaldado la creación de programas sociales que fortalezcan a las familias mexicanas e impulsen su desarrollo, desde la creación de la pensión para adultos mayores a principios de los años dos mil, hasta la elevación a rango constitucional de dichos programas, para garantizar que llegue quien llegue, esté quien esté, las y los mexicanos cuenten con esos derechos.
Lamentablemente, la creación de programas sociales trajo como consecuencia su uso indebido desde los gobiernos, para presionar a los ciudadanos a incidir en uno u otro partido, bajo la amenaza de que, de no hacerlo, les quitarían dichos apoyos, lo que ocasionó que fueran integrados candados legales que castiguen a quien haga mal uso de ellos.
Es importante señalar que, cuando se establecen normas en un país, se hace con la finalidad de que mejoren las condiciones de la Nación, siempre para robustecer el estado de Derecho y fortalecer a las instituciones; sin embargo, cuando una institución es la misma que violenta la Ley, poco abona a ese desarrollo tan esperado por la población.
La Ley establece claramente que está prohibido hacer uso de los programas oficiales con fines partidistas y electorales; sin embargo, la constante violación a la Ley por parte de los gobiernos de Morena, hace sospechar con fundamentos que los utilizan descaradamente para coaccionar la decisión de las personas, que es un atentado a nuestras libertades y derechos.
El retroceso en materia gubernamental que ha tenido México ha sido evidentemente grave, regresar a los años setenta, donde el poder se concentraba en un solo hombre y un solo partido, aunado al constante desacato de la autoridad del propio presidente de México, es el mejor escenario para construir una elección de Estado, como esas que creíamos eran parte del pasado, que laceraban la democracia e impedían la competencia limpia y equitativa entre el oficialismo y la oposición.
Resulta fundamental que la transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de las Leyes dejen de ser el anhelo para Tlaxcala y se conviertan en una obligación moral de las autoridades que hoy tienen como su principal aliada a la opacidad, abriendo la puerta de par en par para la corrupción y la impunidad.
Por ello, como lo anuncié en conferencia de prensa, propuse ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que en el ámbito de su competencia y con absoluto respeto a la soberanía estatal, exhorte a la Gobernadora a transparentar el uso de los recursos destinados a los programas sociales en el estado, evite hacer uso electoral de recursos públicos y transparente las evaluaciones 2021 y 2022 de los programas sociales.
Agradezco el favor de su lectura.
