Una realidad, oficina para proteger a periodistas

Sin duda, la decisión tomada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para dar paso a la creación de la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Tlaxcala, resulta un acierto por los alcances que esta área tendrá y los beneficios para la población.

Y es que se trata de uno de los pendientes que se tenían desde hace 10 años, pues fue el 20 de mayo de 2012 cuando se aprobó por primera vez la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, cuyo ordenamiento contiene cada una de las acciones a implementar para garantizar que quienes se dedican a estas nobles tareas, cuenten con un área que los proteja y garantice el libre desempeño de su labor.

En el caso de Tlaxcala, la aplicación de esta ley pasó inadvertida por los dos gobiernos priistas encabezados por Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez, quienes simplemente hicieron caso omiso a las disposiciones establecidas, aunque esto práctIcamente se vio reflejado en la mayoría de las entidades federativas y por la federación.

De hecho, fue hasta 2017, cuando finalmente se dio un paso muy importante con la creación del Protocolo de Coordinación Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues en este documentos se establecieron los procedimientos a seguir cada vez que un defensor de derechos humanos o periodista lo solicitara por considerar que su integridad física, la de sus familias, incluso su patrimonio se encontraban en riesgo.

Actualmente, solo una tercera parte de las entidades federativas ha optado por crear esta Oficina Local que trabajará de la mano con el titular del Mecanismo Nacional en la materia.

Por ello, la decisión de la mandataria tlaxcalteca se da en el momento justo, pues en las últimas semanas hemos sido testigos de las agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que resultan preocupantes, pues un solo ataque a estos sectores, representa un duro golpe a la democracia mexicana.

Entre las responsabilidades que tendrá a su cargo el titular de la Oficina Local, destacan asegurar y darle seguimiento a las medidas de protección que se ejecuten por parte de las dependencias correspondientes y que le sean solicitadas al Estado, por parte de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que hayan sufrido una agresión o amenaza.

Asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas y las de protección que se emitan en favor de los beneficiarios que se encuentren en el estado de Tlaxcala, de conformidad con los acuerdos y resoluciones, en apego a los términos y plazos establecidos en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como en su reglamento.

Dar seguimiento puntual de las medidas de prevención, protección y urgentes implementadas en el estado; participar, previo consentimiento del beneficiario, en las sesiones en que se discutan casos relacionados con Tlaxcala; e implementar, en caso dado, los protocolos, manuales y, en general, los instrumentos que contengan las mejores prácticas disponibles para el cumplimiento del objeto de la ley referida, que les sean facilitados por la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo.

Como ya se mencionó, la oficina local deberá trabajar de forma estrecha con el mecanismo nacional en la Investigación y sanción de las agresiones de las que sean objeto las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; realizar campañas de difusión con toda la información necesaria para evitar agresiones potenciales a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; desarrollar e implementar medidas de prevención para el diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales agresiones; promover las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, así como las acciones tendientes a desarrollar y consolidar métodos locales de evaluación, ejecución y seguimiento de protección.