Ahora que la Miscelánea Fiscal 2022 fue aprobada por la Cámara de Diputados sin atender las propuestas de la sociedad y de la Iniciativa Privada, confiamos en que el Senado de la República atenderá los planteamientos hechos por el sector empresarial, especialistas y representantes de organizaciones sociales para no avalar en sus términos los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y en el Código Fiscal de la Federación, que buscan otorgar un mayor control a la autoridad fiscal, pero sin tomar en cuenta las afectaciones a los derechos de los contribuyentes.
En el sector patronal, hemos manifestado en reiteradas ocasiones la importancia de que los legisladores escuchen las propuestas de todos los sectores involucrados en la materia antes de aprobar la Miscelánea Fiscal para 2022. En ese sentido, en el Parlamento Abierto para el análisis del Paquete Económico 2022, convocado por la Cámara de Diputados, en el que participaron 61 ponentes y del que surgieron 29 documentos con propuestas y observaciones, la Coparmex externó algunas preocupaciones a las reformas planteadas en más de 200 artículos de las citadas leyes fiscales.
Entre estas modificaciones, se señalaron las vinculadas en la que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sea quien determine la "razón de negocios" en fusiones y escisiones de sociedades, así como reestructuras corporativas, o que se establezcan facultades para que sea la autoridad fiscal quien determine la "simulación de actos" en facultades de comprobación, toda vez que ésta última, abre la posibilidad de darles consecuencias penales, y no sólo tributarias, a su determina
Asimismo, se hizo hincapie que, por lo que hace a la obligación de que las personas mayores de edad se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, aunque no tengan ingresos, y no exista la obligación de presentar declaraciones o que sean sancionados por su incumplimiento, hace pensar que esta medida únicamente busca un mayor control por parte de las autoridades, ya que el motivo principal de la inscripción es la generación de ingresos por los cuales se debe realizar el pago de impuestos.
Otro hecho es lo relacionado a los "Acuerdos Conclusivos", pues se manifestó con oportunidad que en tanto exista disposición de las partes para continuar, no existe razón justificada para limitar a 12 meses la temporalidad de estos, toda vez que, es una herramienta que ha resultado viable tanto para el fisco como para el contribuyente para resolver las auditorías.
Expusimos también que en la recién aprobada Miscelánea, existen mecanismos como:
- i) La facultad de la autoridad fiscal de rechazar la solicitud de Firma Electrónica Avanzada o de Certificado de Sello Digital,
- ii) Eliminar los supuestos para utilizar el procedimiento de aclaración en casos de suspensión y
- iii) Aumentar los supuestos para restringir temporalmente el Certificado, que afectan la actividad económica formal al no permitir que los contribuyentes expidan de manera ordinaria sus comprobantes fiscales, por meras presunciones.
Esto implica la parálisis mercantil de las empresas y de la formalidad.
Advertimos también que criminalizar a los profesionales de la contabilidad tampoco es una buena propuesta, pues además de violar el principio de no autoincriminación consagrado en nuestra Constitución, es desproporcional respecto al fin buscado. Atemorizar a los contribuyentes o los terceros relacionados con ellos no es una forma adecuada de crear cultura tributaria.
Por último, reiteramos nuestro llamado a los senadores de la República para que en un ejercicio de profundo análisis, en el que se atiendan las propuestas, planteamientos e inquietudes de la sociedad, legislen y reviertan las profundas deficiencias de una Miscelánea que, como la que fue aprobada por los diputados, atenta y pone un freno al crecimiento, al contrario se requiere una política fiscal que impulse la recuperación económica y el desarrollo de nuestra nación.
- * Presidente de la COPARMEX Tlaxcala
