Ante la nueva revisión a la cuenta pública del ejercicio 2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las actuales autoridades del órgano autónomo, encabezado por Jakqueline Ordóñez Brasdefer, mantienen una postura de respeto a las facultades y atribuciones locales que tiene el poder Legislativo.
Por ello, los resultados del ejercicio de reevaluación y la fiscalización de la cuenta pública de los entes, serán aceptados en la CEDH, pues de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Tlaxcala y sus municipios, el Congreso, mediante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), es la instancia competente para la investigación.
Además, el legislativo será el encargado de, en su caso, la sustanciación de los actos u omisiones de los sujetos fiscalizados que pudieran incurrir en alguna responsabilidad administrativa.
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En un comunicado, la CEDH agregó que dicha ley señala que el Pleno del Congreso es quien aprobará o no los dictámenes elaborados por la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Legislativo local, a partir de los informes individuales remitidos por el OFS.
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