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A pesar de las manifestaciones y actos violentos de los que ha sido objeto el Congreso local, los diputados no han presentado ninguna denuncia penal, solo un trabajador de la legisladora Michelle Brito Vázquez pidió justicia -mediante querella- por las lesiones de las que fue objeto el pasado jueves.
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El agredido Omar N. acudió ese día a las 23:40 horas ante el Agente del Ministerio Público del fuero común, para que inicien la investigación y abra la carpeta de investigación para que los responsables sean sancionados por los golpes que le propinaron.
En ella culpa a los integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), de ser los responsables de sus lesiones, aunque no señaló con exactitud a las personas, pues se escudaron en la muchedumbre.
En su declaración, narró el momento de su agresión, “ante el encierro (bloqueo de las instalaciones que albergan el Congreso local), aproximadamente a las 14:00 horas, me doy cuenta que hay gente saliendo por la puerta del estacionamiento que da hacia la calle Lardizábal, por lo que decido retirarme del lugar y al cruzar frente a la farmacia Luming, un grupo de personas que se encuentran del lado del Congreso corre hacia mí para detenerme y agredirme”.
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En tanto que la diputada del Partido del Trabajo, Brito Vázquez sentenció que su colaborador sigue recibiendo atención médica, toda vez que tuvo conmoción cerebral, “le dieron una buena paliza y son actos que no se deben pasar por alto”.
Agregó que confía en que la Procuraduría General de Justicia del Estado actúe conforme a derecho y se haga de las evidencias, como los videos que circulan en redes sociales.
La legisladora del Distrito Local II sostuvo que “las organizaciones campesinas llegaron para buscar pleito, porque ni siquiera sabían cómo estaba el presupuesto, esto a pesar de que se les está beneficiando con 170 millones de pesos sin intermediarios”.
Aceptó que a pesar de que preside la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, decidió no atender a los campesinos “pues no habían las condiciones para entablar diálogo”.
NO HAY MÁS DENUNCIAS EN LA PGJE
Por su lado, la PGJE informó, a través de su área de comunicación, que no recibió alguna otra denuncia, por lo que las advertencias de la presidenta de la Mesa Directiva, Mayra Vázquez Velázquez, de presentar el recurso legal en contra de los miembros de diversos sindicatos, por los desmanes que efectuaron al Palacio Legislativo el pasado jueves 17 de enero, solo quedaron en declaraciones mediáticas.
El viernes 18 de enero, la emanada del Partido Movimiento Regeneración Nacional advirtió que las querellas serían por la privación ilegal de la libertad de los diputados locales y daño en las cosas.
LAS MANIFESTACIONES
En lo que va de la legislatura local han recibido tres importantes manifestaciones, la primera fue el jueves 25 de octubre de 2018, cuando los adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 27, se apostaron frente al Legislativo para exigir que el diputado Víctor Castro López probara sus acusaciones de robo de infantes en hospitales y que ofreciera una disculpa pública, acción que nunca cumplió y tampoco fue sancionado como lo prometieron sus compañeros.
Posteriormente, el 17 de enero de 2019, el Poder Legislativo recibió otra gran expresión de inconformidad, pues los sindicalizados del “7 de Mayo”, Justo Sierra, Mártires 1910, Alberto Juárez Blancas y de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ingresaron por la fuerza al Palacio para demandar que los diputados no recortaran el presupuesto a Pensiones Civiles y a educación.
Finalmente, el jueves 23 de enero, las organizaciones campesinas CODUC, CIOAC y de la UNTA, sitiaron en forma violenta el Congreso
- 3 manifestaciones se han registrado en el Congreso local, en lo que va de la legislatura
- 1 querella presentada por un colaborador de la legisladora del Partido del Trabajo.
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