Por la aprobación de la minuta remitida por el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores, de la popularmente conocida ley 3 de 3, la mayoría de los partidos políticos en el estado celebró el hecho, además de que aseguró que ellos ya contaban con filtros para designar a sus candidatos para evitar que estuvieran en ese supuesto de deudores alimentarios o haber sido condenados por violencia familiar o de género.
Los dirigentes estatales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional y Redes Sociales Progresistas, Anabell Ávalos Zempoalteca, Carlos Augusto Pérez Hernández, Miriam Martínez Sánchez y Aurora Villeda Temoltzin, coincidieron en que esto es relevante para la protección de los derechos de las mujeres y los menores y hace justicia a todas ellas.
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En su momento, Ávalos Zempoalteca aplaudió que el Congreso haya aprobado la 3 de 3 para impedir a violentadores o deudores acceder a cargos de poder, pues era una deuda con mujeres que han padecido y ahora ven esa luz de esperanza, pues al parecer dará tiempo aprobarlo para entrar en vigor el 2024 y tener mucho cuidado de que esas personas no tengan acceso a una candidatura.
“Yo impulsé y presenté mi tres de tres, pedimos cartas de no antecedentes penales y ahora seremos más cuidadosos para que no nos engañen y todos en el PRI cuidaremos, por eso no nos preocupa este filtro, pero es bueno por los niños y mujeres, al haber muchas que trabajan intensamente para sacar adelante a sus hijos y los padres son irresponsables”, criticó.
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Por su parte, Carlos Augusto, de Morena, aceptó que es un gran avance para la mujer en terreno político, económico y moral, y el partido es aliados de ellas en el país y el que cuenta con más participación política de este sector, de ahí que no existe preocupación al respecto, pues nadie puede aspirar a un cargo cuando violenta los derechos.
Asimismo, dijo que posiblemente al iniciar el proceso de 2024 ya esté en vigor esta lista, pero serán atentos ante cualquier problema de sus candidatos, pues buscan la participación de hombres y mujeres comprometidos con la sociedad, por eso solicitan formatos donde el solicitante asegura no tener problema de carácter legal o que limite sus derechos y uno de carácter moral, donde se comprometen a respetar los derechos de las mujeres.
Más adelante, Miriam Martínez, del PAN, aplaudió la entrada en vigor de la reforma constitucional, pues como presidenta de ese instituto político, comentó que ha sido parte de la labor que han emprendido de manera permanente en favor de la legalidad y en defensa del bien común, por lo cual esta enmienda se suma a las diversas medidas que buscan garantizar la equidad y el respeto a la mujer, erradicando cualquier tipo de violencia o acción que afecte sus derechos.
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Desde Acción Nacional, llamaron al Congreso del Estado a asumir su responsabilidad y a la brevedad posible aprobar las enmiendas a la Constitución Política local para incluir estas conductas dentro del catálogo de supuestos, pues esa medida debe obligar a todos los partidos políticos a no postular a personas en este entendido, de ahí que en el PAN aplicarán esta regla para la designación de candidatos.
También, Aurora Villeda, de RSP, recordó que en 2021 tuvieron un simulacro pues los candidatos y candidatas firmaban de buena fe de decir la verdad en temas de esta índole, pero no había efecto jurídico y ahora ya lo habrá, con lo cual garantizará que agresores no sean candidatos y los partidos deben ser congruentes.
Sin embargo, lamentó que para estar en ese listado de deudores deba existir una sentencia firme, y para que eso sea posible es tardado y por ello las mujeres lo abandonan al ser tedioso y no tienen recurso para pagar y el tiempo tampoco, por eso en el partido les dan asesoría gratuita para sacarlo adelante, aunque continuarán con la documentación y manifiesto de buena fe, pero lo revisarán para tener candidatos que aporten algo.
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DATO:
La Ley conocida como 3 de 3 tiene el objetivo de suspender los derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, en los tres órdenes de gobierno o de elección popular, a los agresores sexuales, deudores alimentarios o que cometieron algún tipo de violencia contra mujeres
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