/ viernes 16 de marzo de 2018

Anatomía de lo social

Preocupaciones

El hombre juicioso solo piensa en sus males cuando ello conduce a algo práctico; todos los demás momentos los dedica a otras cosas. Bertrand Russell

Ante el desconocimiento de los procesos, o bien de su origen, se ha provocado la incertidumbre entre los ciudadanos, particularmente en la aplicación y resultados generados a partir de las decisiones de algunos funcionarios de gobierno, tal es el caso del reciente rescate a la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA); así como la aprobación de permitirle a las autoridades policiacas, bajo presumible sospecha, la revisión de un vehículo, así como de la persona que lo conduzca; sin duda, no habrá explicaciones, quedando la posibilidad de ser sometidos al arbitrio de las mismas autoridades.

Para quienes prestaron sus servicios al servicio del estado, les ha surgido, legítimamente, el interés por saber cuáles son los motivos reales en el desvío de 400 millones de pesos de los fondos de ahorro y, en teoría, utilizarlos para “rescatar” una empresa constructora en aparente quiebra. Si se sigue toda una tendencia de “rescates” es evidente que el dinero de tantos años de trabajo, se extinguirá en las manos de la empresa ahora beneficiada, o en el “mejor” de los casos, en las manos de quienes permitieron y autorizaron la transacción.

Para algunos, esta aparente inversión de apoyo solidario a una empresa, en otros tiempos muy prestigiada, era dinero mal invertido, pues se sabía del pésimo estado financiero de la multicitada constructora; por consecuencia, se supone, el dinero ni se utilizó para comprar acciones ni para aliviar una presumible crisis y sí para repartir esa importante suma entre los que maquinaron tal perversidad.

En otro sentido, más allá de lo turbio del asunto, las dudas son en razón de hasta dónde se verán afectados los miembros de la afore Pensionissste; pues mientras las pensiones otorgadas a los trabajadores, ya inactivos, son muy raquíticas, el dinero en cuyo supuesto les pertenece se les obsequia arbitrariamente a los malos administradores y empresarios.

Sin argumentos sólidos, solo simples justificaciones, así se dice de la inversión aportada por la afore, en la participación de un 10 por ciento en la constructora, a sabiendas que las acciones habían caído más del 50 por ciento. La presunta afectación sufrida, deriva además, así se maneja, por las devaluaciones, en virtud de que la deuda, cuantificada en dólares, les ocasionó grandes pérdidas, sin embargo, a pesar de lo advertido, se siguió apoyando con dinero, dígase acciones, sin considerar que la misma ICA, había dejado de pagar su deuda.

En consecuencia se propició la desaparición de los 400 millones ya mencionados.

Aunque los trabajadores no conozcan el destino de sus ahorros, es bien cierto que los mismos, sin saberlo, financiaron a una constructora, aparentemente quebrada.

El adjetivo de la supuesta quiebra, tiene un fundamento, pues ésta no sería la primera vez que la constructora de los Ingenieros Civiles Asociados reciba tan jugosas concesiones, ya en otros sexenios se le otorgó el mismo beneficio: con Zedillo recibió grandes apoyos calculados en la actualidad en 240 mil millones de pesos; con Fox, se les restituyeron las concesiones de las carreteras; actualmente se observan todavía trabajos de esa empresa por la zona poniente del estado; dicho de otra manera, las concesiones les dieron grandes beneficios, mientras los trabajadores seguirán, recibiendo pensiones muy limitadas. Por lo tanto, entre tantos “rescates” los verdaderos paganos serán los sufridos ciudadanos comunes.

En otro orden de ideas, sin dejar de ser otra preocupación, es la referente a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al avalar una de las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, que facultan, sin existir una orden judicial, la realización de inspecciones a personas y vehículos, siempre y cuando haya una sospecha razonable o exista flagrancia en el momento de la revisión, destacándose, por quienes aprobaron la medida, que las revisiones “no deben ser motivadas por la apariencia física de los ciudadanos”.

Bajo la consideración descrita, se pueden percibir algunas deficiencias, en independencia de la resolución emitida; en una primera instancia, la decisión tiene un sentido atentatorio contra las disposiciones constitucionales, al limitar la libre circulación de los ciudadanos; ahora, cualquier individuo, de acuerdo a criterios particulares, puede ser obligado a ser revisado en su persona y en su propiedad; aunque esto pueda aparentar buenas intenciones; no se puede soslayar la falta de una cultura de la administración y aplicación de la justicia, es decir, ¿Quién asegura la actuación profesional de una autoridad que participe en este tipo de eventos?

La respuesta puede ser simple, al no existir criterios definidos para interceptar y revisar a una persona, obviamente, no habrá certeza, en el proceder; es más fácil que la interpretación incorrecta de la orden permitida propicie la corrupción, sea extorsión o amenaza, de remitir al “infractor” a un juez o agencia del ministerio público; de igual manera, cómo podrá el sujeto, en un momento dado, a demostrar el abuso de las autoridades en un procedimiento de tal categoría.

Ante la futura aplicación de esta legislación, seguramente se crearán más problemas que buenos resultados; la falta de capacitación de los agentes aplicadores de la medida, posibilitará, como ya se dijo, el abuso en contra de todos, sin importar la apariencia de la gente, entonces, ante las circunstancias impuestas se observarán en cualquier tiempo y lugar las detenciones. Seguramente se implementarán más retenes carreteros, mayor presencia militar en las calles, y menor lucha contra los grupos delincuenciales, al ocupar a la policía en la búsqueda de presuntos infractores de la ley.

A pesar de que hubo algunos ministros en contra de la resolución, la democracia venció a las minorías, tampoco importaron las impugnaciones hechas por la CNDH, lo que, por obviedad, deja en total desamparo al ciudadano en manos de autoridades sin pleno conocimiento para interpretar este tipo de leyes. Lamentable, como en otras circunstancias similares, será, como siempre el pueblo.



Preocupaciones

El hombre juicioso solo piensa en sus males cuando ello conduce a algo práctico; todos los demás momentos los dedica a otras cosas. Bertrand Russell

Ante el desconocimiento de los procesos, o bien de su origen, se ha provocado la incertidumbre entre los ciudadanos, particularmente en la aplicación y resultados generados a partir de las decisiones de algunos funcionarios de gobierno, tal es el caso del reciente rescate a la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA); así como la aprobación de permitirle a las autoridades policiacas, bajo presumible sospecha, la revisión de un vehículo, así como de la persona que lo conduzca; sin duda, no habrá explicaciones, quedando la posibilidad de ser sometidos al arbitrio de las mismas autoridades.

Para quienes prestaron sus servicios al servicio del estado, les ha surgido, legítimamente, el interés por saber cuáles son los motivos reales en el desvío de 400 millones de pesos de los fondos de ahorro y, en teoría, utilizarlos para “rescatar” una empresa constructora en aparente quiebra. Si se sigue toda una tendencia de “rescates” es evidente que el dinero de tantos años de trabajo, se extinguirá en las manos de la empresa ahora beneficiada, o en el “mejor” de los casos, en las manos de quienes permitieron y autorizaron la transacción.

Para algunos, esta aparente inversión de apoyo solidario a una empresa, en otros tiempos muy prestigiada, era dinero mal invertido, pues se sabía del pésimo estado financiero de la multicitada constructora; por consecuencia, se supone, el dinero ni se utilizó para comprar acciones ni para aliviar una presumible crisis y sí para repartir esa importante suma entre los que maquinaron tal perversidad.

En otro sentido, más allá de lo turbio del asunto, las dudas son en razón de hasta dónde se verán afectados los miembros de la afore Pensionissste; pues mientras las pensiones otorgadas a los trabajadores, ya inactivos, son muy raquíticas, el dinero en cuyo supuesto les pertenece se les obsequia arbitrariamente a los malos administradores y empresarios.

Sin argumentos sólidos, solo simples justificaciones, así se dice de la inversión aportada por la afore, en la participación de un 10 por ciento en la constructora, a sabiendas que las acciones habían caído más del 50 por ciento. La presunta afectación sufrida, deriva además, así se maneja, por las devaluaciones, en virtud de que la deuda, cuantificada en dólares, les ocasionó grandes pérdidas, sin embargo, a pesar de lo advertido, se siguió apoyando con dinero, dígase acciones, sin considerar que la misma ICA, había dejado de pagar su deuda.

En consecuencia se propició la desaparición de los 400 millones ya mencionados.

Aunque los trabajadores no conozcan el destino de sus ahorros, es bien cierto que los mismos, sin saberlo, financiaron a una constructora, aparentemente quebrada.

El adjetivo de la supuesta quiebra, tiene un fundamento, pues ésta no sería la primera vez que la constructora de los Ingenieros Civiles Asociados reciba tan jugosas concesiones, ya en otros sexenios se le otorgó el mismo beneficio: con Zedillo recibió grandes apoyos calculados en la actualidad en 240 mil millones de pesos; con Fox, se les restituyeron las concesiones de las carreteras; actualmente se observan todavía trabajos de esa empresa por la zona poniente del estado; dicho de otra manera, las concesiones les dieron grandes beneficios, mientras los trabajadores seguirán, recibiendo pensiones muy limitadas. Por lo tanto, entre tantos “rescates” los verdaderos paganos serán los sufridos ciudadanos comunes.

En otro orden de ideas, sin dejar de ser otra preocupación, es la referente a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al avalar una de las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, que facultan, sin existir una orden judicial, la realización de inspecciones a personas y vehículos, siempre y cuando haya una sospecha razonable o exista flagrancia en el momento de la revisión, destacándose, por quienes aprobaron la medida, que las revisiones “no deben ser motivadas por la apariencia física de los ciudadanos”.

Bajo la consideración descrita, se pueden percibir algunas deficiencias, en independencia de la resolución emitida; en una primera instancia, la decisión tiene un sentido atentatorio contra las disposiciones constitucionales, al limitar la libre circulación de los ciudadanos; ahora, cualquier individuo, de acuerdo a criterios particulares, puede ser obligado a ser revisado en su persona y en su propiedad; aunque esto pueda aparentar buenas intenciones; no se puede soslayar la falta de una cultura de la administración y aplicación de la justicia, es decir, ¿Quién asegura la actuación profesional de una autoridad que participe en este tipo de eventos?

La respuesta puede ser simple, al no existir criterios definidos para interceptar y revisar a una persona, obviamente, no habrá certeza, en el proceder; es más fácil que la interpretación incorrecta de la orden permitida propicie la corrupción, sea extorsión o amenaza, de remitir al “infractor” a un juez o agencia del ministerio público; de igual manera, cómo podrá el sujeto, en un momento dado, a demostrar el abuso de las autoridades en un procedimiento de tal categoría.

Ante la futura aplicación de esta legislación, seguramente se crearán más problemas que buenos resultados; la falta de capacitación de los agentes aplicadores de la medida, posibilitará, como ya se dijo, el abuso en contra de todos, sin importar la apariencia de la gente, entonces, ante las circunstancias impuestas se observarán en cualquier tiempo y lugar las detenciones. Seguramente se implementarán más retenes carreteros, mayor presencia militar en las calles, y menor lucha contra los grupos delincuenciales, al ocupar a la policía en la búsqueda de presuntos infractores de la ley.

A pesar de que hubo algunos ministros en contra de la resolución, la democracia venció a las minorías, tampoco importaron las impugnaciones hechas por la CNDH, lo que, por obviedad, deja en total desamparo al ciudadano en manos de autoridades sin pleno conocimiento para interpretar este tipo de leyes. Lamentable, como en otras circunstancias similares, será, como siempre el pueblo.