/ viernes 1 de febrero de 2019

Anatomía de lo Social

Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela.

Pitágoras de Samos

Nomenclaturas institucionales

Como era de esperarse, los cambios de nomenclatura en el gobierno o, mejor dicho, en el nombre de algunas instituciones, así como en sus programas de asistencia social, presuponen un cambio en sus particulares tareas y, sobre todo, en la reestructuración de los procesos de atención ciudadana, aunque, obvia decirlo, no es una tarea fácil. En estos tiempos, cuando menos, se manifiesta un interés por mejorar las condiciones actuales, marcando desde ahora una diferencia; desde luego, tampoco puede haber elogios en el cambio, hasta en tanto no se distingan los resultados, sobretodo en el beneficio para los usuarios.

Bajo esta consideración, se debe esperar, con la prudencia necesaria, la difusión, de los nuevos programas y sus reglas de operación, es decir, donde se incluye toda la normatividad, así como quienes serán los sujetos elegibles para recibir cualquier tipo de apoyo; como ocurre con el programa de ayuda a los adultos mayores, bajo la exigencia, además, de cumplir con los requisitos establecidos para este fin; donde no solo debe bastar la palabra, sino también el compromiso de conducirse con verdad en la entrega de la documentación correspondiente; si así se hiciera, los apoyos económicos llegarían a los verdaderamente necesitados.

La atención a grupos vulnerables, tiene en su esencia, satisfacer una serie de necesidades de aquellos sujetos con estas características, circunstancias que han obligado al diseño e implementación de diferentes medidas, cuyo el propósito sea, cuando menos, servir como un paliativo, para aliviar esos problemas instalados en las precarias condiciones de vida de quienes así lo hacen evidente.

Por la misma naturaleza, y las diferencias entre los que menos tienen, en los modelos económicos aplicados por los sistemas gubernamentales, los programas de asistencia social se incorporan con la intención de transformar una forma de vida llena de estrecheces a otra de mayor holgura, particularmente en el ámbito de la salud, alimentación y educación, desafortunadamente, en su operación, en la gran mayoría de casos se han desvirtuado por el abuso de funcionarios y, entre otras cosas, el desvío del dinero destinado para estos fines.

Así ocurrió, para no ir tan lejos, en la creación de los diferentes programas creados a la luz de los periodos sexenales de gobierno, su denominación, quedaba sujeta a los ámbitos de intervención, así como a las instituciones que los operaban; ese fue el caso del famoso PRONASOL, establecido en el periodo de gobierno 1988-1994, programa emergente creado, según sus diseñadores, para combatir las necesidades más apremiantes en alimentación, vivienda, educación y salud de la población con menos recursos.

En su aparente constitución parecía notarse, desde entonces, una aparente justicia social, aunque, todo indicaba, era una estrategia de la incipiente política neoliberal instala en esos tiempos, de cualquier forma, se pretendía, extender las posibilidades de mejora a otros ámbitos, como el campo y la creación de empleos indirectos; en interpretaciones particulares, el programa no tuvo el éxito esperado, pues si bien es cierto hubo derroche de recursos, los mismos se aprovecharon para convertirlos, finalmente, en prospectos de participación obligada en los procesos electorales.

No solo fue entonces un programa de atención a las necesidades del pueblo, sino que se convirtió en la base para los votos corporativos y, en consecuencia, el gobierno asumió el papel de paternalista, muchos esperaban, con ansia las fechas de entrega de recursos, fueran en dinero o en especie, para después dilapidarlos, el dinero entonces, se encargó de comprar voluntades al tiempo de servir como instrumento para incorporarse a un determinado partido político; así era el estilo, y la perversión de esos programas asistencialistas.

Hubo otros modelos, con las mismas intenciones, aunque con siglas diferentes, posteriormente apareció el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), luego Oportunidades hasta llegar a Prospera, incorporándose para su aplicación instituciones como la SEP, SESA, IMSS, SEDESOL, entre otras; con este menú de participación, los presupuestos “humanitarios” suponían la atención suficiente para mejorar; sin embargo, en la distribución, solo se aplicaba un modesto porcentaje, para la operación de los programas y el resto, aunque si se entregaba, condicionaba a los beneficiarios a cumplir con una serie de actividades, con la intención de mantener un control, así como la obligatoriedad de participación en eventos ajenos a los mismos programas.

No se puede negar, ni tampoco evitar, el cuestionamiento de las formas de presión a los “beneficiarios” la asistencia a las reuniones o asambleas organizadas por los responsables o coordinadores de la entrega de los recursos, en las zonas donde de distribución se habían construido redes, entre los mismos beneficiarios, para informar de quienes, por el mérito de la participación, podían seguir siendo considerados en los padrones o, de lo contrario, también eran la parte ejecutora para decidir, a quienes se habían de excluir de los apoyos, toda vez que no eran bien vistos por los informantes, o por su nula participación en los actos políticos a los eran convocadas.

Estas y otras peculiaridades, han sido observadas por los nuevos funcionarios del gobierno, de igual manera han “descubierto” las malas artes de todos los programas de asistencia social, el abuso que se cometía en los procesos de entrega a la gente, la cooperación voluntaria para dársela a los sufridos funcionarios encargados de repartir los beneficios; la utilización de la fuerza de trabajo, en obras ajenas totalmente a los programas y lo último la obligación de asistir a marchas y mítines con fines proselitistas, es decir en cuestiones políticas; aunque se dijera que “este programa no debía ser utilizado para fines políticos…”

Para terminar, el cambio de nomenclatura, es una tendencia, más que una moda, hoy también el antiguo modelo de Prospera se transforma en el de Coordinación de Becas Benito Juárez; donde se asegura, se acabarán con todos los vicios, deficiencias y desvíos de recursos, en esta nueva etapa del asistencialismo social, los diagnósticos para determinar a los elegibles de los programas serán la pauta para demostrar que esta vez sí se transparentaran las acciones y los recursos, no habrá manipulación, ni solicitud de dadivas, pero lo mejor, estos programas no se sujetarán a ninguna presión política; por lo tanto, deberá entenderse que esta vez, los beneficios, así lo dicen, no solo se convertirán en simples cambios de nomenclaturas institucionales.

Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela.

Pitágoras de Samos

Nomenclaturas institucionales

Como era de esperarse, los cambios de nomenclatura en el gobierno o, mejor dicho, en el nombre de algunas instituciones, así como en sus programas de asistencia social, presuponen un cambio en sus particulares tareas y, sobre todo, en la reestructuración de los procesos de atención ciudadana, aunque, obvia decirlo, no es una tarea fácil. En estos tiempos, cuando menos, se manifiesta un interés por mejorar las condiciones actuales, marcando desde ahora una diferencia; desde luego, tampoco puede haber elogios en el cambio, hasta en tanto no se distingan los resultados, sobretodo en el beneficio para los usuarios.

Bajo esta consideración, se debe esperar, con la prudencia necesaria, la difusión, de los nuevos programas y sus reglas de operación, es decir, donde se incluye toda la normatividad, así como quienes serán los sujetos elegibles para recibir cualquier tipo de apoyo; como ocurre con el programa de ayuda a los adultos mayores, bajo la exigencia, además, de cumplir con los requisitos establecidos para este fin; donde no solo debe bastar la palabra, sino también el compromiso de conducirse con verdad en la entrega de la documentación correspondiente; si así se hiciera, los apoyos económicos llegarían a los verdaderamente necesitados.

La atención a grupos vulnerables, tiene en su esencia, satisfacer una serie de necesidades de aquellos sujetos con estas características, circunstancias que han obligado al diseño e implementación de diferentes medidas, cuyo el propósito sea, cuando menos, servir como un paliativo, para aliviar esos problemas instalados en las precarias condiciones de vida de quienes así lo hacen evidente.

Por la misma naturaleza, y las diferencias entre los que menos tienen, en los modelos económicos aplicados por los sistemas gubernamentales, los programas de asistencia social se incorporan con la intención de transformar una forma de vida llena de estrecheces a otra de mayor holgura, particularmente en el ámbito de la salud, alimentación y educación, desafortunadamente, en su operación, en la gran mayoría de casos se han desvirtuado por el abuso de funcionarios y, entre otras cosas, el desvío del dinero destinado para estos fines.

Así ocurrió, para no ir tan lejos, en la creación de los diferentes programas creados a la luz de los periodos sexenales de gobierno, su denominación, quedaba sujeta a los ámbitos de intervención, así como a las instituciones que los operaban; ese fue el caso del famoso PRONASOL, establecido en el periodo de gobierno 1988-1994, programa emergente creado, según sus diseñadores, para combatir las necesidades más apremiantes en alimentación, vivienda, educación y salud de la población con menos recursos.

En su aparente constitución parecía notarse, desde entonces, una aparente justicia social, aunque, todo indicaba, era una estrategia de la incipiente política neoliberal instala en esos tiempos, de cualquier forma, se pretendía, extender las posibilidades de mejora a otros ámbitos, como el campo y la creación de empleos indirectos; en interpretaciones particulares, el programa no tuvo el éxito esperado, pues si bien es cierto hubo derroche de recursos, los mismos se aprovecharon para convertirlos, finalmente, en prospectos de participación obligada en los procesos electorales.

No solo fue entonces un programa de atención a las necesidades del pueblo, sino que se convirtió en la base para los votos corporativos y, en consecuencia, el gobierno asumió el papel de paternalista, muchos esperaban, con ansia las fechas de entrega de recursos, fueran en dinero o en especie, para después dilapidarlos, el dinero entonces, se encargó de comprar voluntades al tiempo de servir como instrumento para incorporarse a un determinado partido político; así era el estilo, y la perversión de esos programas asistencialistas.

Hubo otros modelos, con las mismas intenciones, aunque con siglas diferentes, posteriormente apareció el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), luego Oportunidades hasta llegar a Prospera, incorporándose para su aplicación instituciones como la SEP, SESA, IMSS, SEDESOL, entre otras; con este menú de participación, los presupuestos “humanitarios” suponían la atención suficiente para mejorar; sin embargo, en la distribución, solo se aplicaba un modesto porcentaje, para la operación de los programas y el resto, aunque si se entregaba, condicionaba a los beneficiarios a cumplir con una serie de actividades, con la intención de mantener un control, así como la obligatoriedad de participación en eventos ajenos a los mismos programas.

No se puede negar, ni tampoco evitar, el cuestionamiento de las formas de presión a los “beneficiarios” la asistencia a las reuniones o asambleas organizadas por los responsables o coordinadores de la entrega de los recursos, en las zonas donde de distribución se habían construido redes, entre los mismos beneficiarios, para informar de quienes, por el mérito de la participación, podían seguir siendo considerados en los padrones o, de lo contrario, también eran la parte ejecutora para decidir, a quienes se habían de excluir de los apoyos, toda vez que no eran bien vistos por los informantes, o por su nula participación en los actos políticos a los eran convocadas.

Estas y otras peculiaridades, han sido observadas por los nuevos funcionarios del gobierno, de igual manera han “descubierto” las malas artes de todos los programas de asistencia social, el abuso que se cometía en los procesos de entrega a la gente, la cooperación voluntaria para dársela a los sufridos funcionarios encargados de repartir los beneficios; la utilización de la fuerza de trabajo, en obras ajenas totalmente a los programas y lo último la obligación de asistir a marchas y mítines con fines proselitistas, es decir en cuestiones políticas; aunque se dijera que “este programa no debía ser utilizado para fines políticos…”

Para terminar, el cambio de nomenclatura, es una tendencia, más que una moda, hoy también el antiguo modelo de Prospera se transforma en el de Coordinación de Becas Benito Juárez; donde se asegura, se acabarán con todos los vicios, deficiencias y desvíos de recursos, en esta nueva etapa del asistencialismo social, los diagnósticos para determinar a los elegibles de los programas serán la pauta para demostrar que esta vez sí se transparentaran las acciones y los recursos, no habrá manipulación, ni solicitud de dadivas, pero lo mejor, estos programas no se sujetarán a ninguna presión política; por lo tanto, deberá entenderse que esta vez, los beneficios, así lo dicen, no solo se convertirán en simples cambios de nomenclaturas institucionales.