Responsabilidad compartida

Arturo Duen Torres

Como una buena medida, por parte de las autoridades gubernamentales, es la intervención en los procesos del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en particular respecto de los créditos obtenidos por los trabajadores para la obtención de una casa-habitación. Este fue un ofrecimiento realizado por el Ejecutivo de la nación.

En el discurso, desde luego, todo parece alentador, los trabajadores que se encuentran en este supuesto tendrán la certidumbre de contar con las escrituras respectivas de ese patrimonio adquirido a muy largo plazo; desde luego, habrán de incorporarse al Programa de Responsabilidad Compartida y cumplir con los requisitos establecidos en su operación.

En adicional a la propuesta, parece implícito, se acabarán con todas las deficiencias, así como los problemas ocasionados por los excesos del Instituto y, muchas veces, por la negligencia de los beneficiarios, al no atender el estatus de sus créditos; de alguna manera, con este programa se presenta la oportunidad de regularizar una deuda, como ya se ha señalado en otra ocasión, impagable por los altos intereses cobrados.

Aunque en otro periodo de gobierno se había prometido la conversión de cualquier tipo de pagos tasados en salarios mínimos (VSM) a la unidad de medida y actualización (UMA), nunca se pudo observar en la realidad este ofrecimiento; ahora, con la propuesta de convertir los pagos en salarios mínimos a pesos, se establece la posibilidad de reducir los montos, dígase cantidades, en los créditos ya mencionados; también aquí queda la posibilidad de verificar, en la instancia correspondiente, los cambios en las cantidades contratadas.

Se espera también se acabe con los agravios provocados por los establecimientos de cobranza contratados por el mismo Instituto, para amenazar a los acreditados con quitarles la vivienda, ya de su propiedad, por no pagar una o dos mensualidades; este abusivo comportamiento ignora la situación de las personas, en su ambiente laboral, es decir, cuando se pierde el empleo se provoca, por consecuencia, la imposibilidad de amortizar a la cuenta, sin embargo, además de llamarlos “morosos” les amenazan con la recuperación de la vivienda; no son pocos los casos en donde la gente decide abandonar la vivienda y perder lo ya pagado ante el temor del despojo; no se diga tampoco de quienes han enfermado de gravedad por el miedo de quedarse sin la protección de una casa.

Una de la partes más importantes, en la propuesta, es el fin de las deudas inacabables, aunque en ese tipo de créditos otorgados por el Infonavit, tienen una vigencia de 30 años, cuando se revisan los estados de cuenta, todo indica lo contrario, se sabe de casos cuyo tiempo de pago ya es de veinte años, en los estados de cuenta aparecen cantidades superiores a la cantidad recibida en el crédito; dicho de otra manera, a pesar de tanto tiempo pagando, la deuda no ha disminuido, por el contrario, ha ido en aumento, por lo tanto, no se puede suponer que el pago se termina en los diez años subsecuentes.

Aunque parezca innecesario, también hay otros casos, se espera los contemple el programa, como aquellos en cuanto el posesionario de una vivienda pretende adelantar o abonar a su crédito cantidades importantes en pagos adelantados, esperando con ello reducir el tiempo de pago, en contrasentido, el dinero depositado aparentemente abonado al capital, el Instituto lo abona al pago de intereses y, por obviedad, la deuda no se reduce ni en tiempo ni en dinero.

Más allá de los discursos, el interés general quedará centrado en la iniciación del programa, sin soslayar los resultados de tan singular proyecto; al transformar, sin necesidad de cambiarle el nombre, todos los procesos en el pago de las viviendas, la oportunidad de adquirir un crédito bajo otras condiciones de pago, y desde luego, la certeza de contar con un documento notarial que asegure legalmente la posesión de ese patrimonio.

Entonces, por el momento habrá que esperar a ver si en efecto esa conversión de pagos, la creación de una tabla de pagos y la tasa fija, se aplican oportunamente, considerando hasta entonces la certidumbre a las familias mexicanas que cuentan con una vivienda entregada por el Infonavit.

Otro aspecto que parece sobresaliente es cuando se refiere a beneficiar a los que menos tienen en cuanto la deuda no aumente y sus pagos queden “congelados” al pagar, en lo subsecuente, en pesos, pero sobre todo se realicen los ajustes necesarios, contablemente, para poder considerar la posibilidad de acabar con esta deuda, hasta hoy impagable; así se entendió el mensaje expresado hace unos días por el Director General del Infonavit.

De lo aparentemente destacable, dicho en el discurso, será la alineación del financiamiento Infonavit a la Política Nacional de Vivienda, que será presentada en el mes de abril, en cuyo contenido se destacan “las preferencias de los trabajadores (autoconstrucción); un nuevo modelo de cobranza social en alianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el rescate de la vivienda abandonada con un enfoque de la recuperación del entorno”.

En estas consideraciones sobre lo que se estaba haciendo y lo que se pretende hacer, cuando menos como se ha dicho en otros momentos, se hace evidente el interés de mejorar las condiciones actuales, en este caso de la vivienda de los trabajadores, así como del vínculo creado mediante un crédito de proporciones desiguales.

No se puede soslayar, aunque parezca reiterativo, por un lado el alto costo de la vivienda junto con los intereses cobrados y, en contrasentido, el referente a la mala calidad de los materiales usados en la construcción, aunque es un tema al parecer no considerado, debe ser importante, pues no solo los créditos quedan en la discusión sino también la calidad de las construcciones, consideradas como un patrimonio que, se supone, es para toda la vida.

Cuando se puedan apreciar los resultados; de ese descuento del 55 por ciento promedio ofrecido; de la conversión del pago de salarios mínimos a pesos; se den los finiquitos de los créditos y se obtengan los documentos notariales de la propiedad y, además, con el concurso de los involucrados en el cumplimiento de los requisitos del programa, se podrá decir que se actuó bajo una responsabilidad compartida.

Es el cambio, el cambio continuo, el cambio inevitable, el factor dominante de la sociedad actual"