/ viernes 22 de mayo de 2020

Anatomía de lo Social | Abusos

Las instituciones pasan por tres periodos: el del servicio, el de los privilegios y el del abuso.

René de Chateaubriand

Como si no fueran suficientes los daños provocados a la salud de las personas, obvio en México, por la magnificada y multicitada Covid-19, se han esparcido también los abusos en los espacios laborales, traducidos en aumento a las jornadas laborales, despidos injustificados, hasta el “desconocimiento” de las actividades esenciales, propiciando desatenciones a las normativas institucionales para cuidar los posibles contagios entre las personas.

En el discurso, la Secretaría del Trabajo, en voz de su titular, ha expresado que la contingencia no es razón para modificar las condiciones de trabajo, sin embargo, existen empresas que, haciendo caso omiso a estas declaraciones, han despedido a miles de trabajadores bajo el argumento de las bajas en la producción, por lo tanto, queda la obligatoriedad de recortar al personal contratado. Como para paliar este asunto, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ha abierto una página web para agilizar las miles de denuncias sobre despidos injustificados, luego entonces, bajo estas consideraciones, se evidencian las contradicciones interinstitucionales ante la negación de una y la afirmación de la otra.

En el apartado sobre las actividades esenciales, principalmente en el ramo de los comestibles, la supuesta tolerancia en la venta de los productos, junto con los servicios, ha propiciado el cambio de giro de algunos establecimientos, no por ir en contra de la norma, sino en el sentido de generar los ingresos suficientes para cubrir, en muchos casos, una o varias necesidades primarias, es decir, aumentaron las cifras en el comercio de esta rama.

No se puede soslayar, basado en los criterios anteriores, la “recomendación” de dialogar entre empleados y empleadores para llegar a acuerdos que permitan mantener una relación tersa entre ambos, esos piensan, sin embargo, así lo parece, para no llevar los miles de asuntos ante los tribunales laborales y no se les aumente su “pesada” carga de trabajo.

Ante las circunstancias, por las mismas necesidades, se ha incrementado el número de personas que se dedican al comercio informal, desafiando con ello los programas de la “sana distancia” y el “quédate en casa”, pues, aunque hubiera el temor del contagio, puede más la búsqueda de dinero, en aras de mantener a una familia. Por otro lado, aunque se presume una severa vigilancia por parte de las autoridades, también han aparecido algunos vivales que ofrecen “amparos” para evitar las sanciones oficiales, como siempre, gente inescrupulosa que se aprovecha del desconocimiento de la gente, para hacer de las suyas.

En otro orden, aunque en el mismo sentido, se observa el poder de las redes sociales, superando a las mismas autoridades, pues no solo son los “amparos”, también se presentan los que, escondidos en el anonimato, ofrecen tarjetas de apoyo hasta por veinticinco mil pesos, bastando únicamente llenar un formulario y compartir con algunos de los contactos; aquí lo grave del asunto es no saber cómo se allegan de los números de celular, los nombres de los usuarios, para, sin lugar a dudas, extorsionarlos con algunas cantidades de dinero.

Dentro del contexto de la contingencia igualmente ocurren otros fenómenos de mayor conflicto, permeados de violencia, y quizá, provocados por la desesperación no del encierro -dígase aislamiento-, sino por el hambre, el desempleo y la pobreza, factores que promueven, entre otras cosas, los robos, asaltos, pleitos entre los grupos de familia y los homicidios, cuya patología puede considerarse multifactorial; lo cierto es que todo esto ha provocado un auténtico caos social.

Desde otra perspectiva, la preocupación radica en la presunta “nueva normalidad”, sobre todo en los aspectos económicos originados por las descompensaciones en los ingresos, desde lo general hasta lo personal, pues se presume que la recuperación habrá de tardarse cerca de diez años aproximadamente, tiempo en el que nada bueno puede pronosticarse, y sí, los límites máximos en la pobreza, el desempleo y, por supuesto, en la salud del pueblo. Difícil, en verdad, se le presentará al gobierno y a quien los suceda al final de este sexenio.

Las instituciones pasan por tres periodos: el del servicio, el de los privilegios y el del abuso.

René de Chateaubriand

Como si no fueran suficientes los daños provocados a la salud de las personas, obvio en México, por la magnificada y multicitada Covid-19, se han esparcido también los abusos en los espacios laborales, traducidos en aumento a las jornadas laborales, despidos injustificados, hasta el “desconocimiento” de las actividades esenciales, propiciando desatenciones a las normativas institucionales para cuidar los posibles contagios entre las personas.

En el discurso, la Secretaría del Trabajo, en voz de su titular, ha expresado que la contingencia no es razón para modificar las condiciones de trabajo, sin embargo, existen empresas que, haciendo caso omiso a estas declaraciones, han despedido a miles de trabajadores bajo el argumento de las bajas en la producción, por lo tanto, queda la obligatoriedad de recortar al personal contratado. Como para paliar este asunto, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ha abierto una página web para agilizar las miles de denuncias sobre despidos injustificados, luego entonces, bajo estas consideraciones, se evidencian las contradicciones interinstitucionales ante la negación de una y la afirmación de la otra.

En el apartado sobre las actividades esenciales, principalmente en el ramo de los comestibles, la supuesta tolerancia en la venta de los productos, junto con los servicios, ha propiciado el cambio de giro de algunos establecimientos, no por ir en contra de la norma, sino en el sentido de generar los ingresos suficientes para cubrir, en muchos casos, una o varias necesidades primarias, es decir, aumentaron las cifras en el comercio de esta rama.

No se puede soslayar, basado en los criterios anteriores, la “recomendación” de dialogar entre empleados y empleadores para llegar a acuerdos que permitan mantener una relación tersa entre ambos, esos piensan, sin embargo, así lo parece, para no llevar los miles de asuntos ante los tribunales laborales y no se les aumente su “pesada” carga de trabajo.

Ante las circunstancias, por las mismas necesidades, se ha incrementado el número de personas que se dedican al comercio informal, desafiando con ello los programas de la “sana distancia” y el “quédate en casa”, pues, aunque hubiera el temor del contagio, puede más la búsqueda de dinero, en aras de mantener a una familia. Por otro lado, aunque se presume una severa vigilancia por parte de las autoridades, también han aparecido algunos vivales que ofrecen “amparos” para evitar las sanciones oficiales, como siempre, gente inescrupulosa que se aprovecha del desconocimiento de la gente, para hacer de las suyas.

En otro orden, aunque en el mismo sentido, se observa el poder de las redes sociales, superando a las mismas autoridades, pues no solo son los “amparos”, también se presentan los que, escondidos en el anonimato, ofrecen tarjetas de apoyo hasta por veinticinco mil pesos, bastando únicamente llenar un formulario y compartir con algunos de los contactos; aquí lo grave del asunto es no saber cómo se allegan de los números de celular, los nombres de los usuarios, para, sin lugar a dudas, extorsionarlos con algunas cantidades de dinero.

Dentro del contexto de la contingencia igualmente ocurren otros fenómenos de mayor conflicto, permeados de violencia, y quizá, provocados por la desesperación no del encierro -dígase aislamiento-, sino por el hambre, el desempleo y la pobreza, factores que promueven, entre otras cosas, los robos, asaltos, pleitos entre los grupos de familia y los homicidios, cuya patología puede considerarse multifactorial; lo cierto es que todo esto ha provocado un auténtico caos social.

Desde otra perspectiva, la preocupación radica en la presunta “nueva normalidad”, sobre todo en los aspectos económicos originados por las descompensaciones en los ingresos, desde lo general hasta lo personal, pues se presume que la recuperación habrá de tardarse cerca de diez años aproximadamente, tiempo en el que nada bueno puede pronosticarse, y sí, los límites máximos en la pobreza, el desempleo y, por supuesto, en la salud del pueblo. Difícil, en verdad, se le presentará al gobierno y a quien los suceda al final de este sexenio.