Anatomía de lo Social | Control

Más vale un minuto de vida franca y sincera que cien años de hipocresía.

Ángel Ganivet

Como una "brillante e innovadora" iniciativa, se concibió la creación, por ley, de un padrón, cuya utilidad será la de controlar a todos aquellos individuos poseedores de un aparato de comunicación portátil, específicamente de los celulares, para ello, se inscribieron, como requisitos que, los usuarios y/o propietarios de un aparato de telefonía, quedan obligados a registrar, además de los datos personales, sus datos biométricos, es decir, sus huellas dactilares y reconocimiento facial y del iris; si existiera desacato a esta ley, se podrá cancelar la línea y, en su caso, hasta podrían ser multados.

Esta es la esencia primaria del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil cuya creación quedo establecida en la minuta aprobada por los Senadores y turnada al ejecutivo para su aprobación, por lo tanto, así se presume, una vez declarada la iniciación de la vigencia y su promulgación en el Diario Oficial, nadie podrá quedar exento de esta obligación.

Aunque las inconformidades fueron manifiestas, no pudo evitarse esta perversión oficialista que agrede no solo los derechos humanos, sino que también trasgredirá la intimidad de quienes quedarán sometidos bajo este formato de control; como si no bastarán otros con similares intenciones, por ejemplo, la credencial para votar; donde huellas y rostro, han quedado en un mal resguardo de la instancia correspondiente, pues en algún momento, el Padrón Electoral apareció en el mercado negro para venderse al mejor postor y a un costo ridículo, generándose el temor de que la información fuera aprovechada para fines delincuenciales.

Ante lo presumiblemente consumado y más allá de otros formatos creados en sexenios anteriores así como su inevitable fracaso, desde su naturaleza y creadores, hasta su cancelación y desaparición; solo dejaron la herencia burocrática utilizada hoy en día, por algunas instituciones de Gobierno, así como en empresas de crédito, donde la huella digital del dedo índice ha sido sustituida por las huellas de todos los dedos de la mano, en algunos casos de ambas; luego entonces, las medidas de control se han ido consolidando paulatinamente.

Derivado de la imposición, la intimidad de los usuarios de este tipo de tecnología quedará expuesta al escrutinio de las autoridades correspondientes, en específico de los aplicadores de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; pues se dará por sentado que todos los diálogos los conocerán quienes se hagan cargo de esta reformada Ley; luego entonces se acabarán todas aquellas formas de comunicación entre las personas; no habrá secretos sentimentales, ni de cualquier otro tipo; pues el riesgo de ser evidenciados estará latente.

Desde otra perspectiva, y en opinión de algunos, la prisa en la aprobación de la referida Ley, no se debe a ninguna causa sobre la seguridad de la gente, tampoco a la posibilidad de evitar actos de agresividad y violencia, mucho menos a inhibir los delitos que utilizan como medio un aparato de telefonía inalámbrico, sino más bien es infiltrarse en las comunicaciones que tengan que ver con cualquier asunto que tenga que ver con la política y sus candidatos.

En este sentido, se supone que la autonomía de pensamiento y de elección, dado el caso, puede ser reprimida, al conocerse la identidad de los interlocutores; obviamente, las restricciones serán ilimitadas, peor aun cuando se hable en contrasentido al actual estado de las cosas.

Sin duda, ante la ligereza de algunos legisladores, seguramente instruidos por la superioridad, se olvidaron de la necesidad de contar con un presupuesto, alto deberá ser, por cierto, para vigilar y supervisar los millones de llamadas que ocurren en el país, desde luego también, si la secretaría del ramo cuenta con la infraestructura suficiente para llevar a cabo estas tareas y, por supuesto, del personal capacitado para cumplir con esta misión de singular importancia, en consecuencia, todo esto no previsto, ocasionará caos y posibles omisiones, hasta sanciones sin razones; cuando menos esto es lo que se espera de una Ley fraguada en el crisol de la ilegitimidad constitucional, aunque se diga lo contrario.