El dinero y no la moral es el principio de las naciones fuertes.
Thomas Jefferson
Siempre se han considerado, desde este espacio, como prioridades de atención para los gobiernos en cualquiera de sus niveles, la salud, en todas sus expresiones, así como todas aquellas áreas cuya dependencia radica en la economía del país, por eso, más allá de las cantidades de dinero considerado, debe ser reconocible la propuesta del Paquete Hacendario previsto para el año siguiente; aunque falte el aval del Congreso; todo parecería indicar su inminente aprobación por las características propias de la Legislatura. Bajo esta premisa, se estima entonces que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2021 tendrá como base fundamental atender, según las autoridades de la Secretaría de Hacienda, la salud y la educación; considerando, en una primera parte, el enfrentamiento a la pandemia que hasta el momento mantiene azolada a la comunidad del mundo, obvio, también a los mexicanos.
Respecto de la educación, se presume la asignación del presupuesto para mejorar seguramente la infraestructura y las condiciones, muy rudimentarias, en las que se encuentran todos los actores intervinientes en los procesos educativos, considerando, desde luego, las condiciones provocadas por la Covid-19.
En términos de dinero, el presupuesto de más de 6 billones de pesos, rebasando por 188 mil millones al anterior, habrá de distribuirse de acuerdo a las necesidades más sensibles de los mexicanos, según el discurso, considerándose la recuperación económica, el fortalecimiento a los programas sociales que atiende a los más vulnerables, así como el combate a la corrupción, sin soslayar la multicitada pandemia; sin embargo, en contrasentido, se manifiesta, otra vez, la política de austeridad (republicana).
Se destacan también, entre otras, dos líneas de acción relativas, la primera, a promover la reactivación económica y, la siguiente, para continuar reduciendo la desigualdad; por otro lado, en “aparentes” restricciones, se señala en la propuesta, la disminución del gasto de la Federación, estimándose un recorte de 100 mil millones de pesos, de igual manera de 60 mil millones de las participaciones en los estados, sin duda, sin entender con claridad los criterios económicos, si se percibe una contradicción, pues se incrementa el presupuesto y se reducen en gran medida las participaciones a los estados, consecuentemente, habrá muchas obras suspendidas, o hasta inconclusas.
En palabras poco entendibles, se consideran las condiciones actuales como la base para definir la distribución de los recursos, suponiéndose un avance en las condiciones planteadas por el actual gobierno, considerando, además, a la “nueva normalidad” dentro del proyecto, el factor que promueva la adaptación de la sociedad de acuerdo a lo que plantea el entorno, es decir, todo quedará sujeto a la posibilidad de vencer al coronavirus y, en adicional, pretender mejorar las condiciones de vida del pueblo.
Como siempre, los discursos y las propuestas, sin negarles la pretensión de sus objetivos, deberá notarse no solo en las grandes cantidades de dinero escritas en un documento, sino en la conversión en su valor de uso para beneficio de todos, dándoles lo que merecidamente necesitan, mejor aún, cuando las necesidades de las personas deben ser atendidas, obligatoramiente, por quienes tienen esa responsabilidad, sobretodo, si así se encuentra decretado en la Constitución de, y para, los mexicanos.
Ojalá, como una expectativa natural, los recursos presupuestados se distribuyan y se apliquen correctamente, sin escatimarlos, pues las necesidades reales de las personas no saben de números, por el contrario, necesitan observar que, efectivamente, la creación de empleos, la reducción de las desigualdades, la disminución de la pobreza, la oportunidad de acceso a los programas creados, supuestamente para atender a los más desfavorecidos, la seguridad ciudadana, entra otras tantas cosas, puedan ser tangibles.
