Estimados tlaxcaltecas, los saluda su amigo Joel Molina Ramírez. En el Senado de la República aprobamos recientemente el dictamen por el que se expide la Ley de Amnistía, que en los hechos representa el cumplimiento de uno de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador para avanzar en la pacificación del país y la reconciliación de los mexicanos.
No podemos olvidar que el modelo neoliberal no sólo benefició a una minoría a costa de la pobreza de la mayoría de la población, sino que también marcó la vida política e institucional de México con simulación y autoritarismo, lo que dejó tras de sí graves casos de corrupción gubernamental y violaciones a los derechos humanos.
En la declaración de principios de Morena está establecido con claridad nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la libertad, la justicia y la dignidad de todos, porque creemos en principios éticos y valores humanos que rigen y dan sentido al proyecto de la Cuarta Transformación.
Y esto es importante recalcarlo, porque Morena forma parte de las luchas del pueblo de México, y una de ellas es la reconstrucción del tejido social.
Ciertamente, esta norma tiene, como objetivo inmediato, descongestionar los centros penitenciarios para reducir los riesgos de contagio de Covid-19 al interior de los reclusorios del país. Sin embargo, fue una promesa de campaña del presidente López Obrador remediar las injusticias cometidas por pasados gobiernos contra aquellos mexicanos que fueron encarcelados injustamente o que fueron forzados por sus circunstancias sociales y económicas a cometer delitos.
- No debe ser extraño que surjan críticas y se generen debates en torno a esta ley, pero es imposible dejar de reconocer que muchas personas se mantienen privadas de su libertad debido a su condición de pobreza, a situaciones de exclusión y discriminación, o a que fueron víctimas de delitos, como la extorsión.
Es a estos mexicanos a quienes se otorgará el beneficio de la amnistía, no así a quienes sean reincidentes, o estén acusados de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, mucho menos feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.
Ellos generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, e incluso han puesto en evidencia su intención de volver a delinquir.
Con la Ley de Amnistía, los senadores buscamos que personas recluidas que han mostrado buena conducta, que han cumplido buena parte de su condena, y que anhelan cambiar su vida, tengan la oportunidad de hacerlo, por el bien suyo y el de sus familias.
Sus efectos serán especialmente benéficos para las personas de muy bajos recursos o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que, lamentablemente, no tuvieron una defensa adecuada.
Estimados tlaxcaltecas: legislar a favor de sectores vulnerables es un acto humanitario, pero también un paso importante hacia la reconciliación del pueblo y la pacificación de nuestro país.
La Ley de Amnistía brinda a muchos infractores una segunda oportunidad de vida, y a nuestra sociedad, la posibilidad de sanar ante tantas injusticias, porque, en varios casos, el Estado no garantizó a plenitud el derecho a un debido proceso de los indiciados o sentenciados.
No es una puerta a la impunidad por lo que pareciera la simple liberación de delincuentes, sino el camino correcto para revindicar las injusticias contra los débiles y más vulnerables, y reparar los daños causados en el pasado por una mala impartición de justicia en México.
Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.
