- Centrada compulsivamente en bajar a Ricardo Anaya, la campaña de Meade no encuentra su propio camino
- En el limbo de la PGR, las investigaciones sobre los desvíos detectados por la ASF en Sedesol y Sedatu
- Tardío, simulador y totalmente inútil, el engendro de Sistema Estatal Anticorrupción aprobado en Tlaxcala
Cualquier persona -física o moral- que enajena una propiedad tiene derecho a recibir en legítima compensación una cantidad proporcional a su precio. Si la transacción reporta utilidades al vendedor debe reportarlas al fisco, a fin de cubrir los impuestos de ley. Esto, amigo lector, es normal en esa clase de operaciones que, por lo demás, se registran todos los días y en todas partes, sin que llame la atención de nadie. Traigo el tema a colación, no en homenaje a Perogrullo, sino en afán de clarificar la acusación que, con el obvio patrocinio del PRI-gobierno y la oportunista sumatoria de Morena y su candidato, de nueva cuenta se endereza contra Ricardo Anaya, abanderado de la coalición Con México al Frente.
- MENTIRA REPETIDA
El tema no es nuevo; recrea lo publicado por El Universal hace algo más de un mes. La compra-venta que se cuestiona a Anaya resultó en efecto lucrativa, pues la sociedad de la que fue partícipe adquirió un lote baldío en 10 mdp y, luego de construir en él una nave industrial, se revendió en 54 mdp. El negocio redituó a los socios ganancias cuya carga contributiva se liquidó oportunamente. Véase el asunto de este otro ángulo: si usted o yo -o cualquier persona física o moral- vendemos, pongamos por caso, una bodega, se entiende que no nos toca averiguar si los fondos usados por el comprador tienen o no un origen legítimo; basta enterar al órgano fiscalizador y pagar los impuestos causados por la operación. Lo demás es tarea de Hacienda ¿Dónde está pues el delito?
- DENIGRA, QUE ALGO QUEDA…
Ante la imposibilidad de ocultar tras una cortina de humo los numerosos expedientes de corrupción que lo inculpan y acosan, lo que ahora busca el PRI-gobierno es propalar la idea de que todos los políticos están afectados en igual proporción por el mismo mal, ese mal al que Peña Nieto atribuye un origen cultural. Por eso discurrió incriminar a Anaya de lavado de dinero, el cual, de existir, no lo habría cometido la parte vendedora, esto es, la sociedad a la que perteneció el panista, sino la parte compradora, cuyo representante -encubierto o no- es un tal Manuel Barreiro. A este señor, un empresario queretano, se le acusa de que, para evadir los controles del Sistema de Administración Tributaria, trianguló recursos valiéndose de compañías ubicadas en paraísos fiscales y de empresas fantasma localizadas en México. Si lo hizo y se le comprueba, deberá enfrentar sus responsabilidades.
- GUION DEL ABSURDO
En el caso vs. Barreiro se pretende implicar a Anaya, basándose en dichos de dos sujetos imputados, Daniel N. y Manuel N., sedicentes consejeros financieros que solicitaron y obtuvieron el anonimato debido a que afirman haber sido hostilizados por el candidato frentista. El protagonista de esta grotesca trama es un abogado penalista, Adrián Xamán McGregor, émulo en la vida real de aquel licenciado Buitrón que personificara el gran actor cómico Héctor Suárez en su añorada serie de televisión. Se trata de un guión que Ionesco -el genio del teatro del absurdo- habría rechazado por poco convincente. Y en esas estamos, en un impasse de este nuevo episodio de la kafkiana política nacional el cual, por cierto, ya ocasionó que algún orate acelerado exigiera se le niegue a Anaya el registro como candidato a la Presidencia de la República.
- DISTINTAS VARAS DE MEDIR
A ese movimiento comercial entre particulares que, subrayo, no involucra fondos del erario, las autoridades hacendarias y judiciales le han aplicado la más potente de sus lupas. En cambio, a las anomalías detectadas por la Auditoría Superior en Sedesol y Sedatu cuando estaban -cada una en su tiempo- al mando de Rosario Robles, no se les presta atención, pese a que tocan de cerca a José Antonio Meade, y a que suponen, esas sí, desvíos importantísimos del dinero público destinado a aliviar las carencias de los mexicanos más pobres. De eso no hablan ni Nuño, ni Ochoa ni Lozano. Ni media palabra.
- NO TE PREOCUPES ROSARIO…
Del gobierno y la procuraduría aún no se conoce declaración ninguna relacionada con ese descomunal desfalco de miles de millones de pesos. Solo Rosario, la “amiga de los tlaxcaltecas”, realizó una tournée por los medios para informar -¡pobrecita ella!- que vive en la misma casa de hace 22 años, como si esa hipotética austeridad personal la eximiera de la obligación de explicar qué fin le dio a los cuantiosísimos dineros que tuvo bajo su control. Cuando por causas similares salió de la Jefatura del Distrito Federal, la señora dijo haber “actuado por amor”; en este nuevo episodio de su vida hay curiosidad por conocer qué la llevó a tolerar tamaños desvíos. Dos posibilidades: o es tonta redomada, o navega con esa bandera. Pero mas allá de disquisiciones frívolas, el caso debe aclararse. Y mejor ahora que después del 1º de julio; para entonces su costo será mucho mayor.
- VERGONZOSO
En el última tramo de su existencia como tal, la Procuraduría General de la República ha llevado a extremos de descaro inaudito su dependencia con los intereses políticos del Ejecutivo Federal. En sus lóbregas oficinas envejecen los casos más relevantes de corrupción jamás registrados en la historia contemporánea de México. Que nadie se extrañe entonces que se nos considere país líder en tan ignominiosa materia.
ANTENA ESTATAL
- DESALIENTO
En el Congreso del Estado se aprobó la pasada semana la iniciativa que da vida al Sistema Estatal Anticorrupción, un sistema al que, desde ya, se le puede augurar su total inutilidad. Este tipo de organismos, amigo lector, fueron concebidos para actuar fuera de la órbita del Poder Ejecutivo y para ser tutelados -que no manejados- por comités de ciudadanos independientes que funcionaran en colaboración con organizaciones civiles de la sociedad. Ninguna de esas condiciones se cumplen en el caso de Tlaxcala: al Fiscal Anticorrupción lo designará el titular de la Procuraduría y su rango equivaldrá al de una subprocuraduría más, en tanto que, al prescindirse de la figura intermedia de un ente seleccionador, los nombramientos ciudadanos -y los demás del sistema- quedarán en manos de los partidos representados en el Congreso. En lo personal me siento decepcionado con el hecho, y me resisto a darle la interpretación que salta a la vista de cualquier observador. La verdad, esperaba otra cosa.
