En las últimas semanas, se ha hecho patente una problemática en el transporte público de pasajeros de la entidad. Y esta problemática tiene que ver con la falta de modernización de todo el sector.
Por un lado, tenemos una legislación obsoleta en materia de comunicaciones y transportes que ya no se ajusta a las nuevas circunstancias ni de los concesionarios ni de los pasajeros. Y por otro, los avances tecnológicos han incidido en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, generando nuevas necesidades.
Sin embargo, para no extraviarnos en la ruta de solución de esta problemática debemos poner por delante lo más importante: que el transporte de pasajeros es un servicio público que debe ser normado adecuadamente por el gobierno, atendiendo las demandas de la población que lo utiliza.
Recientemente, agrupaciones de transportistas se organizaron para exigir a las autoridades que se cancele la operación de plataformas digitales que utilizan particulares para ofrecer un servicio de transporte tipo taxi en el estado, así como la circulación de unidades adaptadas conocidas como “mototaxis” en algunos municipios. Y para ello, realizaron manifestaciones que, lamentablemente, en el afán de presionar al gobierno, afectaron a terceros.
Esta situación nos debe mover a pensar en las causas de un problema que requiere de la voluntad de las partes para encontrar soluciones en beneficio de toda la sociedad.
En primer lugar, hay un marco normativo que debe actualizarse y hacerse cumplir. Nadie puede estar en contra del buen servicio y del correcto uso de la tecnología, y por eso la ley debe ser acorde a este momento, y regular cada aspecto del servicio de transporte público de personas para que no haya abusos en agravio de los pasajeros. Las plataformas deben ser reguladas, y el Congreso local, en colaboración con el Ejecutivo estatal y con la participación de los representantes del sector y de la ciudadanía, debe sacar adelante una reforma integral que responda a los desafíos actuales e inmediatos, no solo de comunicaciones y transportes, sino de movilidad, del Estado de Tlaxcala.
En segundo lugar, se tiene que analizar y atender la situación de ineficiencia que afecta la calidad del servicio, con base en la experiencia de los usuarios. Por años han sido reiteradas las quejas de los pasajeros sobre el trato inadecuado que en ocasiones reciben de los operadores, las pocas medidas de seguridad que les ofrecen para cuidar su integridad física y patrimonial en los trayectos, el mal estado de las unidades, y las tarifas establecidas que hacen caro el servicio en términos de tiempo y distancia, en comparación con el que se otorga en otros estados. El trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado tiene que responder a estas exigencias.
En tercer lugar, así como se tienen que satisfacer las demandas de los usuarios del servicio colectivo y de taxis, se tienen que escuchar y resolver los planteamientos de los concesionarios que cumplen con la normatividad vigente. Sus quejas de competencia desleal por la operación de plataformas y “mototaxis” están fundadas en el hecho de que, hasta ahora, la ley no contempla a estas como modalidades del servicio de transporte público, y que tampoco son sujetas de obligaciones como las que ellos tienen que cubrir periódicamente. Además, los concesionarios siguen siendo víctimas de robos y asaltos por la falta de condiciones de seguridad en algunas rutas y por la falta seguimiento de los acuerdos que en esta materia han hecho con las autoridades. También parecen la corrupción en la realización de trámites oficiales y en la tolerancia de prácticas como la invasión de rutas, la colocación de placas sobrepuestas, la contaminación provocada por unidades, y diversas violaciones al reglamento de tránsito y vialidad. En este sentido, se tiene que avanzar en la digitalización de trámites para hacerlos ágiles y transparentes, así como en el fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública con la efectiva coordinación de las autoridades estatales y municipales. Hay que prestar atención a lo que ocurre en otras partes, como el Estado de México, donde la desatención de este tema ya genera zozobra entre la población.
Y, en cuarto lugar, hay que revisar la situación de las concesiones y las tarifas en la entidad para generar condiciones de competencia que mejoren el servicio de transporte público.
Estimados paisanos: modernizar la situación del transporte público de personas en Tlaxcala es posible y necesario. Hay que entender que sus modalidades responden necesidades y sectores diferentes. Por ello, las autoridades del sector y los concesionarios deben ser receptivos a las exigencias de los usuarios y a las circunstancias actuales. Deben reconocer con objetividad la problemática del sector y sus desafíos, ser sensibles al cambio tecnológico y a los nuevos hábitos de consumo de la población y, en consecuencia, emprender las adaptaciones necesarias, porque hay muchos empleos y actividades económicas que dependen de eso.
Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.
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