Los países de Centroamérica han enfrentado crisis políticas severas. Todos tienen bajas capacidades institucionales y grandes y complejos problemas públicos. Ese escenario es -casi por inercia- caótico porque la sociedad enfrenta asuntos que vulneran su esfera de derechos y sus posibilidades de desarrollo, sin tener oportunidad de acudir o encontrar respaldo institucional por parte de los gobiernos. Es el fracaso del contrato social, según el cual la vida colectiva es posible en tanto las personas aceptan reglas y un orden establecido a partir del ejercicio de poder y autoridad de las instituciones. Ahí, los casos de países como El Salvador, Honduras o Guatemala destacan.
En este contexto, los riesgos de conflicto social son mayores. Si las personas encuentran que su incidencia política para mejorar su entorno es nula o marginal, entonces la política pierde sentido y la democracia aceptación. Si la suma de estos elementos está aderezada por problemas como la corrupción, es decir un entorno en que -además de baja incidencia y valoración política- los gobiernos buscan beneficios privados con herramientas de procedencia pública, entonces el problema es mayor. Aunque este contexto parezca predestinado al fracaso pleno, hay países que han sostenido esa escena como lugar cotidiano en -al menos- lo que va del siglo XXI.
El caso de Guatemala entra en esta taxonomía del fracaso político. Dicho país está, comparativamente mejor que otros en Centroamérica como El Salvador, pero -alarmantemente en crisis- si se le compara con otros como Costa Rica. Hay visos de que la tendencia es negativa, a menos que el último proceso electoral en 2023, donde resultó electo Bernardo Arévalo como presidente. El líder del “Movimiento Semilla” es un actor político de izquierda moderada que centró su campaña justo en uno de los problemas que más preocupa y que más ha erosionado el sistema político en Guatemala: la corrupción.
La coyuntura política en Guatemala -si se analiza seriamente- ofrece algunos hallazgos interesantes para países de la región con altos niveles de percepción de corrupción y polarización política. Las elecciones que tuvieron lugar hace seis meses en Guatemala rompieron con la tendencia del triunfo de partidos extremos en contextos de desconfianza política y alta percepción de corrupción. A pesar de que las personas habitaban la idea de que el cambio era necesario, no optaron -a diferencia de otros países centroamericanos- por la opción política radical. La alta percepción de corrupción jugó un papel crucial en el tipo de elección y el resultado final. En la primera vuelta de la elección general presidencial se registró una participación del 60.8 % y en la segunda vuelta de 44.98 %, la diferencia es muestra del descontento ciudadano con las opciones políticas. La crisis política antes del proceso, durante y después del proceso electoral son evidencia fehaciente de que el país está desestabilizado. Quizás la gran variable explicativa es la desazón política entre la población, causada, sobre todo, por problemas como la corrupción que ha dinamitado la confianza ciudadana en la política. Esto significa que la corrupción desestabilizó la política guatemalteca.
El gran problema de la corrupción es que sus consecuencias negativas tienen un efecto multiplicador. En el caso de Guatemala, además del daño que la corrupción ha provocado en la participación política y confianza institucional, hay aspectos económicos que también se han visto afectados. Quizás uno de los principales es el sector de la industria minera, señalada en múltiples casos por corrupción. Ahí, incluso el último ministro de Energía en Guatemala ha sido sancionado por actos corruptos. Lo grave es que, la corrupción ha provocado la desaceleración del sector minero. La corrupción generó que el sector de la minería funcione como un mercado ineficiente en la asignación de recursos -esto significa que es incapaz de asignar adecuadamente las utilidades para quienes invierten, los salarios y funciones para los trabajadores; las cargas impositivas y arancelarias para el gobierno- y por tanto el mercado ingresa a una etapa de crisis e inestabilidad.
Lo que se demuestra es que la corrupción es un problema complejo que requiere de soluciones eficaces antes de llegar a etapas avanzadas. El caso guatemalteco es demostrativo de cómo la corrupción desestabiliza.
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