En la anterior entrega mencionamos las propuestas de reforma electoral presentadas por el Presidente de la República, en esta ocasión abordaremos la primera de ellas que corresponde a la eliminación del financiamiento público respecto a sus actividades ordinarias y que dichos gastos sean cubiertos por sus militantes y simpatizantes, la propuesta dice que será “…con el objetivo de reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas.”
También señala que únicamente se les otorgará recursos para campañas, lo cual –según la propuesta- representa una disminución de 66% del financiamiento respecto a lo que actualmente se gasta; así mismo menciona que la obtención de recursos privados se establecen reglas precisas, ordenando que todos los partidos políticos identifiquen y reporten la fuente de todo recurso sin exceder los topes señalados en la legislación.
Además, señala que estará prohibido que una persona física done en un año a más de un partido político o candidato independiente y tampoco se podrá aplicar recursos obtenidos para sostenimiento de actividades ordinarias en gastos de campaña o al pago de deudas contraídas para cubrir procesos electorales anteriores.
Es importante destacar que la Constitución Federal establece que se le debe otorgar dinero público a los partidos políticos para esencialmente dos cosas, por una parte lo que se llama financiamiento para actividades ordinarias y financiamiento para obtención del voto; la diferencia consiste en que el recurso para actividades ordinaras se destina para cubrir los gastos que cotidianamente tiene un partido político, pago de salarios, rentas, luz, agua, internet, capacitación, afiliaciones, entre otras y se calcula y entrega cada año independientemente de que haya procesos electorales o no.
En cambio, el financiamiento para obtención de voto solo se otorga cuando hay proceso electoral y debe ser destinado para realizar campañas electorales, la ley ya establece como condición que estos recursos no deben destinarse para otros fines; ambos recursos deben ser fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral, quien a través de su Unidad de Fiscalización, se encarga de verificar que el recurso otorgado haya sido utilizado de manera correcta y legal, de lo contrario hay procedimientos para sancionar económicamente a los partidos políticos y candidaturas independientes.
De primera impresión la propuesta parece justificada dado el recurso que se otorga a los partidos que pareciera elevado, sin embargo, si se quiere reducir el monto de financiamiento público es posible hacerlo modificando la fórmula para asignar tal recurso, debemos recordar que es importante que los partidos políticos tengan un base que garantice equidad entre ellos, no solo en las contiendas electorales si no para fortalecer la ciudadanía y el acceso ciudadano al poder público.
Es preciso que se revisen algunas cuestiones en esta propuesta, por ejemplo las donaciones de personas morales, ya que solo incluyen personas físicas, el fortalecimiento de la Unidad de Fiscalización del INE y regular la normatividad fiscal, es importante mencionar que actualmente el recurso asignado para campañas que no es utilizado por los partidos políticos debe ser reintegrado, es posible encontrar otras alternativas para fortalecer a los partidos y sus estructuras, ya que son necesarias para el cumplimiento de sus fines que no son menores, la formación de cuadros y la capacitación femenina son algunos. Estemos pendientes de los debates que habrán de llevarse para conocer detalladamente los aspectos de esta propuesta y como impactará en la participación y fortalecimiento de los partidos políticos, que son necesarios para el equilibrio en la toma de decisiones públicas y en la formación de ciudadanía.
