/ jueves 19 de mayo de 2022

Reformar la Constitución

  • Mirna Eugenia Garduño Ruiz*

En los últimos meses, hemos escuchado mucho sobre reformas relevantes y necesarias a las leyes de nuestro país, incluidas varias reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para reformar la Constitución, se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de las y los integrantes presentes en la sesión, tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado; una de las cámaras fungirá como cámara de origen, al recibir en primer lugar la iniciativa para su análisis, y al ser aprobada en este cuerpo colegiado legislativo, el proyecto se turnará a la otra cámara para su revisión y aprobación, también por mayorá calificada.

Una vez que la iniciativa ha superado este requisito, se remite a las legislaturas de las entidades federativas, para que la mayoría de éstas, también aprueben esta reforma constitucional en los mismos términos en que se aprobó por las cámaras federales.

Esto es así, porque se trata de modificar la ley suprema de nuestro país, y por lo tanto se requiere que estos cambios provengan de un amplio consenso entre las representaciones populares en ambas cámaras.

Con este proceso complejo de reforma, se podría pensar que este tipo de cambios no son comunes en nuestro país y que esta es la principal razón por la que los analistas y los medios de comunicación le han dado tanta importancia al tema de las reformas constitucionales de los últimos meses, pero esto no es así.

El 27 de octubre de 2018, el Senado de la República publicó en su página oficial un comunicado que contiene una estadística de reformas constitucionales en nuestro país.

Hay dos datos relevantes. La Constitución cuenta con 136 artículos y, desde su promulgación, ha sufrido más de 700 reformas, 707, para ser exactos hasta esa fecha; esto nos lleva a un promedio de 5.2 cambios por cada artículo constitucional.

El segundo dato importante para el análisis es que el sexenio 2012-2018, fue el más prolífico en cuanto a cambios a la Constitución se refiere. En esos seis años se registraron 155 cambios, lo que representa el 22 por ciento del total de reformas constitucionales desde su promulgación, el 5 de febrero de 1917.

Estos datos echan por tierra el argumento de que el tema que ha estado en los medios de comunicación por ser novedoso, público y de interés.

La razón por la que las reformas constitucionales son noticia en los últimos meses parece ser otra.

El aprobar una reforma a la Constitución, a iniciativa de la Presidencia de la República, era algo a lo que ya nos habíamos acostumbrado. De acuerdo con los datos de Instituto Belisario Domínguez, desde el año dos mil hasta la fecha se han presentado casi 500 iniciativas de reforma constitucional por el presidente de la República en turno, 8 de cada 10 obtienen el visto bueno de las cámaras como de las legislaturas de los estados.

Entonces, quizás la razón por la que la iniciativa enviada por el presidente para reformar la Constitución en materia energética despertó el interés, no fue por ser un procedimiento novedoso o inusual, sino por haber sido rechazada al no contar con los votos requeridos de las legislaturas.

En efecto, la llamada reforma energética, fue la primera iniciativa presidencial que es rechazada por el Congreso, que, a pesar de que el partido del presidente cuenta con la mayoría de los escaños en ambas cámaras, junto con sus aliados, esto no fue suficiente para cubrir los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Carta Magna, que exige el voto de las dos terceras partes del Congreso y la aprobación de la mayoría de los Congresos de las entidades federativas.

Después de esta fallida reforma, la presidencia de la República ha presentado dos más, una relacionada con la guardia nacional, en materia de seguridad, y la otra en materia electoral, esta es la que nos ocupa en este espacio, pero por la magnitud de los cambios propuestos y los antecedentes inmediatos en los consensos ente los grupos parlamentarios, es recomendable esperar a que la iniciativa se discuta en el Congreso. Sin duda abordaremos este asunto más adelante en este mismo espacio.

  • *Vocal de Organización Electoral / Junta Local Ejecutiva de INE en Tlaxcala
  • Mirna Eugenia Garduño Ruiz*

En los últimos meses, hemos escuchado mucho sobre reformas relevantes y necesarias a las leyes de nuestro país, incluidas varias reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para reformar la Constitución, se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de las y los integrantes presentes en la sesión, tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado; una de las cámaras fungirá como cámara de origen, al recibir en primer lugar la iniciativa para su análisis, y al ser aprobada en este cuerpo colegiado legislativo, el proyecto se turnará a la otra cámara para su revisión y aprobación, también por mayorá calificada.

Una vez que la iniciativa ha superado este requisito, se remite a las legislaturas de las entidades federativas, para que la mayoría de éstas, también aprueben esta reforma constitucional en los mismos términos en que se aprobó por las cámaras federales.

Esto es así, porque se trata de modificar la ley suprema de nuestro país, y por lo tanto se requiere que estos cambios provengan de un amplio consenso entre las representaciones populares en ambas cámaras.

Con este proceso complejo de reforma, se podría pensar que este tipo de cambios no son comunes en nuestro país y que esta es la principal razón por la que los analistas y los medios de comunicación le han dado tanta importancia al tema de las reformas constitucionales de los últimos meses, pero esto no es así.

El 27 de octubre de 2018, el Senado de la República publicó en su página oficial un comunicado que contiene una estadística de reformas constitucionales en nuestro país.

Hay dos datos relevantes. La Constitución cuenta con 136 artículos y, desde su promulgación, ha sufrido más de 700 reformas, 707, para ser exactos hasta esa fecha; esto nos lleva a un promedio de 5.2 cambios por cada artículo constitucional.

El segundo dato importante para el análisis es que el sexenio 2012-2018, fue el más prolífico en cuanto a cambios a la Constitución se refiere. En esos seis años se registraron 155 cambios, lo que representa el 22 por ciento del total de reformas constitucionales desde su promulgación, el 5 de febrero de 1917.

Estos datos echan por tierra el argumento de que el tema que ha estado en los medios de comunicación por ser novedoso, público y de interés.

La razón por la que las reformas constitucionales son noticia en los últimos meses parece ser otra.

El aprobar una reforma a la Constitución, a iniciativa de la Presidencia de la República, era algo a lo que ya nos habíamos acostumbrado. De acuerdo con los datos de Instituto Belisario Domínguez, desde el año dos mil hasta la fecha se han presentado casi 500 iniciativas de reforma constitucional por el presidente de la República en turno, 8 de cada 10 obtienen el visto bueno de las cámaras como de las legislaturas de los estados.

Entonces, quizás la razón por la que la iniciativa enviada por el presidente para reformar la Constitución en materia energética despertó el interés, no fue por ser un procedimiento novedoso o inusual, sino por haber sido rechazada al no contar con los votos requeridos de las legislaturas.

En efecto, la llamada reforma energética, fue la primera iniciativa presidencial que es rechazada por el Congreso, que, a pesar de que el partido del presidente cuenta con la mayoría de los escaños en ambas cámaras, junto con sus aliados, esto no fue suficiente para cubrir los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Carta Magna, que exige el voto de las dos terceras partes del Congreso y la aprobación de la mayoría de los Congresos de las entidades federativas.

Después de esta fallida reforma, la presidencia de la República ha presentado dos más, una relacionada con la guardia nacional, en materia de seguridad, y la otra en materia electoral, esta es la que nos ocupa en este espacio, pero por la magnitud de los cambios propuestos y los antecedentes inmediatos en los consensos ente los grupos parlamentarios, es recomendable esperar a que la iniciativa se discuta en el Congreso. Sin duda abordaremos este asunto más adelante en este mismo espacio.

  • *Vocal de Organización Electoral / Junta Local Ejecutiva de INE en Tlaxcala