Bajo sospecha, el Tribunal Electoral a cuyo cargo estará la definitividad del resultado de la elección presidencial
- Una tras otra, las decisiones de ese cuerpo colegiado han venido mellando la confianza en su imparcialidad
- Sin ella, sin esa confianza, los comicios del 1º de julio pueden desembocar en la descalificación del proceso
- Los Pinos debe medir el riesgo de seguir violentando sin medida la legalidad para favorecer a su candidato
Los hechos que con tenaz insistencia sugieren que José Antonio Meade está fuera de la contienda por la Primera Magistratura no han sido suficientemente persuasivos como para convencer a Enrique Peña Nieto que seguir enconando una batalla que tiene perdida podría llevar al país a un escenario de confrontación muy peligroso. No se precisa acudir al infalible oráculo de Delfos para adivinar la magnitud del conflicto social que se nos avecina si el confundido mandatario sigue desnaturalizando a las instituciones del Estado al valerse de ellas como armas apuntadas contra Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador, los adversarios de un candidato que, como Meade, no repunta dentro ni fuera de su partido.
CANDIDATO AJENO
Los diversos mecanismos ensayados por el PRI para elevar a nivel competitivo a su abanderado no han rendido los dividendos esperados. Tras su aparatoso destape, estudios demoscópicos atendibles captaron un porcentaje que rondaba los veinte puntos de aceptación; sin embargo, cuatro meses y medio después de su aparición en escena sus números se han mantenido inquietantemente estáticos, cuando lo que se esperaba es que registraran un incremento acorde al ritmo con que mejoraba el conocimiento de su imagen entre la ciudadanía. Para explicar el fenómeno se ensayan diversas teorías; una de ellas es que la militancia nunca aceptó que el gran elector -léase Peña Nieto- no hallara priista alguno digno de la postulación. Esa frustración ha supuesto que el ejército de fieles a la causa tricolor no encuentre alicientes para trabajar a favor de un tecnócrata ajeno a su partido, con el que no se identifica y cuya trayectoria como funcionario la realizó en buena parte bajo el auspicio de gobiernos panistas.
IMPOPULARIDAD PRESIDENCIAL
Sin embargo, el factor que más negativamente ha influido en las expectativas electorales de Meade es la impopularidad del presidente Peña Nieto. El mexiquense, como se sabe, está marcado por la corrupción, percepción ésta tan extendida y enraizada en la opinión pública que ni los millones de pesos gastados en publicidad para restañar su imagen han logrado atenuar. Y si a lo anterior se añade que el imaginario popular cargó el costo del gasolinazo a la cuenta de Meade entonces se explica por qué el PRI se ancló en el tercer lugar de la intención del voto, a diez puntos de Anaya y a veinte de López Obrador, distancias que se antojan irremontables cuando se está a tan solo setenta y cinco días de la cita en las urnas.
ATAQUES CONTRAPRODUCENTES
Por otro lado, la guerra sucia contra Anaya -concebida desde Los Pinos e instrumentada por ese amorfo grupo de políticos que coordina la campaña de Meade, ninguno de los cuales es ejemplo de transparencia y honradez-, la guerra contra Anaya, repito, no tuvo el efecto deseado en tanto no modificó un ápice la desventaja del PRI respecto de la coalición Por México al Frente. Incluso la exhibición del video filmado en la Procuraduría para desprestigiar al queretano fue objetado formalmente por la Sala Especializada del Tribunal Electoral, una sala distinta a la Superior del mismo Tribunal que -como más adelante veremos- no se ha caracterizado ni mucho menos por el ejercicio imparcial de sus funciones. Era pues previsible que la rebuscada acusación de lavado de dinero acabara naufragando en la futilidad y, por lo visto, nunca se calculó que tendría como saldo añadido que se incluyera en la discusión los escándalos de corrupción del régimen y el descrédito implícito de unas instituciones del Estado degradadas por el gobierno a ser simples piezas ajustables a su conveniencia.
EL NUEVO JUGADOR
La más reciente novedad es la orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el Instituto Nacional Electoral incluya en la boleta a Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, un aspirante a candidato independiente que falsificó más de un millón de firmas ciudadanas con las que pretendía acreditar su derecho a competir por la Presidencia de la República. Pese a estar probadas más que suficientemente por el INE las irregularidades cometidas por el gobernador con licencia del estado de Nuevo León, y a que las firmas validadas no alcanzaron el mínimo exigido por la ley, pese a ello, repito, cuatro de los siete magistrados votaron a favor. Aparte de que la decisión desató un auténtico alud de críticas, el dictamen de los togados tuvo el efecto de acabar con la de por sí muy dañada credibilidad de la instancia que -no lo olvidemos- otorga definitividad a los resultados de los comicios. ¿Valoraron en Los Pinos las posibles consecuencias del desatino?
LAS RAZONES DEL TRIBUNAL
Conozca usted, amigo lector, la razón aducida por uno de esos magistrados, tres de ellos por cierto impuestos en el Tribunal Electoral por el PRI. Esta fue su argumentación: “…el reglamento dice que necesitaba las firmas suficientes en el avance preliminar, y pues ahí si cumplió…”. Y luego se sirvió añadir: “…la ley no dice nada de que al final esas firmas tuvieran que ser validadas…”. Si no se tratara de un asunto de tal trascendencia, la apreciación del esclarecido letrado merecería incluirse en una antología de teatro bufo. Es obvio que detrás de la maniobra está el imperativo priista de dividir el voto opositor; el tricolor calcula que la participación de El Bronco afectará especialmente a López Obrador, el aspirante que, aparte de ser líder en los sondeos de opinión se le consideraba el único político antisistema, bandera que ahora tendrá que compartir con el peculiar gobernador neoleonés. Mas nadie se llame a engaño: Meade ya había advertido que su campaña sería igual a la que hizo gobernador a Alfredo del Mazo en el Estado de México, y a Miguel Riquelme en Coahuila…, contando, claro, con la ayuda del multicitado e incondicional Tribunal Electoral.
PUBLICACIONES MEDIATIZADAS
El costal de argucias, ni se agota ni se rinde. De él van a saltar todavía más sorpresas, unas que lo son, y otras no tanto. Falta abordar, por ejemplo, las encuestas que, no importa si trucadas, falsas, cuchareadas o compradas, no dejan de influir en las decisiones de un sector del electorado sin capacidad analítica para discernir acerca de su autenticidad y que, por costumbre o por instinto, tiende a alinearse del lado del favorito. En el ámbito nacional surgieron varias de esos estudios (¿), mientras que en el local no podía faltar quien, obsecuente y servil, se prestara a publicar la más absurda de cuantas hasta el momento se han conocido. Sin respeto a su profesión de comunicador, a su prestigio y credibilidad, sin tomarse el cuidado de verificar si la sedicente firma encuestadora está registrada ante la autoridad electoral y sin ahondar en su metodología, se prestó a propalar una información inducida, mentirosa… y a todas luces alejada de la realidad.
CONCLUSIÓN
Tal como se percibe la situación del país, con la elección del 1º de julio casi a la vuelta de la esquina y ante la inminente perspectiva de una nueva alternancia en el poder, no puede descartarse que Peña Nieto asuma el riesgo de hacer ganar a su candidato aún a costa de pasar por encima de todo mandato legal. Como ciudadanos enterados estemos atentos, la fiera adormecida de la que habló cien años atrás Porfirio Díaz podría despertar.
