/ lunes 15 de abril de 2019

TIEMPOS DE DEMOCRACIA

Los culpables de la desigualdad

Parte 2 de 2

  • En la cadena de la extorsión todos los que intervienen -y son muchos- obtienen un beneficio…, menos el obrero cuyos intereses dicen defender políticos y sindicalistas.

Exigida por los socios del T-Mec, la reformada Ley Federal del Trabajo propiciará la democratización del sindicalismo mexicano y la paulatina nivelación de los salarios de nuestros trabajadores con los de Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente, las diferencias obrero-patronales serán arbitradas por tribunales neutrales e independientes en el marco de una nueva relación entre el capital y el trabajo.

En la anterior entrega atribuí la inequidad con que históricamente han sido tratados los obreros y los campesinos de México a una perversa asociación de sectores, vinculados por el interés común de impedir la aplicación de políticas salariales que mermen sus amplios márgenes de ganancias. Expliqué cómo el sistema político nacido al final de la fase militar de la Revolución y al inicio de su etapa institucionalizada traicionó lo que fue una alianza pactada con los liderazgos de la época para lograr una paz estable, al consentir que ese acuerdo fuera derivando hacia una inmoral colusión entre un sindicalismo venal y entreguista con una cúpula empresarial codiciosa y voraz. La contraprestación acordada a cambio de la permisividad gubernamental fue la sumisión incondicional de las partes -sindicatos y empresarios- a los gobiernos de la Revolución, y a su consecuente perpetuación en el poder. No se equivoca López Obrador al llamar mafia del poder a esa infame convergencia de entes económicos y políticos, enriquecidos hasta la desmesura a costa de la depauperación de la clase trabajadora. Y acierta en la denominación porque, en efecto, ha funcionado con reglas muy parecidas a las que rigen en esa clase de organizaciones criminales.

Capital y trabajo, obligados a compartir el futuro en buenos términos

La riqueza -la utilizable, no la que la naturaleza nos prodiga en forma espontánea- se genera merced a la aportación conjunta de dos elementos que se necesitan el uno al otro: el capital y el trabajo. Verdad es que el capital per se, sin el trabajo, produce utilidades financieras, mas ellas no son por sí mismas fabricantes de bienes tangibles. Tampoco se entiende el trabajo por sí sólo, sin el concurso de un capital que lo potencie y lo haga rentable. Su asociación es pues condición sine qua non para que la riqueza natural sea transformada en productos derivados disfrutables. Así, al emprender cualquier actividad productiva ha de considerarse tanto el riesgo que asume el capital como el esfuerzo que supone el trabajo; la valoración justa de ambas aportaciones debiera llevar a una distribución proporcional de los beneficios obtenidos. Ese reparto de utilidades, empero, no es fácil de convenir; excesos hacia uno u otro lado, hacia el capital o hacia el trabajo, pueden conducir al fracaso, ya sea por vía de la ruina del inversionista o por la del empobrecimiento del trabajador. De ahí la importancia de un arbitraje imparcial que determine dónde se halla ese punto de equilibrio razonable. El problema es que si el árbitro está comprometido con el capital -es el caso de México- o con el trabajo, el esquema se distorsiona al extremo de hacer inviable el sano desarrollo de la economía de un país.

La operación de la mafia laboral

En este punto vale hacer algunas precisiones para mejor entender el modus operandi de la tal mafia. En los niveles de mayor potencial económico funciona como una concertación eficiente de intereses contra los obreros que laboran en grandes factorías, cadenas comerciales, núcleos hospitalarios, centrales de radio y/o TV, etc., etc. Los sindicatos blancos -o charros, en la jerga popular- creados por la propia clase patronal, se valen de contratos colectivos a modo que sirven de contención a los reclamos obreros, refiéranse estos a la materia salarial y/o a sus condiciones de seguridad. El líder sindical -vulgar traidor a la clase a la que pertenece- acata la línea dictada por el patrón y, si surge algún conflicto, este se lleva a la cancha de la representación gubernamental la cual garantiza fallos contrarios a los asalariados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de composición tripartita. En las divisiones inferiores de esas relaciones obrero-patronales, es decir, con las medianas y pequeñas empresas, el procedimiento observa algunas variantes. La que sigue es la más habitual: alertados por las autoridades que otorgan licencias de obra y/o permisos de operación, el líder sindical cae -cual sanguijuela ávida de sangre- sobre el emprendedor para demandar la titularidad del contrato colectivo. Armado de un pliego de exorbitantes peticiones y con la amenaza de poner las banderas de huelga, plantea la alternativa: firma de un machote de contrato de conveniencia y colocación del cartel de la central obrera que ostenta la patente de corzo expedida por el gobierno, a cambio de una iguala mensual proporcional al tamaño de la empresa. En la cadena de la extorsión todos los que intervienen -y son muchos- obtienen un beneficio…, menos el obrero cuyos intereses dicen defender políticos y sindicalistas.

Reforma Laboral… pero sin ley reglamentaria

En febrero de 2017 se promulgó la Reforma Laboral más trascendente de nuestra historia moderna. En ella se consignaron los lineamientos que habrán de regir las relaciones obrero-patronales, ajustadas a los compromisos que asumió México al adherirse a la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT por sus siglas. Esa Reforma obligaba a revisar la Ley Federal del Trabajo -la LFT- conforme al anexo que para el efecto suscribió el gobierno que, entre otras cosas, aceptó el derecho de los trabajadores mexicanos: 1) a elegir a sus líderes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto, 2) a participar directamente en la negociación colectiva de sus contratos laborales y, 3) a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin interferencia de los patrones. Además, crea un órgano independiente y autónomo encargado del registro de los contratos colectivos y de la conciliación de las diferencias. Pero, amigo lector, México es México; se vivía el tramo final de la administración de Peña Nieto y el vetusto sistema que hoy se bate en retirada congeló las modificaciones comprometidas. Dos años después, y a consecuencia de las presiones canadienses y estadounidenses, el lopezobradorismo puso en marcha su mayoría congresional para aprobar fast-track las reformas a la LFT y eliminar el último obstáculo que quedaba para lograr la aprobación del T-Mec.

Los responsables de la criminal desigualdad


La buena nueva es que tiene sus días contados la siniestra trama que se especializó en transferir al patrón las utilidades que en justicia corresponden al trabajador. Aunque no hayan sido más que simples operadores de los grandes mafiosos, una larga cauda de lidercillos sindicalistas venales, representantes patronales esquilmadores, y no pocos coyotes y abogaduchos de barandilla tendrán que cambiar de giro. No se bien con qué grado de conciencia actuaron, pero ninguno escapa a la responsabilidad de haber contribuido a levantar una de las pirámides sociales más desigual e injusta del mundo occidental. Mas pronto que tarde veremos el cambio, aquí en Tlaxcala y en todo México; será en uno, dos, tres o cuatro años -según el escalonamiento convenido en la reforma de la ley-, pero el país va a ser otro por virtud del establecimiento de una nueva, más equilibrada y justa relación entre el capital y el trabajo. Una gestión sindical democrática prudente y con conciencia de la realidad económica del país logrará mejoras graduales en las percepciones salariales y hallará, en los organismos autónomos diseñados para el efecto, un arbitraje neutral en caso de existencia de querellas con los patrones. El objetivo, amigo lector, es moderar la opulencia y la indigencia, indeseables extremos sociales separados hoy día por una abismal distancia que tenemos la obligación ética de acortar.


Los culpables de la desigualdad

Parte 2 de 2

  • En la cadena de la extorsión todos los que intervienen -y son muchos- obtienen un beneficio…, menos el obrero cuyos intereses dicen defender políticos y sindicalistas.

Exigida por los socios del T-Mec, la reformada Ley Federal del Trabajo propiciará la democratización del sindicalismo mexicano y la paulatina nivelación de los salarios de nuestros trabajadores con los de Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente, las diferencias obrero-patronales serán arbitradas por tribunales neutrales e independientes en el marco de una nueva relación entre el capital y el trabajo.

En la anterior entrega atribuí la inequidad con que históricamente han sido tratados los obreros y los campesinos de México a una perversa asociación de sectores, vinculados por el interés común de impedir la aplicación de políticas salariales que mermen sus amplios márgenes de ganancias. Expliqué cómo el sistema político nacido al final de la fase militar de la Revolución y al inicio de su etapa institucionalizada traicionó lo que fue una alianza pactada con los liderazgos de la época para lograr una paz estable, al consentir que ese acuerdo fuera derivando hacia una inmoral colusión entre un sindicalismo venal y entreguista con una cúpula empresarial codiciosa y voraz. La contraprestación acordada a cambio de la permisividad gubernamental fue la sumisión incondicional de las partes -sindicatos y empresarios- a los gobiernos de la Revolución, y a su consecuente perpetuación en el poder. No se equivoca López Obrador al llamar mafia del poder a esa infame convergencia de entes económicos y políticos, enriquecidos hasta la desmesura a costa de la depauperación de la clase trabajadora. Y acierta en la denominación porque, en efecto, ha funcionado con reglas muy parecidas a las que rigen en esa clase de organizaciones criminales.

Capital y trabajo, obligados a compartir el futuro en buenos términos

La riqueza -la utilizable, no la que la naturaleza nos prodiga en forma espontánea- se genera merced a la aportación conjunta de dos elementos que se necesitan el uno al otro: el capital y el trabajo. Verdad es que el capital per se, sin el trabajo, produce utilidades financieras, mas ellas no son por sí mismas fabricantes de bienes tangibles. Tampoco se entiende el trabajo por sí sólo, sin el concurso de un capital que lo potencie y lo haga rentable. Su asociación es pues condición sine qua non para que la riqueza natural sea transformada en productos derivados disfrutables. Así, al emprender cualquier actividad productiva ha de considerarse tanto el riesgo que asume el capital como el esfuerzo que supone el trabajo; la valoración justa de ambas aportaciones debiera llevar a una distribución proporcional de los beneficios obtenidos. Ese reparto de utilidades, empero, no es fácil de convenir; excesos hacia uno u otro lado, hacia el capital o hacia el trabajo, pueden conducir al fracaso, ya sea por vía de la ruina del inversionista o por la del empobrecimiento del trabajador. De ahí la importancia de un arbitraje imparcial que determine dónde se halla ese punto de equilibrio razonable. El problema es que si el árbitro está comprometido con el capital -es el caso de México- o con el trabajo, el esquema se distorsiona al extremo de hacer inviable el sano desarrollo de la economía de un país.

La operación de la mafia laboral

En este punto vale hacer algunas precisiones para mejor entender el modus operandi de la tal mafia. En los niveles de mayor potencial económico funciona como una concertación eficiente de intereses contra los obreros que laboran en grandes factorías, cadenas comerciales, núcleos hospitalarios, centrales de radio y/o TV, etc., etc. Los sindicatos blancos -o charros, en la jerga popular- creados por la propia clase patronal, se valen de contratos colectivos a modo que sirven de contención a los reclamos obreros, refiéranse estos a la materia salarial y/o a sus condiciones de seguridad. El líder sindical -vulgar traidor a la clase a la que pertenece- acata la línea dictada por el patrón y, si surge algún conflicto, este se lleva a la cancha de la representación gubernamental la cual garantiza fallos contrarios a los asalariados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de composición tripartita. En las divisiones inferiores de esas relaciones obrero-patronales, es decir, con las medianas y pequeñas empresas, el procedimiento observa algunas variantes. La que sigue es la más habitual: alertados por las autoridades que otorgan licencias de obra y/o permisos de operación, el líder sindical cae -cual sanguijuela ávida de sangre- sobre el emprendedor para demandar la titularidad del contrato colectivo. Armado de un pliego de exorbitantes peticiones y con la amenaza de poner las banderas de huelga, plantea la alternativa: firma de un machote de contrato de conveniencia y colocación del cartel de la central obrera que ostenta la patente de corzo expedida por el gobierno, a cambio de una iguala mensual proporcional al tamaño de la empresa. En la cadena de la extorsión todos los que intervienen -y son muchos- obtienen un beneficio…, menos el obrero cuyos intereses dicen defender políticos y sindicalistas.

Reforma Laboral… pero sin ley reglamentaria

En febrero de 2017 se promulgó la Reforma Laboral más trascendente de nuestra historia moderna. En ella se consignaron los lineamientos que habrán de regir las relaciones obrero-patronales, ajustadas a los compromisos que asumió México al adherirse a la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT por sus siglas. Esa Reforma obligaba a revisar la Ley Federal del Trabajo -la LFT- conforme al anexo que para el efecto suscribió el gobierno que, entre otras cosas, aceptó el derecho de los trabajadores mexicanos: 1) a elegir a sus líderes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto, 2) a participar directamente en la negociación colectiva de sus contratos laborales y, 3) a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin interferencia de los patrones. Además, crea un órgano independiente y autónomo encargado del registro de los contratos colectivos y de la conciliación de las diferencias. Pero, amigo lector, México es México; se vivía el tramo final de la administración de Peña Nieto y el vetusto sistema que hoy se bate en retirada congeló las modificaciones comprometidas. Dos años después, y a consecuencia de las presiones canadienses y estadounidenses, el lopezobradorismo puso en marcha su mayoría congresional para aprobar fast-track las reformas a la LFT y eliminar el último obstáculo que quedaba para lograr la aprobación del T-Mec.

Los responsables de la criminal desigualdad


La buena nueva es que tiene sus días contados la siniestra trama que se especializó en transferir al patrón las utilidades que en justicia corresponden al trabajador. Aunque no hayan sido más que simples operadores de los grandes mafiosos, una larga cauda de lidercillos sindicalistas venales, representantes patronales esquilmadores, y no pocos coyotes y abogaduchos de barandilla tendrán que cambiar de giro. No se bien con qué grado de conciencia actuaron, pero ninguno escapa a la responsabilidad de haber contribuido a levantar una de las pirámides sociales más desigual e injusta del mundo occidental. Mas pronto que tarde veremos el cambio, aquí en Tlaxcala y en todo México; será en uno, dos, tres o cuatro años -según el escalonamiento convenido en la reforma de la ley-, pero el país va a ser otro por virtud del establecimiento de una nueva, más equilibrada y justa relación entre el capital y el trabajo. Una gestión sindical democrática prudente y con conciencia de la realidad económica del país logrará mejoras graduales en las percepciones salariales y hallará, en los organismos autónomos diseñados para el efecto, un arbitraje neutral en caso de existencia de querellas con los patrones. El objetivo, amigo lector, es moderar la opulencia y la indigencia, indeseables extremos sociales separados hoy día por una abismal distancia que tenemos la obligación ética de acortar.


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