SEA, un fiasco

La corrupción y la impunidad en el servicio público son dos lastres sociales y la sociedad reclama su pronta erradicación. Sin embargo, en Tlaxcala la clase política parece hacer todo lo contrario para no avanzar en este tema. Los legisladores crearon un marco jurídico que en nada abonará en esta materia. La Carta Magna mandata la autonomía de la procuración de justicia en el ámbito local y, simplemente, dejaron ese vacío legal.

Hoy se corre el riesgo de que el próximo Fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) solo vaya a ser designado para cumplir el requisito legal, pero su función sea decorativa al carecer de autonomía para realizar una verdadera investigación contra los servidores públicos corruptos, ya que sus decisiones estarán supeditadas a lo que mandate el Ejecutivo en turno.

Ahí tenemos como ejemplo los recién designados integrantes del Comité de Participación Ciudadana; ninguno de ellos cuenta con las cartas credenciales que presuman que van a realizar un trabajo determinante en contra de ese flagelo.

Como todos sabemos, lo último solo fue una repartición de cuotas entre los partidos locales en el Congreso. Las personas designadas solo vieron en estos espacios un lugar para tener empleo, pero ignoran el alcance de una verdadera política pública para acabar con la corrupción y hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una realidad social.

Otra pifia legal que nos dejan los actuales legisladores locales, es la falta de autonomía de lo que será el Tribunal de Justicia Administrativa. Mientras la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que esta instancia debe estar dotada de plena autonomía, en Tlaxcala dependerá del Poder Judicial. Peor aún, las ternas que apenas la semana pasada envió el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, para seleccionar a sus integrantes, fomentan conflictos de intereses que, se supone, en teoría debe erradicarse.

Veamos por qué: en el caso de Marcos Tecuapacho Domínguez, propuesto para magistrado, es vox populi su relación como empresario de la tortilla y los negocios que tiene para abastecer de ese producto básico a los Centros de Reinserción Social, por ese hecho existe un conflicto de interés que lo harían inelegible.

Mientras tanto, Javier Caporal Rodríguez es sobrino del consejero Jurídico, Ramón Rafael Rodríguez Mendoza y, si alguno de estos personajes es electo por el Congreso local, ¿cómo le van hacer para resolver una controversia donde tienen un marcado interés por parentesco o negocios?

De las demás propuestas ninguna de ella cumple con un requisito fundamental: tener experiencia en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

En las manos del Congreso local está realizar un examen jurídico minucioso y, la simple lógica, indica que lo más sensato sería devolver las ternas y realizar nuevas propuestas que cumplan esos estándares mínimos de conocimientos en la materia.

La sociedad está harta de tener instituciones que fungen como “elefantes blancos”, ahí está la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, una mala selección de sus integrantes hoy tiene a estos entes sumidos en el desprestigio y un nulo trabajo para el cual fueron creados. Al tiempo

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EPÍLOGO…

1.-PREVISORA… En la recta final para dejar la diputación federal, Rosalinda Muñoz Sánchez ya trabaja para no quedar fuera de la jugada. A pesar de que en los pasados comicios toda su gente operó a favor de Movimiento Regeneración Nacional, en una reunión con sus huestes la priista dijo que buscará ser candidata del PRI al gobierno estatal, aunque después aclaró que solo quiere entrar al juego para ver qué obtiene pues no le alcanza el capital para sustituir en el cargo a Mena.

Por lo pronto, ya comenzó a hacer ruido. En Tlaxco negoció las principales carteras de la comuna: Tesorería y Obras Públicas, pero las cosas no le salieron bien. Sus recomendados técnicamente fueron echados porque querían hacer negocios en esas áreas y, en respuesta, muy molesta, la señora ya planea, a través de terceros, tomar las instalaciones de la presidencia. “Es la guerra”, advirtió.

2.-PROMESA INCUMPLIDA… A casi dos años de que compraron plazas laborales que les ofrecieron, varias personas no han sido incorporadas -por el sindicato “7 de Mayo”- a comunas y al Ejecutivo. De hecho, ya han hecho contacto con diputados electos de Morena para que los apoyen a incorporarlos a la nómina o a que les reintegran el dinero, pero sobre todo buscan que castiguen al dirigente Edgar Tlapale quien, en la asamblea de enero de 2017, les juró que su contratación era cuestión de días y que, para ello, contaba con el apoyo del gobierno estatal y alcaldes emanados del tricolor. Lo cierto es que en la administración estatal ya no quieren saber nada de Tlapale por traicionar al PRI y por generar problemas en el interior del gobierno y ayuntamientos.

3.-¿Y LA RESPONSABLE?... Las disculpas para los expolicías acreditables acusados de haber cometido secuestro exprés no son suficientes. La Procuraduría General de Justicia debe proceder penalmente contra Alicia Fragoso Sánchez, extitular de la dependencia y artífice de ese show que no debería ser asumido por el gobierno de Mena.

¡Hasta el próximo martes!