Como sucede cada año en estas fechas, el tema de la fiscalización comienza a emerger como relevante.
No puede ser lo de menos, considerando que miles de millones de pesos que manejan las entidades públicas están siempre en entredicho, ya sea por malos manejos administrativos o bien porque, simplemente, funcionarios rapaces se llevan a sus bolsillos dinero del erario, producto de actos de corrupción.
Hay casos injustificados en que los desvíos de recursos no pueden ocultarse, eso es seguro. Lo podrido de esto es que pasan los años y no se sabe que algún funcionario “importante”, de nivel pues, esté tras las rejas, a pesar de que muchos han aprovechado de su cargo público para enriquecerse.
Comenzará a conocerse muy probablemente la lista de funcionarios presuntamente responsables de mal manejo de dinero publico, tanto municipales como estatales.
Entonces, veremos cuál es el comportamiento de cada legisladora y congresista en este tema de las cuentas públicas, sobre todo porque más de uno enfrentará conflictos de interés.
Pero así como siempre se ha exigido todo el peso de la ley a quienes incurren en el desvío de recursos públicos, también es necesario observar el comportamiento del ente fiscalizador, como es el caso de Tlaxcala, cuya titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) Isabel Maldonado Textle, está por concluir su periodo constitucional por el cual fue electa. De hecho, en noviembre próximo habrá de conocerse quién la sustituye en esa responsabilidad.
Por lo pronto, dentro de diversos entes públicos fiscalizables, existen dudas y serios cuestionamientos a la revisión que la última anualidad llevó a cabo el OFS.
Una de ellas es que para la realización de las auditorías existe una ilegalidad: el OFS no emitió lineamientos a los que está obligado. Lo anterior, de acuerdo con las quejas, ha dado pauta a actuaciones arbitrarias por parte de los auditores porque prácticamente el sentido de la revisión queda bajo el criterio individual de cada especialista en contabilidad.
Además de lo anterior, que ya de por sí es importante, dentro de los dictámenes existen evidencias sobre las facultades que se ha dado el OFS cuando algunas de ellas corresponden a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF).
Pero hay más: diversas observaciones realizadas por el OFS ya afectan la imagen de personas físicas o morales, porque sin existir determinación firme de una autoridad competente, cuestionan la veracidad de los servicios y los productos prestados por diversos proveedores.
Además, el organismo clasifica como daño aquellas revisiones que se reducen a temas administrativos o documentales, sin justificar en qué consiste el daño o cómo se actualiza.
Por si fuera poco, en diversas audiencias a las que ha citado a los entes públicos fiscalizables, el Órgano Interno de Control del OFS no permite el traslado con los documentos en que consten los hechos que se pretenden atribuir para ejercer el derecho a una adecuada defensa al momento de comparecer a audiencia.
Y tampoco tomar fotos de las actuaciones que constan en los expedientes, lo cual sí es permitido en el Poder Judicial Federal y Local.
Y la cereza en el pastel: en caso de ser solicitada copia certificada de algún documento para ejercer el derecho a la defensa, el ente cobra aproximadamente una unidad de medida de actualización (UMA) por hoja.
Tales observaciones y quejas manifiestas de los entes fiscalizables, puede poner en aprieto al Congreso del Estado. Esto porque las diputadas y los diputados pueden, en Pleno, aprobar los dictámenes que les pase la Comisión de Finanzas y Fiscalización, pero con el riesgo de judicializar todo lo aprobado.
EPÍLOGO...
1-YA BASTA.. La ciudad capital padeció durante una semana un terror al haber sido víctima de protestas protagonizadas por el denominado “Frente Unido de Trabajadores en Defensa de los Derechos Laborales”, conformado por diferentes organizaciones sindicales.
Como dice la gente, cuando la perra es brava hasta los de casa muerde, y sostengo lo que digo: los anteriores aliados del gobierno estatal, ahora están fuera de control. Los representantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado “7 de Mayo”, de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación , del Sindicato Justo Sierra, Mártires de 1910 y Alberto Juárez Blancas se quejan por la supuesta imposición de la empresa operadora de los Módulos Médicos de Salud Integral, que no es tlaxcalteca.
El tema es que protestando por sus supuestos derechos, que no deberían estar exponiendo en las calles sino con el gobierno estatal vía sus líderes, afectaron a miles de personas no solo en sus tiempos laborales también en su economía.
Si con sus quejas, los sindicalizados creyeron que ganarían la simpatía de la gente para obtener ganancias, solo han generado rencores y enconos. La gente está harta de ellos y para ser sinceros caen mal. Ya es tiempo del gobierno estatal dejar de ser tibio, detener a los líderes y aplicar la ley. Al tiempo.
