DISCREPANCIAS DE LA VIDA

La anunciada austeridad republicana propuesta por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, empezó a cristalizarse, ya que el pasado trece de septiembre de este año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, en lo general y en lo particular, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal, con la finalidad de que ningún funcionario perciba un salario superior al del Ejecutivo de la nación.

Sin duda es una medida legislativa acertada que ha puesto a temblar a varios personajes políticos que usaban la función para enriquecerse y dilapidar los recursos que a través de los impuestos aportamos todos.

Es el caso de Tlaxcala que tiene una población aproximada de un millón 272,847 habitantes, según datos del último censo del INEGI, y donde existen personas dedicadas al trabajo doméstico, a laborar en el campo o en la albañilería, a la manufactura en talleres clandestinos o en empresas donde son condicionados a prestar sus servicios por un mes con el salario mínimo o, en la mayoría de los casos, a trabajar en la informalidad.

En estas circunstancias ninguno cuenta con seguridad social y prestaciones económicas que marca la Ley Federal del Trabajo. Este núcleo de trabajadores llega a percibir alrededor de $800 a $1500 pesos semanales, de ahí que las estadísticas elaboradas por organismos especializados en medir la calidad de vida de la población, nos indican que el 5 % de la población en Tlaxcala vive en pobreza extrema –es decir, no tiene ni para comer- y alrededor de un 54 % vive en la pobreza, o sea, no tiene una calidad de vida digna, pues su nivel de ingreso solo le permite ir al día en sus gastos económicos.

En este contexto, cómo explicar la disparidad en el nivel de ingresos de los tlaxcaltecas, donde hay un núcleo de la población que tiene que salir a cumplir largas jornadas de trabajo para buscar su sustento diario. En contraste, en una revisión a los portales de transparencia, hallé que el titular del Poder Judicial del estado de Tlaxcala, Héctor Maldonado Bonilla, tiene una percepción de $120, 958. 52 pesos mensuales, sin duda es el salario más alto que se devenga en la entidad.

La “burbuja dorada”, en la que se ha convertido la burocracia judicial, debe empezar a hacer una reflexión a profundidad en los servicios que prestan, pues estos simplemente son de mala calidad y atención a los justiciables.

A su llegada como titular de ese poder, Maldonado inmediatamente giró instrucciones para retirar a los vendedores que ofrecían sus productos en la zona aledaña de Ciudad Judicial, causando un malestar generalizado a las cerca de treinta familias que dejó sin sustento diario.

O cómo explicar que desde el máximo órgano impartidor de justicia se discrimine al ordenar cercar el estacionamiento que debía ser por excelencia público, pero a la burocracia judicial se le asignó una zona exclusiva y a los litigantes y usuarios se les canalizó a una zona alejada.

Las anomalías no paran ahí, en fechas recientes la exombudswoman, María Angélica Temoltzin Durante, quien sin reunir los requisitos de elegibilidad (como lo es la especialización en la materia), fue designada titular de la Unidad de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, pero tuvo la osadía de llamarle la atención a una trabajadora protegida de la flamante secretaria ejecutiva, Georgette Alejandra Pointelin González y, por ese hecho, fue degradada del puesto y enviada a otra área. Así las cosas, sin respetar los derechos laborales adquiridos.

Al interior del Poder Judicial existe un malestar general, pues el ambiente laboral es negativo con tomas de decisión autoritaria. Y porque sencillamente, el Judicial, es un secreto a voces, es manejado desde la poderosa oficina en la que se ha convertido la Secretaría Ejecutiva, al grado de que en las ceremonias oficiales algunos magistrados han sido levantados de su lugar para cederlo a Georgette Alejandra, esto, claro, con la autorización de Maldonado Bonilla.

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EPILOGOS.

1.- FUERA DE LUGAR… Ojalá a la diputada Ana Bertha Mastranzo Corona le den un curso sobre derechos humanos y no discriminación, ya que en fechas recientes propuso ante el Pleno de esa Soberanía prohibir los tatuajes y perforaciones a menores de edad. Propuesta que a primera vista suena bien, pero que carece de un estudio profundo desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho a no discriminar; pues dónde queda el interés superior de la infancia y el derecho que se le otorga a este sector de la población a opinar y manifestarse libremente.

Dónde queda la libertad para decidir sobre su propio cuerpo, así como al desarrollo de su libre personalidad. Legislar no es tarea fácil, urge que se capaciten para no comenzar con tropiezos legislativos. Pues los derechos humanos significan libertades, no prohibiciones. ¿Solo para la reflexión?

2.-RECOMENDACIÓN… Ojalá los recién estrenados diputados locales, en lugar de irse de paseo a Mazatlán o gastar en fiestas y diversión, empleen su tiempo en capacitarse o, en su caso, designar a personal especializado en temas legislativos, para que eviten seguir cometiendo errores como el antes descrito, o el reciente donde aprobaron la integración de las comisiones sin observar lo que mandata su marco normativo. Recuerden que la sociedad reprobó a sus antecesores en las urnas. Al tiempo.

Otros que no entienden que los tiempos cambiaron, son los rijosos comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública local, pues mientras su Presidenta andaba en sus actividades divulgando el derecho a saber a través de la Semana Estatal de Transparencia, ellos hacían alarde de sus dotes de rumorologías, al andar de cubículo por cubículo en el Congreso, desacreditando el trabajo de Marlene Alonso.

Lo que no saben los rijosos David Cabrera Canales y José Francisco Morones Servín es que están cavando su propia tumba, ya que al interior del Legislativo se cocina un acuerdo para destituir a los tres. Lo que significa que sus días están contados al frente de la transparencia local.

3.- ILUSIÓN… Lorena Cuéllar Cisneros fue designada coordinadora estatal de programas sociales del gobierno de López Obrador, suena bien si se trata de manejar todas las delegaciones en Tlaxcala, el problema es que la señora, a estas alturas de la vida, no ha tenido contacto con ningún representante de esas instituciones, pero lo único que conocen de ella es que sus enviados a algunas dependencias serán Víctor Cánovas, súper asesor del entonces gobernador Héctor Ortiz, y Sergio González, secretario de Gobierno en esa misma administración, ¿y el cambio apá?