Sororidad y glamour, la igualdad de género
El ocho de marzo de cada año la clase política en general se rasga las vestiduras con sendos discursos a favor de acortar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.
Y así, cada fin de mes, es usual que las funcionarias públicas y políticas porten el distintivo naranja en la solapa, como símbolo de estar en contra de la violencia hacia las féminas.
Lo anterior viene a colación porque esta práctica raya en la hipocresía y en nada abona a la credibilidad de esta lucha tan necesaria para combatir la desigualdad de género; al contrario, ha caído en el simplismo de toda pasarela política.
Y explico por qué.
1.-En el caso de Karla N., la niña desaparecida de San Pablo del Monte, han pasado los años y, de su paradero, nada se sabe. Ninguna mujer en el ejercicio del poder ha dicho algo o mostrado enojo por la indiferencia de las autoridades en las investigaciones.
2.- El de las mujeres que han sido encontradas sin vida en el transcurso de este año y que, por el modo violento en que fueron ultimadas parece tratarse de feminicidios.
La lista sin duda es larga y, mientras tanto, las diputadas integrantes de la LXVIII Legislatura local, la titular del Instituto Estatal de la Mujer, Angélica Zárate Flores; el “ombudscopión” Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las magistradas Elsa Cordero Martínez y Rebeca Xicohténcatl Corona, simplemente han hecho mutis sobre estos hechos, ni un solo pronunciamiento. Silencio sepulcral.
En este año, Leticia Muñoz Cuahutle fue destituida por el Congreso como magistrada sin que ninguna de sus congéneres se inmutara.
Y a ello se suma que la legislatura de la “paridad de género”, ha cometido una serie de pifias jurídicas en el desahogo de los juicios políticos marcados con los números SPP JP001/2018 y SPP JP002/2018, contra los integrantes del IAIP-TLAX, Marlene Alonso Meneses, José David Cabrera Canales y José Francisco Morones Servín.
Explico: sin que mediara un resolutivo aprobado por el pleno del Congreso local, el presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, José María Méndez Salgado, filtró a los medios de comunicación el dictamen donde establecía la destitución de Alonso y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de tres años.
En tanto a los iniciadores de este conflicto, es decir, a los rijosos comisionados los exoneraba de toda la responsabilidad. Así de misógina y violatoria de los derechos humanos de la mujer es el actuar de estas diputadas y diputados.
Empero, en el cabildeo de este asunto, los congresistas han tomado otra decisión que en nada abonará a la credibilidad del Poder Legislativo, pues ahora, en un nuevo veredicto, han determinado -solo falta concretarlo y seguramente será en las próximas horas- que se vayan los tres y, con ello, están sentando un mal precedente, sobre todo porque, a partir de ese manoseo legal, todo decreto que emane de esa Soberanía puede ser fácilmente impugnado, acatado o no, al fin que no pasa nada. Qué grave que el o los acusados puedan pasarse cualquier resolutivo por el “arco del triunfo”, gracias a ese perverso manejo político que le dan los diputados.
En tanto los derechos humanos de una mujer -si es responsable o no, ese ya es otro tema- ya fueron vulnerados con toda alevosía pues fue criminalizada y estigmatizada ante la opinión pública sin que mediara una sentencia de por medio, es decir, se violó el debido proceso y la presunción de inocencia.
Ante este panorama, la sororidad ha brillado por su ausencia, todo el sector femenino ha quedado ausente, al final cada una vive en su zona de confort, y la igualdad de género solo sirve para el discurso político pues en la práctica simplemente es nulo.
En verdad, a las diputadas y políticas ese tema les quedó grande. Ahora ya nadie les creerá. Al tiempo.
EPÍLOGO...
1.-INCONFORME... En una reunión de seguridad nacional con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez expresó su desacuerdo cuando los mandos de Seguridad solicitaron a los gobiernos estatales policías “prestados”, comisionados, pues, para completar la Guardia Nacional. Y tiene razón el Ejecutivo estatal pues la Federación ve la rogación (en materia de inseguridad) y no se hinca.
Hasta el próximo martes.
