No es lo mismo ser borracho que cantinero, dijo alguna vez el otrora gobernador priísta de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima, a exdiputados que formaron, por los años 90, un grupo político de contrapeso al poder.
Ahora, les reprochó, exigen mucho, pero cuando estuvieron en el cargo no respondieron a las necesidades de la gente.
Y eso precisamente es lo que le sucede a Andrés Manuel López Obrador.
Eso sí, encabezó lo que no hicieron sus antecesores y tomó la bandera de los pobres y más necesitados, de los olvidados, pues, y le funcionó, no solo para ganar la presidencia de la República sino para ser, para millones de personas, popular, querido y hasta idolatrado.
El asunto es que, como bien dijo Álvarez Lima, no aprendió la lección ni escuchó a nadie. Su palabra, parafraseando al popular cantante José Alfredo Jiménez, es la ley
Álvarez Lima, quien pudiera ser un buen asesor, hoy trabaja para él como director en el canal 11.
En el pasado, ambos tuvieron una buena relación por el otrora gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero, precisamente cuando López Obrador era presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de ese estado, pero ahora, ya en la Presidencia. Álvarez Lima fue “sacrificado” y enviado a un puesto donde, hasta la señora Cristina Pacheco, parece tener más poder.
En Tabasco, Álvarez era, de alguna forma, el enlace de Obrador con el titular del Ejecutivo estatal. Desde ahí nació la amistad y el contacto y, aun así, en el canal 11, quien ordena es el vocero presidencial, Jesús Ramírez. El Presidente lo sabe y lo permite.
En fin, el tema es que como opositor al régimen priísta y panista, Obrador criticó lo que todos querían escuchar: el espantoso crecimiento de la delincuencia, la ineficiencia de las autoridades para combatirla, los abusos del poder, el presidencialismo autoritario, el clientelismo electoral, el bajo salario, los altos costos de la canasta básica y los gasolinazos, entre otros temas, y millones le creyeron.
Y como candidato de Movimiento Regeneración Nacional a la presidencia de México, siguió con su perorata, pero anexó algo que llenó de dudas a muchos: dar amnistía a delincuentes y a quienes operaban el narcotráfico.
De hecho, planteó que con tal de alcanzar la paz en el país y que no hubiera más violencia, se perdonara a los hampones.
Así que la liberación del hijo del “Chapo” Guzmán, en Culiacán, ordenada por él, no debe sorprender a nadie pues ese fue el ofrecimiento aunque, ahora, muchos quienes votaron por él, estén sorprendidos y hasta decepcionados.
Sin embargo, el tema no deja de ser cuestionable. Obrador y su gabinete de Seguridad podrán decir misa, pero en un país infestado por la corrupción y la inseguridad, la gran mayoría de la gente no quiere fuchis, guácalas y acúsalos con tu mamá, demanda justicia y no acuerdos políticos, tipo Colombia, como el pretendido con el sanguinario narcotraficante Pablo Escobar.
Amnistía es el perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos, generalmente políticos.
Obrador debe dejar atrás el rencor, el odio y la ironía para quienes no creen y no votaron por él, porque la política de abrazos y no balazos que pretende, simplemente no sirve. A estas alturas, ya deberían estar fuera del gabinete el titular de la Defensa y de Seguridad pues se la han pasado diciendo una sarta de mentiras sobre lo ocurrido en Culiacán donde montaron un operativo que resultó fallido.
La popularidad de López Obrador sigue pero no es porque sea un excelente gobernante, sino por todo lo que regala económicamente cada mes a la gente que, según él, lo necesita. Es un populista nato y eso le ha funcionado.
Es, en mi opinión, aunque los millones de matraqueros digan lo contrario, tiempo de cambiar la forma de gobernar.
EPÍLOGO...
1.- IMPUNIDAD... No hay, hasta ahora, o cuando menos no se sabe, una sola denuncia en la Procuraduría General de Justicia contra autoridades cuando están “volando” más de cuatro mil millones de pesos que alcaldes y entes fiscalizarles no han podido justificar en qué los usaron.
Pero eso sí, los congresistas quieren crear el área de “investigación y substanciación” que, por cierto, costará cuatro millones de pesos, para dar seguimiento a los procesos que realiza el Órgano de Fiscalización Superior en contra de los entes fiscalizables
Hasta el próximo martes
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