Los parámetros nacionales señalan que debe existir un efectivo por 500 pobladores y en la entidad, en promedio, hay un policía por dos mil o tres mil habitantes, lo que da un mayor margen de maniobra a la delincuencia común y organizada
Dicen los abuelos que quien ‘da el consejo da el tostón’. Y eso debe hacer el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez quien, en su primera declaración oficial de 2018, recomendó a los alcaldes reforzar los sistemas de seguridad, capacitar a los policías, profesionalizarlos y, desde luego, pagarles mejor.
El problema es que nada de lo que sugiere el Ejecutivo se hace en Tlaxcala. A los municipios no les interesa invertir en este rubro. Los policías operan en condiciones precarias, no tienen armas, están obesos y sus salarios, de plano, están por los suelos.
Y en este mundo raro, los diputados se aprobaron el año pasado, para cada uno, un millón de pesos que, según ellos, usarán para ejecutar obras en los municipios que representan cuando esa no es función. Esos 25 millones de pesos bien pudieron haber sido canalizados a las comunas para fortalecer, como dice Mena, los sistemas de seguridad.
Lo cierto es que en Tlaxcala no hay una definida estrategia de seguridad pública eficaz, bueno, ni siquiera forma parte de las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo.
Los parámetros nacionales señalan que debe existir un efectivo por 500 pobladores y en la entidad, en promedio, hay un policía por dos mil o tres mil habitantes, lo que da un mayor margen de maniobra a la delincuencia común y organizada. Tan solo en Huamantla, que es un Pueblo Mágico, existen 40 policías para 90 mil habitantes. ¿Y así cómo enfrentar a los hampones?
A ello se suma que no hay una coordinación precisa entre las corporaciones policiacas federal, estatal y municipales. Cada quien opera como “isla de poder”.
En la Comisión Estatal de Seguridad lo que priva son las pugnas internas entre los altos mandos policiacos.
Y el titular de la dependencia, Hervé Hurtado Ruiz, según dicen, solo ocupa los sistemas de video vigilancia para espiar a sus subordinados, para ver si están en los puestos que les fueron asignados o, dicho en otras palabras, para hostigarlos laboralmente.
Es evidente que la inseguridad ha rebasado al gobierno de Marco Mena y el discurso oficial de que seguimos siendo una de las entidades más seguras ya es francamente obsoleto.
Hoy en día, el tema de la inseguridad se ha convertido en un lastre para la sociedad tlaxcalteca y en el “talón de Aquiles” de la actual administración estatal.
La semana que pasó fuimos testigos de una ola de hechos violentos en la entidad, como el hallazgo de una mujer descuartizada, un hombre asesinado y encajuelado en un automóvil abandonado en Apetatitlán; la furia enardecida de pobladores del municipio de Ayometla que querían linchar a un ladrón de autopartes, el enfrentamiento entre líderes de trata de personas en Tenancingo o la disputa a balazos entre efectivos y una banda dedicada al robo de transporte de carga en Calpulalpan.
Lo grave es que en el año que culminó el homicidio doloso se disparó hasta un 58% más que los años anteriores, según cifras oficiales.
Y en el robo de autos con violencia, Tlaxcala ocupa el tercer lugar solo por debajo de Guerrero y Sinaloa, según de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
Por eso recomendar a los munícipes no es suficiente, ya es necesario diseñar una estrategia coordinada para no solo hacer frente a los delincuentes, sino para prevenir los ilícitos en la entidad. ¿O a dónde vamos a parar?
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EPÍLOGO…
LA DISPUTA… En el Tribunal Superior de Justicia dos grupos se disputan la presidencia que todavía ostenta Elsa Cordero Martínez quien, por cierto, pasará a la historia como la magistrada que si algo proyectó en el Poder Judicial fue su vida social.
Así las cosas, el grupo del junior Mariano González Aguirre y de su padre Mariano González Zarur impulsan, para ese cargo, a Héctor Maldonado Bonilla y el grupo de Marco Antonio Mena quiere esa posición para la magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona.
En cualquier caso, estamos perdidos, porque el primero solo usaría al Judicial para ponerlo al servicio de González Zarur y la segunda pregona a los cuatro vientos, que cuando sea presidenta, quien ahí ordenará será Mena. ¿Y la autonomía?
¡Hasta el próximo martes!
