El tema de los ilegales quienes a toda costa buscan llegar a Estados Unidos de América (EE. UU.), las autoridades federales y estatales no deben dejar crecer más.
Sobre todo porque se está saliendo de control ya que por el gran abanico de carreteras con el que cuenta la entidad, ya es un paso obligado de personas para llegar a la Unión Americana.
El problema es la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno que si bien, saben del problema no buscan una mayor capacitación ni adquieren tecnología de punta para detectar a migrantes escondidos en camionetas y tráileres.
Por ejemplo, desde hace muchos años la entidad es paso de estupefacientes. Las rutas, eso sí, fueron identificadas por autoridades antidrogas de EE. UU. pues el gobierno de la República no ha podido, hasta ahora, detener a narcotraficantes ni incautar cargamentos aun cuando la DEA, por sus siglas en inglés, sostiene que el 40 % de la cocaína procedente de Colombia con destinado al vecino país del norte, cruza por algún punto de Tlaxcala.
La detención inédita de 410 ilegales –como bien la definió El Sol de Tlaxcala- que iban a bordo de tractocamiones, es una muestra de que la situación se está complicando.
Pero no solo deberían ser capturados por mera coincidencia o por operativos sorpresa donde los policías solo detienen a unidades pesadas para obtener dinero resultado de infracciones porque muchos de ellos no cuentan con todos los documentos oficiales.
Lo cierto es el asunto debería ocupar a todos: gobiernos, empresarios y sociedad en general. A los primeros porque deben encender los “focos rojos” y reforzar la seguridad en los límites con Puebla y Estado de México para evitar el paso de ilegales; a los segundos para que pongan mayor atención con las unidades automotoras que poseen y realicen una correcta selección de operadores que usan el traslado de productos buscando ganar un dinero ilegal con el tráfico de personas y a los terceros para que ya no fomenten su estancia en estas tierras proporcionándoles dinero en los cruceros de transito donde unan a niños como “carne de cañón”.
Tampoco se trata de violar sus derechos humanos como la empresa Ferronales que autoritariamente colocó durmientes de cemento cerca de las vías para evitar que aborden o desciendan la “bestia”. Muchos han muerto y otros han quedado mutilados.
Quienes realmente tienen el propósito de llegar a EE.UU. buscan refugio en la casa “La Sagrada Familia” que les por algunos días les da posada, alimento y hasta ropa para después continuar su camino en el tren.
Por otro lado, el personal del Instituto Nacional de Migración no se comporta correctamente con los migrantes pues, como si fueran delincuentes, muchos de ellos se dedican a robar sus pertenencias y a extorsionar.
Pero hacer negocios con ellos ofreciéndoles transportarlos en unidades de carga es más que delicado. Primero porque es un delito grave y segundo porque ponen en riesgo su la vida. Son sometidos a una gran deshidratación y pueden morir asfixiados.
Pero lo más irresponsable es que trasladan a infantes y recién nacidos cuyos organismos no puedan resistir ese tipo de presión.
Lo cierto es que a los últimos gobernadores Beatriz Paredes Rangel, José Antonio Álvarez Lima, Alfonso Sánchez Anaya, Héctor Ortiz y Mariano González Zarur poco o casi no les importó el tema de los migrantes.
Tan solo en la Unión Americana y en Canadá existen casi 150 mil que trabajan en cualquier lado con tal de ganar “billetes verdes”.
Cierto, el ganadero hecho político sí visitó los Estados Unidos, pero solo para chalar con algunos representantes de organizaciones que más bien se dedican a defraudar a la gente con el argumento de que tienen contactos en el gobierno de Tlaxcala para hacer trámites administrativos a bajo costo.
Solo Lorena Cuéllar Cisneros tomó la decisión de instalar allá una oficina de atención a migrantes. Es un buen paso, pero será necesario saber si cumple el cometido por la que fue creada. De otra manera –si solo fue un asunto mediático- será un “elefante blanco”. Al tiempo.
