/ martes 27 de abril de 2021

Tintero | Oficinas federales, un "cero a la izquierda"

El reportaje de los medicamentos caducos hallados en una barranca de Chiautempan y que recientemente destacó El Sol de Tlaxcala puso al descubierto que las oficinas del Gobierno de la República son un "cero a la izquierda". En otras palabras, simplemente no sirven para nada.

Cuando ganó la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que las delegaciones federales desaparecerían, pero no fue así pues, sin poder de decisión, siguen operando. Se le paga a la gente que no hace nada, solo llega a "checar tarjeta" y a esperar su quincena.

Por ejemplo, en las oficinas de la Comisión Nacional Forestal, las únicas personas que sí trabajan son los brigadistas. El resto solo está de parapeto (Muro de piedras, sacos de arena y otros materiales, que sirve para proteger a los que luchan de los ataques de sus enemigos).

Pero en el caso que nos ocupa, la administración federal incurre en una irresponsabilidad y omisión que pueden constituirse como delitos.

Nadie quiere investigar quién arrojó a la barranca medicamentos caducos y por qué motivo. Todos, como bien lo publicó este Diario, se "echan la bolita".

Pero aquí no hay de otra, el Gobierno federal, por norma oficial, está obligado a atender la situación que generó un "gran foco" de infección. El problema es que nadie resuelve nada, la encargada en la entidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Iliana Castillo Algarra, argumenta que no tiene autorización para hablar sobre el asunto. Bueno, si no decide nada ¿para qué está ahí? ¿Por qué se le paga?

Se supone que es el despacho del poder Ejecutivo federal encargado de la garantía del desarrollo sustentable y el equilibrio ambiental.

En su perorata de supuestamente combatir a la corrupción, López Obrador toma decisiones incorrectas. Por ejemplo, en Tlaxcala hay una indefensión de los tlaxcaltecas ante el abuso de los comerciantes, bancos y negocios de empeño que, sin la presencia y operación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios y Servicios Financieros, hacen de las suyas.

Desaparecieron las oficinas de la Profeco y ahora, cualquier persona, que tenga un problema, por abusos de cobros con un negocio, de acuerdo con su jurisdicción, debe hacer el procedimiento en Puebla o Hidalgo.

Eso resulta técnicamente imposible. Nadie estará en condiciones de perder una buena parte de su tiempo para litigar un problema que seguramente no ganará.

El centralismo no le hace bien a México. Eso había sido superado. Alguna vez, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se molestó porque que en un salón del hotel Posada San Francisco, ubicado en la capital, pero que ahora está cerrado por una huelga de empleados, el gobernador José Antonio Álvarez Lima le espetó que la gente "está harta de que funcionarios desde el centro del país y en escritorios tomen decisiones que no sirven para nada".

Y eso es lo que se debe hacer. Si la autoridad federal no sabe dar órdenes pues que delegue todo ello al gobierno estatal.

En la lógica de la vida, los espacios vacíos terminan por llenarse. El presidente de México trae una obsesión contra los neoliberales, que por cierto, nunca los ha definido públicamente, pero forman parte de una teoría política y económica que tiene, como característica central, la reducción al mínimo de la intervención del Estado, con el fin de desregular la economía, ampliar al máximo los mecanismos de mercado y potenciar la acción del capital privado.

La indiferencia de la autoridad federal no es nueva. Existe demasiada irresponsabilidad.

Hay otro caso grave. Tlaxcala no cuenta con un tiradero tóxico oficial. El gobierno estatal contrataba los servicios de la empresa Sanirent, de Puebla, que se encargaba de llevar los residuos, el tema es que esa firma está envuelta en actos de corrupción, así que el contrato fue suspendido.

La situación es delicada pues los desechos que incluyen tratamientos de la enfermedad del coronavirus son confinados a rellenos municipales y la gente que se gana la vida de la venta del reciclaje está en riesgo permanente de contagiarse de Covid-19.

Ya no se debe jugar a la "voluntad" de Dios, es necesario actuar. Y las delegaciones federales ya no deben existir en los estados, pero en serio.

El reportaje de los medicamentos caducos hallados en una barranca de Chiautempan y que recientemente destacó El Sol de Tlaxcala puso al descubierto que las oficinas del Gobierno de la República son un "cero a la izquierda". En otras palabras, simplemente no sirven para nada.

Cuando ganó la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que las delegaciones federales desaparecerían, pero no fue así pues, sin poder de decisión, siguen operando. Se le paga a la gente que no hace nada, solo llega a "checar tarjeta" y a esperar su quincena.

Por ejemplo, en las oficinas de la Comisión Nacional Forestal, las únicas personas que sí trabajan son los brigadistas. El resto solo está de parapeto (Muro de piedras, sacos de arena y otros materiales, que sirve para proteger a los que luchan de los ataques de sus enemigos).

Pero en el caso que nos ocupa, la administración federal incurre en una irresponsabilidad y omisión que pueden constituirse como delitos.

Nadie quiere investigar quién arrojó a la barranca medicamentos caducos y por qué motivo. Todos, como bien lo publicó este Diario, se "echan la bolita".

Pero aquí no hay de otra, el Gobierno federal, por norma oficial, está obligado a atender la situación que generó un "gran foco" de infección. El problema es que nadie resuelve nada, la encargada en la entidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Iliana Castillo Algarra, argumenta que no tiene autorización para hablar sobre el asunto. Bueno, si no decide nada ¿para qué está ahí? ¿Por qué se le paga?

Se supone que es el despacho del poder Ejecutivo federal encargado de la garantía del desarrollo sustentable y el equilibrio ambiental.

En su perorata de supuestamente combatir a la corrupción, López Obrador toma decisiones incorrectas. Por ejemplo, en Tlaxcala hay una indefensión de los tlaxcaltecas ante el abuso de los comerciantes, bancos y negocios de empeño que, sin la presencia y operación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios y Servicios Financieros, hacen de las suyas.

Desaparecieron las oficinas de la Profeco y ahora, cualquier persona, que tenga un problema, por abusos de cobros con un negocio, de acuerdo con su jurisdicción, debe hacer el procedimiento en Puebla o Hidalgo.

Eso resulta técnicamente imposible. Nadie estará en condiciones de perder una buena parte de su tiempo para litigar un problema que seguramente no ganará.

El centralismo no le hace bien a México. Eso había sido superado. Alguna vez, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se molestó porque que en un salón del hotel Posada San Francisco, ubicado en la capital, pero que ahora está cerrado por una huelga de empleados, el gobernador José Antonio Álvarez Lima le espetó que la gente "está harta de que funcionarios desde el centro del país y en escritorios tomen decisiones que no sirven para nada".

Y eso es lo que se debe hacer. Si la autoridad federal no sabe dar órdenes pues que delegue todo ello al gobierno estatal.

En la lógica de la vida, los espacios vacíos terminan por llenarse. El presidente de México trae una obsesión contra los neoliberales, que por cierto, nunca los ha definido públicamente, pero forman parte de una teoría política y económica que tiene, como característica central, la reducción al mínimo de la intervención del Estado, con el fin de desregular la economía, ampliar al máximo los mecanismos de mercado y potenciar la acción del capital privado.

La indiferencia de la autoridad federal no es nueva. Existe demasiada irresponsabilidad.

Hay otro caso grave. Tlaxcala no cuenta con un tiradero tóxico oficial. El gobierno estatal contrataba los servicios de la empresa Sanirent, de Puebla, que se encargaba de llevar los residuos, el tema es que esa firma está envuelta en actos de corrupción, así que el contrato fue suspendido.

La situación es delicada pues los desechos que incluyen tratamientos de la enfermedad del coronavirus son confinados a rellenos municipales y la gente que se gana la vida de la venta del reciclaje está en riesgo permanente de contagiarse de Covid-19.

Ya no se debe jugar a la "voluntad" de Dios, es necesario actuar. Y las delegaciones federales ya no deben existir en los estados, pero en serio.