/ miércoles 30 de septiembre de 2020

Visión Empresarial | México requiere una miscelánea fiscal que lo impulse

Como respuesta a un panorama económico sin precedentes, el Gobierno federal presentó el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el 2021, mismo que contiene diversas modificaciones a diversas leyes fiscales. Sin embargo, dicha iniciativa no incluye reformas fiscales que incentiven la inversión y el crecimiento económico, tampoco observamos ningún interés en evitar la pronunciada caída del empleo, que rebasa ya el millón de plazas perdidas, y que tiende a empeorar.

Por el contrario, el Paquete Económico 2021 considera una serie de modificaciones agresivas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción de Servicios que perjudican al sector productivo del país. Más aún, los cambios persiguen y encarecen la formalidad, mientras que no vemos ningún esfuerzo por reducir la informalidad.

La Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal, conforme a nuestra Constitución, debe aprobarse a más tardar el 20 de octubre (diputados) y 31 de octubre (senadores). Consideramos de la mayor importancia exhortar a los legisladores para que en ellos predomine una posición dialogante y abierta a los distintos sectores de la sociedad. La crisis que enfrentamos demanda una postura incluyente, pues sólo en la medida que la sociedad esté unida podrá enfrentar mejor la crisis económica en la que estamos enfrascados.

En cuanto a la llamada Miscelánea Fiscal, esto es, las propuestas de reformas a las leyes fiscales, nos alarman los cambios agresivos al Código Fiscal de la Federación. Una vez más, el ataque en contra de la compraventa de facturas parte del principio de que todos los contribuyentes realizan esas prácticas. Las reformas deben enfocarse a los sujetos que realizan dichas prácticas, no a todos los contribuyentes.

Un tema relevante, por su afectación a la economía de las empresas, son los cambios propuestos en materia de solicitud de devolución de impuestos, por los que se tendrá por desistida una solicitud en caso de no localizar al contribuyente o su domicilio fiscal. El contribuyente, en ese caso, tendría que presentar una nueva solicitud. Tal parece que uno de los objetivos del Gobierno es el de poner obstáculos a los contribuyentes para las solicitudes de devolución.

La devolución eficiente y rápida de impuestos representa una parte importante de la viabilidad financiera de muchos contribuyentes. No podemos permitir que se elimine u obstaculice de raíz una devolución de impuestos por no haber localizado el domicilio fiscal, sobre todo cuando existe el Buzón Tributario, herramienta que permite ubicar al contribuyente.

Llama nuestra atención la pretensión del uso, por parte de las autoridades fiscales, de herramientas tecnológicas, como cámaras fotográficas, video y celulares, para recabar imágenes que sirvan como constancia de bienes del contribuyente. Esto constituye, desde un punto de vista constitucional, una violación al derecho a la intimidad de los contribuyentes.

Asimismo, se siguen agregando aspectos que limitan la operación de las empresas, ahora con la propuesta para ampliar los supuestos de cancelación de sellos digitales para los casos de EFOS y de quienes aprovechen indebidamente las pérdidas fiscales. Debemos recordar que esos casos parten de presunciones, mismas que pueden ser desvirtuadas, por lo que proponemos que dicha sanción --que puede causar daños irreparables e irreversibles a las empresas--, se aplique cuando existan sentencias firmes.

En materia de Impuesto al Valor Agregado, se refuerza la regulación de los “servicios digitales”. Se incluye, por ejemplo, que la venta de muebles usados a través de servicios digitales de intermediación será sujeta al impuesto. Asimismo, se establece la obligación de retener el 100% del IVA cobrado cuando presten sus servicios a residentes en el extranjero sin establecimiento en México. En caso de que los prestadores de estos servicios no cumplan con sus obligaciones fiscales, se propone bloquear el acceso a internet de sus servicios, lo que conlleva a una afectación para los usuarios, no sólo para las empresas.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.

Como respuesta a un panorama económico sin precedentes, el Gobierno federal presentó el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el 2021, mismo que contiene diversas modificaciones a diversas leyes fiscales. Sin embargo, dicha iniciativa no incluye reformas fiscales que incentiven la inversión y el crecimiento económico, tampoco observamos ningún interés en evitar la pronunciada caída del empleo, que rebasa ya el millón de plazas perdidas, y que tiende a empeorar.

Por el contrario, el Paquete Económico 2021 considera una serie de modificaciones agresivas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción de Servicios que perjudican al sector productivo del país. Más aún, los cambios persiguen y encarecen la formalidad, mientras que no vemos ningún esfuerzo por reducir la informalidad.

La Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal, conforme a nuestra Constitución, debe aprobarse a más tardar el 20 de octubre (diputados) y 31 de octubre (senadores). Consideramos de la mayor importancia exhortar a los legisladores para que en ellos predomine una posición dialogante y abierta a los distintos sectores de la sociedad. La crisis que enfrentamos demanda una postura incluyente, pues sólo en la medida que la sociedad esté unida podrá enfrentar mejor la crisis económica en la que estamos enfrascados.

En cuanto a la llamada Miscelánea Fiscal, esto es, las propuestas de reformas a las leyes fiscales, nos alarman los cambios agresivos al Código Fiscal de la Federación. Una vez más, el ataque en contra de la compraventa de facturas parte del principio de que todos los contribuyentes realizan esas prácticas. Las reformas deben enfocarse a los sujetos que realizan dichas prácticas, no a todos los contribuyentes.

Un tema relevante, por su afectación a la economía de las empresas, son los cambios propuestos en materia de solicitud de devolución de impuestos, por los que se tendrá por desistida una solicitud en caso de no localizar al contribuyente o su domicilio fiscal. El contribuyente, en ese caso, tendría que presentar una nueva solicitud. Tal parece que uno de los objetivos del Gobierno es el de poner obstáculos a los contribuyentes para las solicitudes de devolución.

La devolución eficiente y rápida de impuestos representa una parte importante de la viabilidad financiera de muchos contribuyentes. No podemos permitir que se elimine u obstaculice de raíz una devolución de impuestos por no haber localizado el domicilio fiscal, sobre todo cuando existe el Buzón Tributario, herramienta que permite ubicar al contribuyente.

Llama nuestra atención la pretensión del uso, por parte de las autoridades fiscales, de herramientas tecnológicas, como cámaras fotográficas, video y celulares, para recabar imágenes que sirvan como constancia de bienes del contribuyente. Esto constituye, desde un punto de vista constitucional, una violación al derecho a la intimidad de los contribuyentes.

Asimismo, se siguen agregando aspectos que limitan la operación de las empresas, ahora con la propuesta para ampliar los supuestos de cancelación de sellos digitales para los casos de EFOS y de quienes aprovechen indebidamente las pérdidas fiscales. Debemos recordar que esos casos parten de presunciones, mismas que pueden ser desvirtuadas, por lo que proponemos que dicha sanción --que puede causar daños irreparables e irreversibles a las empresas--, se aplique cuando existan sentencias firmes.

En materia de Impuesto al Valor Agregado, se refuerza la regulación de los “servicios digitales”. Se incluye, por ejemplo, que la venta de muebles usados a través de servicios digitales de intermediación será sujeta al impuesto. Asimismo, se establece la obligación de retener el 100% del IVA cobrado cuando presten sus servicios a residentes en el extranjero sin establecimiento en México. En caso de que los prestadores de estos servicios no cumplan con sus obligaciones fiscales, se propone bloquear el acceso a internet de sus servicios, lo que conlleva a una afectación para los usuarios, no sólo para las empresas.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.