/ sábado 5 de agosto de 2023

En el Congreso del Estado, piden restituir el esquema de salud que gozaban integrantes de varios sindicatos

Condenó el uso de fuerza pública en contra de los docentes

El coordinador del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria, propuso al pleno del Congreso local exhortar a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, a respetar el Convenio Colectivo de Trabajo vigente y restituir el anterior esquema de salud del que gozaban integrantes de varios sindicatos.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente fue leída su iniciativa con proyecto de acuerdo en la que también condenó el uso de fuerza pública en contra de los docentes, trabajadores del Gobierno del Estado y pensionados y jubilados, durante las protestas que han encabezado en rechazo a la imposición de servicios médicos.

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Su propuesta crítica que por medio de esa modalidad violenta el gobierno intenta suprimir el otorgamiento de servicios médicos e ignora lo señalado en el Convenio Colectivo suscrito con el Sindicato “7 de Mayo”, la organización mayoritaria, que dice que mientras no exista un sistema de seguridad social integral implementado coordinadamente entre el gobierno de Tlaxcala y los sindicatos, los trabajadores, pensionados, jubilados y sus beneficiarios pueden acudir a cualquier médico general o especialista, y que el gobierno debe subrogar un pago de 71 % en honorarios médicos o de laboratorios, 69 % en prótesis y 100 % en medicamentos.

Agregó que ahora la intención es que una empresa privada preste los servicios, y que a su vez esa firma subcontrate a otras, sin que los módulos de atención creados para eso reúnan las condiciones sanitarias; los médicos especialistas sean los que ellos designen; los medicamentos serán genéricos o similares y las hospitalizaciones de segundo y tercer nivel serán en Puebla o en la Ciudad de México.

Cambrón Soria sostuvo que las movilizaciones de los sindicatos “7 de Mayo”, “Justo Sierra”, “Mártires de 1910”, “Alberto Juárez Blancas”, de la sección 55 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, y agrupaciones de jubilados y pensionados son un derecho que les otorga la Constitución al Federal, y que ellos tienen toda la libertad de ejercer su reclamos y exigir un diálogo con el patrón para darle solución a las inconformidades.

Te puede interesar:➡️ Estancado, diálogo entre sindicalizados y gobierno; instalan plantón

A casi dos años de la actual administración estatal se han suscitado diversas protestas sociales. En 2022 fueron pensionados y jubilados ante el reclamo por el desabasto de medicamentos; después las normalistas de Panotla con el saldo de un estudiante muerta; en marzo de 2022 y 2023 tocó turno a las feministas; en junio de este año nuevamente se reprimió a pensionados y jubilados y trabajadores de pensiones civiles, relató en su posicionamiento.

A eso agregó lo ocurrido la madrugada del pasado dos de agosto cuando de la Plaza de la Constitución fueron desalojados los sindicalizados del Gobierno estatal, quienes habían instalado un platón en rechazo al nuevo régimen médico de seguridad social.

“La represión como respuesta del gobierno es la imagen de la llamada Cuarta Transformación, que lejos de transformar al país de la entidad hacia la democracia y el progreso, busca mantener privilegios que como régimen opresor de un solo partido tuvieron durante 70 años”

Juan Manuel Cambrón Soria

Continúa leyendo:➡️ Rechazan quejosos la política oficial de salud

El diputado local reprobó el uso de la fuerza pública en cualquier inconformidad social, y aseveró que eso solo demuestra incapacidad para gobernar para encontrar soluciones mediante el diálogo y la razón, y para imponer decisiones que rayan en la ilegalidad.

Luego, criticó que Cuéllar Cisneros haya perdido la esencia de ser un gobierno de izquierda, y que ahora al gobernar use la fuerza, reprima a los inconformes y con ello reproduzca las prácticas del viejo autoritarismo para imponer su voluntad a toda costa.

Estas prácticas constituyen un atentado a los derechos humanos de los protestantes, en particular a su derecho a la salud, a su libre manifestación y expresión de ideas, lo que resulta condenable para cualquier gobierno, finalizó.

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  • El diputado Juan Manuel Cambrón Soria propuso exhortar a Cuéllar Cisneros a respetar Convenio Colectivo de Trabajo


El coordinador del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria, propuso al pleno del Congreso local exhortar a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, a respetar el Convenio Colectivo de Trabajo vigente y restituir el anterior esquema de salud del que gozaban integrantes de varios sindicatos.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente fue leída su iniciativa con proyecto de acuerdo en la que también condenó el uso de fuerza pública en contra de los docentes, trabajadores del Gobierno del Estado y pensionados y jubilados, durante las protestas que han encabezado en rechazo a la imposición de servicios médicos.

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Su propuesta crítica que por medio de esa modalidad violenta el gobierno intenta suprimir el otorgamiento de servicios médicos e ignora lo señalado en el Convenio Colectivo suscrito con el Sindicato “7 de Mayo”, la organización mayoritaria, que dice que mientras no exista un sistema de seguridad social integral implementado coordinadamente entre el gobierno de Tlaxcala y los sindicatos, los trabajadores, pensionados, jubilados y sus beneficiarios pueden acudir a cualquier médico general o especialista, y que el gobierno debe subrogar un pago de 71 % en honorarios médicos o de laboratorios, 69 % en prótesis y 100 % en medicamentos.

Agregó que ahora la intención es que una empresa privada preste los servicios, y que a su vez esa firma subcontrate a otras, sin que los módulos de atención creados para eso reúnan las condiciones sanitarias; los médicos especialistas sean los que ellos designen; los medicamentos serán genéricos o similares y las hospitalizaciones de segundo y tercer nivel serán en Puebla o en la Ciudad de México.

Cambrón Soria sostuvo que las movilizaciones de los sindicatos “7 de Mayo”, “Justo Sierra”, “Mártires de 1910”, “Alberto Juárez Blancas”, de la sección 55 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, y agrupaciones de jubilados y pensionados son un derecho que les otorga la Constitución al Federal, y que ellos tienen toda la libertad de ejercer su reclamos y exigir un diálogo con el patrón para darle solución a las inconformidades.

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A casi dos años de la actual administración estatal se han suscitado diversas protestas sociales. En 2022 fueron pensionados y jubilados ante el reclamo por el desabasto de medicamentos; después las normalistas de Panotla con el saldo de un estudiante muerta; en marzo de 2022 y 2023 tocó turno a las feministas; en junio de este año nuevamente se reprimió a pensionados y jubilados y trabajadores de pensiones civiles, relató en su posicionamiento.

A eso agregó lo ocurrido la madrugada del pasado dos de agosto cuando de la Plaza de la Constitución fueron desalojados los sindicalizados del Gobierno estatal, quienes habían instalado un platón en rechazo al nuevo régimen médico de seguridad social.

“La represión como respuesta del gobierno es la imagen de la llamada Cuarta Transformación, que lejos de transformar al país de la entidad hacia la democracia y el progreso, busca mantener privilegios que como régimen opresor de un solo partido tuvieron durante 70 años”

Juan Manuel Cambrón Soria

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El diputado local reprobó el uso de la fuerza pública en cualquier inconformidad social, y aseveró que eso solo demuestra incapacidad para gobernar para encontrar soluciones mediante el diálogo y la razón, y para imponer decisiones que rayan en la ilegalidad.

Luego, criticó que Cuéllar Cisneros haya perdido la esencia de ser un gobierno de izquierda, y que ahora al gobernar use la fuerza, reprima a los inconformes y con ello reproduzca las prácticas del viejo autoritarismo para imponer su voluntad a toda costa.

Estas prácticas constituyen un atentado a los derechos humanos de los protestantes, en particular a su derecho a la salud, a su libre manifestación y expresión de ideas, lo que resulta condenable para cualquier gobierno, finalizó.

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